Salieron libres cinco de los siete ejidatarios tzeltales de San Sebastián Bachajón, Chiapas, detenidos en abril pasado en las inmediaciones de Agua Azul en distintas acciones policiacas. Desde mayo permanecían presos en el penal de El Amate, en Cintalapa de Figueroa, luego de varias semanas en arraigo en la Quinta Pitiquitos de Chiapa de Corzo. Se les acusaba, sin pruebas, de ser asaltantes de caminos en el tramo carretero Ocosingo-Palenque.

Las autoridades ejidales de San Sebastián, adherentes de la otra campaña del EZLN, y el Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de las Casas, dieron a conocer hoy que la liberación ocurrió el pasado lunes 6, gracias a la solidaridad nacional e internacional.

Mediante el desistimiento de la acción penal por parte de las autoridades judiciales de Chiapas, cinco de los siete indígenas de la otra campaña, quienes permanecieron injustamente encarcelados tres meses por acciones en defensa de su territorio, salieron libres.

Ellos son: Gerónimo Moreno Deara, Alfredo Gómez Moreno, Miguel Demeza Jiménez, Sebastián Demeza Deara y Pedro Demeza Deara. Siguen recluidos en El Amate, injustamente según insisten sus compañeros y la defensa, los hermanos Gerónimo y Antonio Gómez Saragos, sobre quienes se mantienen los cargos de robo con violencia y delincuencia organizada.

Con ellos había sido encarcelado Miguel Vázquez Moreno, base de apoyo del EZLN, habitante del municipio autónomo Comandanta Ramona, quien salió libre pocas semanas después de los operativos policiacos, también sin cargos.

A raíz de estas aprehensiones, organizaciones sociales y de derechos humanos denunciaron no sólo lo infundado de las acusaciones, sino el que algunos de ellos fueron torturados física y sicológicamente para que se declaran culpables, y obligados a firmar declaraciones sin la asistencia de un traductor de su lengua ni de un abogado que conociera su cultura y su idioma, como establece la ley.

La junta de buen gobierno zapatista del caracol de Morelia dio a conocer en mayo los nombres de una banda de asaltantes, identificados en el vecino ejido Agua Clara. El gobierno estatal se comprometió a investigar, hasta ahora sin resultados, si bien los atracos a transportes turísticos se han repetido en la zona.

Los tzeltales detenidos realizaban vigilancia en la carretera, precisamente para evitar los robos, que también afectan a las comunidades. Tras la inicial aprehensión de Gerónimo Gómez Saragos en el mercado de Ocosingo, el 13 de abril, los ejidatarios de San Sebastián Bachajón establecieron un bloqueo carretero demandando su libertad. En los días siguientes, el gobierno estatal realizó varios operativos policiacos donde desalojó el bloqueo, destruyó la caseta de cobro del ejido en el acceso a las cascadas de Agua Azul y despojó a los indígenas de un banco de grava.

En todas estas acciones, las policías estatales Preventiva (PEP) y de Caminos (PEC), así como la Secretaría de Gobierno, se asociaron con una minoría priísta de la Organización para la Defensa de los Derechos Indígenas y Campesinos (Opddic), cuyos miembros actuaron como delatores de los ejidatarios detenidos, y además resultaron beneficiados tras la destrucción de la caseta y el despojo del banco de grava. En el primer sitio se estableció un campamento de la PEP, mientras las patrullas de la PEC y la Policía Federal Preventiva mantenían patrullajes en la carretera, y según denuncias de los lugareños, protegen a los verdaderos asaltantes.

Así, permanecen presos dos indígenas de la otra campaña y el banco de grava es explotado por constructoras privadas, mientras los dirigentes de la Opddic reciben fuertes sumas de dinero por la concesión. Todo esto, en el contexto de la construcción de una controvertida autopista a Palenque, la cual afectaría al ejido de manera significativa y sin el acuerdo de sus pobladores.