Familiares y la defensa legal de Rosendo Radilla Pacheco, desaparecido por militares durante el periodo de la guerra sucia, condenaron las declaraciones del titular de la Secretaría de Gobernación, Fernando Gómez Mont, ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), donde dijo que en los pasados 30 años ha habido en México una evolución institucional en materia electoral, de seguridad y de derechos humanos que impide la repetición de casos de desaparición forzada, como el del guerrerense.

El funcionario federal encabezó la delegación mexicana que compareció sobre el caso en la sede del organismo internacional, en Costa Rica, donde defendió la jurisdicción militar y exaltó que las mismas garantías constitucionales consagradas en favor de las víctimas operan tanto en el ámbito de la justicia civil como en el de la militar.

La jurisdicción castrense –dijo– garantiza los principios de independencia, imparcialidad, oralidad, publicidad, contradicción y concentración”.

Sistema mixto de justicia

En un comunicado de prensa resaltó que existe un sistema mixto para enjuiciar a militares, cuyo proceso final puede recaer en un tribunal de carácter civil.

Asimismo, defendió que la realidad mexicana actual es distinta a la de la década de 1970. Ahora el país es una democracia, sostuvo, y resaltó la institucionalidad de las fuerzas armadas que, regidas por principios como el de honestidad, valor y sentido del deber, siempre estuvieron subordinadas al poder civil, permitiendo una transición pacífica hacia la democracia.

Sin embargo, la visión de Gómez Mont no fue compartida por Carlos Gutiérrez, titular de la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos, ni por Tita y Rosendo Radilla Martínez. “Obviamente –dijeron–, ese periodo fue diferente” al actual, pero se debe enjuiciar al Estado porque hoy día mantiene las estructuras de impunidad y encubrimiento de los autores de violaciones a los derechos humanos, así como las estructuras que condicionan la posibilidad de búsqueda de los restos de los desaparecidos.

Los hijos del músico, quien fue levantado por militares porque componía corridos a Lucio Cabañas, aseguraron que no se puede construir un México desde ahora si antes no se esclarece qué pasó con nuestros familiares desaparecidos durante la guerra sucia y se castiga a los responsables de esos delitos de lesa humanidad.

Confiaron en que les sea favorable el fallo que la CIDH emitirá en unos meses, con lo que se obligaría al Estado mexicano a investigar qué pasó con su padre y va a influir y abrir la puerta para que otros casos puedan llegar a estas instancias internacionales, señalaron en conferencia ofrecida a su regreso al país, luego de que el pasado martes asistieron en Costa Rica a la audiencia del juicio que enfrenta el Estado mexicano.

El hijo de Radilla, testigo de la aprehensión de su padre en un retén militar a las afueras de Acapulco, Guerrero, cuestionó que en representación del Estado mexicano ante al Corte, Gómez Mont, además de aceptar la desaparición forzada y probable muerte de su padre, fue a defender al Ejército, en un proceso en el que tal vez busca reparar el daño material y no juzgar a los culpables.

Dijo que además de exponer ante los jueces del tribunal los hechos de hace 35 años, les explicó que en el sistema de impartición de justicia mexicano se pide a las familias que tienen algún pariente desaparecido que digan dónde están las víctimas y qué fue de ellos, cuando realmente son los militares (como en su caso) los que saben dónde los dejaron.

Por su parte, Juan Carlos Gutiérrez acusó que pese a los cambios ocurridos en el país durante los años a que hizo referencia Gómez Mont, no ha habido reformas para brindar acceso a la justicia a las víctimas de la guerra sucia.