Pekín, 8 de julio. El gobierno chino ordenó un gran despliegue de las fuerzas de seguridad en la región de Xinjiang, para tratar de contener la violencia de origen étnico, lo que además obligó al presidente Hu Jintao a abandonar Italia, donde participaría en la cumbre de los siete países más industrializados más Rusia (G-8).

El regreso a China de Hu, quien el martes se reunió con su homólogo italiano, Giorgio Napolitano, y con el primer ministro, Silvio Berlusconi, representa una decisión insólita para un jefe de Estado chino, lo que demuestra la gravedad de los sucesos en la ciudad de Urumqi, capital de Xinjiang, provincia con riqueza energética ubicada en el extremo oeste del país.

Miles agentes de las fuerzas del orden chinas con escudos antidisturbios, porras y armas de fuego patrullaban las calles de Urumqi con ayuda de coches blindados y helicópteros, pero pese al gran despliegue de seguridad, medios estatales informaron de “disturbios esporádicos e incluso de enfrentamientos menores en la ciudad. Una trabajadora de hotel afirmó que por la tarde hubo una manifestación pacífica de entre 100 y 200 personas.

El despliegue de las fuerzas del orden tenía como objetivo separar a las dos comunidades que conviven en Urumqi y evitar nuevos estallidos de violencia como los sucedidos el domingo, cuando los uigur salieron a las cales para protestar por el asesinato de dos trabajadores de una fábrica en la ciudad de Shaoguan a finales de junio, quienes fueron acusados de haber violado a dos mujeres de la etnia han. Ese día murieron al menos 156 personas, de acuerdo con cifras oficiales.

El lunes y el martes, una multitud de chinos han –la etnia mayoritaria en China–, salieron a las calles de Urumqi con la intención expresa de vengarse de los uigures –mayoritarios en esa ciudad–, lo que obligó a las autoridades a imponer el toque de queda.

El secretario del Partido Comunista Chino en Urumqi, Li Zhi, aseguró que la situación está en calma este día, y anunció que las figuras claves de los disturbios podrían ser condenadas a la pena de muerte.

El saldo de la violencia se mantuvo estable hoy, con 156 muertos, mil 800 heridos y mil 400 detenidos. No obstante, un representante del Consejo Mundial de los Uigures en la sede alemana de Munich habló de entre 600 y 800 víctimas.

El gobierno central chino insiste en culpar de las muertes a uigures exiliados que buscan la independencia de la región, pero Rebiya Kadeer, una representante uigur exiliada en Estados Unidos, acusó a los líderes políticos chinos de instigar a la violencia étnica contra la minoría uigur. El gobierno chino es conocido por fomentar las tendencias nacionalistas entre los chinos, apuntó en un texto publicado hoy en el diario Wall Street Journal.

El primer ministro turco, Recep Tayyip Erdogan, exigió el fin de la violencia en la provincia de Xinjiang, donde habitan los uigures de ascendencia turco-musulmán. Aseveró que los responsables de la violencia debían ser llevados ante la justicia sobre la base de los derechos humanos.

También el Dalai Lama condenó en un comunicado los incidentes y pidió a las autoridades chinas actuar con espíritu de entendimiento y visión de futuro, tras expresar su preocupación por el agravamiento de la situación en Xinjiang, especialmente por la trágica pérdida de vidas.