Los ministros de la primera sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) tienen a estudio determinar la constitucionalidad de un artículo del Código de Justicia Militar que ha permitido que soldados acusados de matar o lesionar a civiles sean procesados por el fuero de guerra, o bien, aplazar la decisión para que sea el pleno el que resuelva.

En todo caso, hoy se espera una intensa discusión al analizar el amparo en revisión 989/2009 presentado por Reynalda Morales Rodríguez, viuda de Zenón Medina López, en contra de la decisión de la Procuraduría General de Justicia Militar (PGJM) de atraer las investigaciones relacionadas con el asesinato de su esposo, quien murió cuando cinco integrantes del Ejército abrieron fuego en contra de civiles en Badiraguato, Sinaloa, el 26 de marzo de 2008.

Según fuentes judiciales, el proyecto elaborado por José Ramón Cossío concede el amparo a la quejosa y califica de inconstitucional el artículo 57, fracción segunda, inciso a) del Código de Justicia Militar, que establece que son delitos del fuero de guerra: los que fueren cometidos por militares en momentos de estar en servicio o con motivos de actos del mismo.

Lo anterior se presta a la interpretación recurrente de la PGJM de que los asesinatos o lesiones que sufren civiles en retenes militares ocurren en actos de servicio y que, por tanto, le corresponde conocer de esos asuntos.

Trascendió que al menos otro ministro está en favor de conceder el amparo ante actos del tribunal militar que confirmó el auto de formal prisión contra el teniente Víctor Ruiz Martínez, el cabo Antonio Rojas Reyes y los soldados Jorge Jiménez Castañeda, Misael Solano Muñoz y José Francisco Balam May, todos de infantería, consignados por los delitos de homicidio y violencia contra las personas, ambos imprudenciales.

Sin embargo, también está la postura de otro ministro que considera que el asunto debe ser enviado al pleno, para que sean los 11 ministros los que dictaminen el fondo del amparo.

Lo anterior, porque en el caso concreto, y otros más, el fuero de guerra se aplica a civiles, pese a ser las víctimas, lo cual contravendría el artículo 13 constitucional que señala que la jurisdicción castrense por ningún motivo podrá extenderse a quien no pertenezca al Ejército.

Cabe recordar que la noche del 26 de marzo de 2008 en Badiraguato, los soldados abrieron fuego, sin justificación, contra el vehículo en el que viajaban Geovani Araujo Alarcón, Héctor Zenón Medina López, Manuel Medina Araujo e Irineo Medina Díaz. En su momento, la CNDH determinó que las víctimas no iban armadas ni realizaban actividad ilícita alguna.