Luego de cuatro exitosas novilladas desde el punto de vista artístico, ya que el económico hace años dejó de preocupar a la empresa de la Plaza México, el domingo 28 de junio pasado ésta decidió cancelar la temporada chica y posiblemente la temporada grande, aunque no venda el derecho de apartado, según declaraciones de su titular, Rafael Herrerías, al término del festejo, y advirtió: la México permanecerá cerrada hasta que haya una reunión entre el Gobierno del DF, los profesionales de la fiesta y esta empresa.

¿El motivo? La antojadiza y contradictoria actuación como juez de plaza del anciano matador de toros en retiro Ricardo Balderas (ciudad de México, 1924), quien de un tiempo para acá se ha caracterizado por negar u otorgar orejas según el humor que lo acompañe y la mesurada opinión de su asesor técnico, el subalterno retirado Juan Vázquez.

No es posible que la fiesta de toros esté a expensas de alguien sin capacidad, dijo Herrerías refiriéndose a Balderas, quien en otros años fue objeto de mentadas y amenazas por parte del insumiso promotor, el cual en la citada cuarta novillada, luego de que el juez negó la oreja al tlaxcalteca Jaime Ruiz tras meritoria faena, subió hasta el palco de la autoridad, reclamó airadamente al juez su decisión y arrojó al suelo el paño con el escudo del Distrito Federal que adorna e identifica dicho palco.

El escudo no vale nada y propondré que no haya este tipo de emblemas en una empresa privada, declaró Herrerías con respecto a esa acción, ya que en anteriores ocasiones ha suspendido la temporada novilleril sin consecuencias.

En el resto del mundo taurino, trátese de plazas de primera categoría o de empresas modestas, absolutamente todas deben observar un reglamento y nunca han basado en ello su éxito o fracaso, pero Herrerías insiste en que la fiesta de toros es un espectáculo privado que debe estar regido exclusivamente por los profesionales de la fiesta.

Ahora, invoca un profesionalismo sostenido en la autorregulación y en que la autoridad apenas interviene en otros espectáculos, pero en 16 años de manejar a su antojo la Plaza México los resultados taurinos son más que dudosos y el creciente desinterés del público ante la oferta de toros y toreros en dicho coso es evidente.

Por otra parte y sin justificar el modesto profesionalismo exhibido por la empresa de la Plaza México en más de tres lustros, los sucesivos gobiernos del Distrito Federal en ese lapso han adoptado, en el mejor de los casos, una indiferencia estorbosa con respecto al espectáculo taurino, sin delimitar funciones con conocimiento de causa y sin apoyar con estímulos condicionados e imaginación política la rica tradición taurina de la capital del país.

El protagonismo gris de diferentes comisiones taurinas como órgano de consulta del titular del GDF ha gozado, a lo sumo, de la sordera del funcionario en turno y del desprecio sistemático de la empresa, así como una incomprensión generalizada de los políticos acerca de la importancia cultural, económica, turística y política de la fiesta de los toros mantiene esta otrora importante expresión de la cultura mexicana en sus niveles más lamentables, en la capital y en los estados, como reflejo de una sociedad sin idea y sin rumbo.

En el Distrito Federal, ¿quién otorga o retira permisos para dar espectáculos taurinos?, ¿quién y con qué criterios nombra jueces, asesores técnicos y miembros de la comisión taurina?, ¿quién fija estímulos oportunos y sanciones por incumplimiento a los espectáculos privados? ¿Hay posibilidades de un acercamiento maduro entre el Gobierno del Distrito Federal y la empresa de la Plaza México, o continuará esta bochornosa irresponsabilidad compartida?