ace años que no había un golpe militar de Estado en América Latina. Lo de Honduras ha recibido el merecido repudio, incluso en la Organización de las Naciones Unidas, y ha habido repudio dentro del país, aunque en este caso la violencia militar la está reprimiendo.
La Organización de Estados Americanos, por unanimidad, exigió la reinstalación en el poder del presidente expulsado de su país en un plazo de tres días, bajo pena de expulsión si no lo hacen. El FMI y el Banco Mundial congelaron créditos a los golpistas. Varios países retiraron a sus embajadores. La Alba y la Unasur, organismos de países sudamericanos, condenaron el golpe. También el Mercosur y el Parlamento Centroamericano. Venezuela, entre otras medidas, anunció la suspensión del envío de petróleo a Honduras.
El gobierno de Estados Unidos condena el golpe, pero mantiene ayudas
militar y económica, aunque anuncia que el lunes 6 de julio aplicaría nuevas sanciones dependiendo de los acontecimientos.
Este golpe militar sienta un pésimo precedente. Algunos jefes de Estado lo han dicho. Si los gorilas mantienen el poder y la impunidad (recordemos que en varios países de América del Sur un buen número de criminales de las ya extintas dictaduras han sido castigados), eso alentará otros golpes militares de Estado.
En México estamos viviendo faltas a la legislación comicial de las propias autoridades electorales, sin precedente aquí ni en el mundo. ¿Dónde y cuándo se había visto que un ciudadano ve el nombre de una persona en su boleta electoral, y si vota por ella la que recibe el voto es otra? ¿En qué cuenta aquí la voluntad de los votantes, de los ciudadanos? Además, es un engaño, es una mentira hacer creer a los electores que va a recibir su voto la persona por la que votaron. Un precedente no menos siniestro que el golpe militar.
Esta medida, haciendo que las boletas de votación sean falsas, no es sino la coronación de una serie de ilegalidades. La nueva candidata
por decreto, Silvia Oliva, no sólo perdió la elección primaria, sino que también su reclamación ante el Tribunal Electoral del Distrito Federal llevó a que éste ratificara el triunfo por mayoría de Clara Brugada. Y cuando la perdedora solicitó, fuera de tiempo (el 2 de junio, cuando el plazo había vencido el 18 de mayo), que el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación atrajera el caso, éste lo hizo. La que solicitaba que se le diera a ella el triunfo, dijo que eran irregulares 58 casillas. Se supone que el tribunal resuelve sobre la base de lo que dijo quien se inconformaba. Pero como anulando esas 58 casillas, Clara Brugada seguía teniendo mayoría, el tribunal, anuló, ahora sí por sus pistolas, sin que la demandante lo hubiera pedido, otras 47. Y así lo hicieron.
Estoy resumiendo. Se han publicado análisis más detallados.
Lo que quiero resaltar aquí es que el caso de Iztapalapa no tiene precedentes. Como en el caso del golpe de Estado, si se permite que este fraude salga adelante, eso sienta otro siniestro precedente para que en el futuro los fraudes electorales se cometan sin límite, sin precedentes y con plena impunidad.
Aparentemente los dos casos son completamente diferentes entre sí. Pero resulta que los golpistas ofrecen adelantar las elecciones de noviembre próximo en Honduras. Es obvio que, en una dictadura militar que controla todos los poderes y los organismos de poder, ésta va a imponer un ganador
a su gusto en cualquier elección. Si lo imponen contra el que sí ganó ya las elecciones anteriores, con este golpe de Estado, es obvio que lo impondrán en las elecciones que vienen. Si se salen con la suya, simplemente van a demostrar que el golpe de Estado es, de nuevo, un recurso eficiente, como en tiempos de Pinochet y similares.
Lo mismo sucede en México. Si se imponen formas de fraude electoral sin precedente, eso acercará los momentos de una mayor violencia por parte del poder público.
