En vísperas de la elección, en pleno periodo de reflexión, el Consejo General del Instituto Federal Electoral (IFE) se convirtió en foro para recriminaciones de todos los partidos por las violaciones a la legislación que se cometieron. Hasta en esta fase, PAN y PRI condujeron sus diferencias de campaña para acusarse de acciones extralegales en que incurrieron, desde el incesante involucramiento del presidente Felipe Calderón, según acusó el tricolor, hasta el activismo del gobernador mexiquense, Enrique Peña Nieto.

En este contexto, salvo su aliado, el PRI, el resto de los partidos arremetieron contra el PVEM por su contumaz violación a la ley, lo cual le permitió triplicar su presencia en televisión. Para rubricar la condena el PAN presentó un video en que el senador Arturo Escobar –representante del partido ante el IFE– cargaba 1.1 millones de pesos, sin justificarlos. Ello motivó una nueva queja del blanquiazul, en tanto que el PRD promovió otro recurso por el proselitismo ilegal que todavía ayer Escobar hizo de su instituto político en una entrevista radiofónica.

Durante la conversación, Escobar llamó a votar el próximo domingo a todos los ciudadanos y que volteen a ver esta alternativa que somos nosotros. De inmediato, el entrevistador José Cárdenas le advirtió sobre la imposibilidad de promover a su partido en esta fase, por lo que, sorprendido por el señalamiento, intentó corregir mencionando que solamente había hecho un llamado genérico a votar.

El senador perredista Pablo Gómez condenó la denigración al IFE en que incurría la concesionaria Televisión Azteca al acusar al instituto de censurar un espot de la revista Vértigo, cuando sólo se está aplicando la ley. Reprochó la pasividad de la Secretaría de Gobernación para mantenerse al margen de una campaña de desprestigio contra una institución fundamental del Estado. Atribuyó el desafío a la errónea decisión del IFE en relación con un anuncio de la revista Poder y Negocios, que incluyó una publicidad favorable al candidato panista a diputado federal César Nava.

Medias cautelares

Concluida la sesión, la Comisión de Quejas se reunió para ordenar medidas cautelares para que el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) y el Servicio Postal Mexicano cesaran la entrega de cartas de este instituto dirigidas a derechohabientes, donde se adjudican al presidente Calderón acciones benéficas para los asegurados y que hasta ayer –según denunció el PRI– se mantenía su difusión.

Para tal efecto, expresó el presidente de la Comisión de Quejas, Marco Antonio Gómez Alcántar, se solicitó al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación que ordene la suspensión de la distribución de dichas cartas para evitar un desequilibrio en la campaña. Asimismo, ordenó retirar un promocional de la revista Impacto, en cumplimiento de las medidas cautelares dictadas en relación con todas las publicaciones de contenido político.

Cuestionado por las acciones ordenadas, Gómez Alcántar recordó que buena parte de la campaña del partido blanquiazul se centró en la figura presidencial, por lo que se adoptó la medida para evitar desigualdades. A su vez, el consejero Virgilio Andrade dijo que la disposición consiste en impedir que dichas misivas se difundan durante este fin de semana, pues, si bien contienen información, podrían interpretarse como propaganda.

Descalificaciones generalizadas

A petición de cinco partidos que demandaron al IFE la resolución de todas las quejas interpuestas antes de la elección, se accedió a presentar un informe sobre el estado que guardan éstas. Eso abrió el espacio para las recriminaciones generales por la incesante violación a la ley que representó la campaña electoral concluida el miércoles.

Sólo Alfredo Figueroa habló por los consejeros. Advirtió que el IFE hizo enormes esfuerzos para evitar que cayeran en la impunidad y subrayó que hemos hecho todo el esfuerzo posible, frente a poderes que el Estado no ha regulado en toda su historia.

Video como rúbrica

Quienes protagonizaron la última confrontación antes de los comicios del domingo fueron el PRI y el PAN para acusarse mutuamente de una recurrente violación a la ley electoral. El panista Roberto Gil comenzó condenando el ilegal comportamiento del PVEM mediante la contratación de espots y rubricó su exposición con el video en que aparece Arturo Escobar con un millón de pesos en efectivo y lamentó que el IFE haya decidido resolver hasta después de los comicios los casos pendientes.

Sin embargo, Gil fue más allá y acusó al tricolor de ser potencial beneficiario de la distribución ilegal de ese dinero, pues Escobar y Vega fue sorprendido en Chiapas, donde en todos los distritos el PVEM está coaligado con candidatos priístas. De ahí, arremetió contra Peña Nieto por el pago de 57 millones de pesos en publicidad en televisión, su activismo en favor de candidatos priístas y la celebración de un acto masivo en el estadio Azteca.

La respuesta del priísta Sebastián Lerdo de Tejada fue inmediata. Sugirió que las frivolidades de que acusaba a su partido obedecían al nerviosismo que le ocasionaban las últimas encuestas. Reprochó al consejero presidente del IFE, Leonardo Valdés, haber accedido a incluir el tema de los procedimientos sancionadores en periodo de veda, porque daba oportunidad a la violación de dicha restricción propagandística en la propia mesa del árbitro.

Luego devolvió el golpe a Acción Nacional, enumerando las ilegalidades en que habría incurrido durante la campaña, enfatizando que se le anularon candidatos por violar la legislación, se le retiraron espots por ser ilegales. Subrayó que todavía este viernes aún se distribuía la carta del director del IMSS con referencias a Calderón, con una redacción prácticamente idéntica a otras misivas que difundió el PAN.

En su oportunidad, el perredista Pablo Gómez terció en el debate y acusó a ambos partidos de prácticas ilegales. Resaltó la coacción del voto en la que tanto PRI como PAN han incurrido en esta contienda.

Trampa sistemática

Poco antes, el blanco de las críticas fue el PVEM, partido al que el socialdemócrata Luciano Pascoe pidió que se analizara el retiro del registro por las recurrentes trampas en que incurrió en la campaña. Sistemáticamente ha tratado de violar la ley y ha hecho trampa. Recordó la sospechosa actitud de Escobar cargando más de un millón de pesos en efectivo, denuncia que fue secundada por el PRD en la sesión, pero que el PAN llevó a un recurso ante la Unidad de Fiscalización para que se indagara su origen.

En su momento, el representante del PRD Rafael Hernández cuestionó al IFE por haber beneficiado al PVEM al impedir que fuera sancionado antes de los comicios, porque ese partido obtiene una doble ventaja, pues incurrió en violaciones con la difusión de espots en la revista Cambio y por el uso de propaganda integrada en una telenovela, afectando la equidad de la contienda.

Los ecologistas Jorge Legorreta y Sara Castellanos intentaron una tímida respuesta adelantando que Escobar esclarecería los hechos y lamentaron los ataques ante la exitosa campaña electoral de su partido.