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Sorprenden comprando votos al candidato de AN a edil de Iturbide
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El dirigente del PRD en Nuevo León, Eduardo Arguijo Baldenegro, y Salvador Bazaldúa Sánchez, aspirante a la alcaldía de Iturbide, mostraron los vales canjeables por materiales para construcción que el candidato del PAN, Saúl Adalberto Rodríguez Martínez, entregó a campesinos del ejido La Luz, y de las comunidades de Cuevas, La Purísima y Buenavista a cambio de sus votosFoto Mex-Pres/Emilio Vásquez Moreno
 
Periódico La Jornada
Sábado 4 de julio de 2009, p. 25

Monterrey, NL, 3 de julio. A unas horas de las elecciones, Saúl Adalberto Rodríguez Martínez, candidato del PAN a la alcaldía del municipio rural de Iturbide –177 kilómetros al sur de esta ciudad fue sorprendido cuando compraba votos a cambio de certificados de subsidio del gobierno federal canjeables por 18 mil pesos en materiales para construcción y para hacerse efectivos al día siguiente de los comicios.

Eduardo Arguijo Baldenegro y Salvador Bazaldúa Sánchez, dirigente estatal y aspirante a la alcaldía de Iturbide, ambos del PRD, informaron que campesinos del ejido La Luz, y las comunidades de Cuevas, La Purísima y Buenavista, reportaron que el aspirante blanquiazul anduvo pidiendo el voto y a quienes se comprometieron con él, les entregaba el documento con cargo al Fideicomiso Fondo Nacional de Habitaciones Populares, dentro del programa de Vivienda Rural.

Según Arguijo, este hecho constituye una flagrante violación al artículo 134 constitucional, que prohíbe a los funcionarios públicos la entrega de recursos en periodo electoral. En este caso, ese programa debió suspenderse desde marzo y se reanudará pasadas las elecciones.

Para respaldar su denuncia mostró dos certificados de subsidio, fechados el 26 de junio, a nombre de los campesinos Edmundo Carreón Mata y Eusebio Sustaita Cuevas, donde se asienta la leyenda: Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos al desarrollo social.

El dirigente del PRD consideró que hay clara y flagrante desviación de recursos por funcionarios federales que firman los documentos, y lo peor es que los reparte personalmente un candidato panista, quien presumió que traía 800 de esos certificados, con lo que estaba seguro de ganar la elección.