Washington, 2 de julio. El gobierno de Barack Obama espera el resultado de la gestión de la Organización de Estados Americanos para restituir al presidente Manuel Zelaya, aunque Washington se ha quedado casi como el único país del hemisferio y de Europa que no ha retirado a su embajador o que no ha aplicado algún tipo de sanción contra el régimen golpista.

Tras el anuncio del secretario general de la OEA, José Miguel Insulza, de que viajará a Honduras este viernes, aunque advirtió que no espera lograr que los golpistas cedan el poder dentro del plazo de 72 horas establecidas por la Asamblea General de su organismo, el cual se vence el sábado –que llevará a la suspensión de Honduras de la OEA–, la presión sobre Washington para aplicar mayores sanciones se intensificará, afirman analistas.

El Departamento de Estado reiteró hoy que continúa el diálogo con nuestros socios regionales en la búsqueda de una solución a esta crisis en Honduras, en torno a la resolución de la OEA. Nuestro objetivo es la restauración del orden constitucional en Tegucigalpa, lo cual implica el retorno del presidente Zelaya, agregó el vocero del Departamento de Estado, Ian Kelly. Subrayó que ese esfuerzo es encabezado por la OEA y se le debe permitir desarrollarse, y desalentaríamos cualquier acción que podría resultar en un obstáculo para que este proceso alcance su resultado deseado, indicó en referencia a la posibilidad de que Zelaya decida retornar a su país antes de que concluya esta iniciativa.

Interrogado una vez más sobre una suspensión de asistencia a Honduras, Kelly repitió que continúa el examen legal para determinar si se debe aplicar la cláusula de la Ley de Asistencia Extranjera (sección 7008), que establece que la ayuda militar y económica (con algunas excepciones que son la de promoción de la democracia y la humanitaria), por la que se debe suspender a un país cuyo orden constitucional ha sido interrumpido por un golpe de Estado. Sin embargo, señaló que hemos realizado algunas acciones para oprimir el botón de pausa en algunos programas de asistencia.

Para el gobierno de Obama, el golpe de Honduras es su primera gran crisis en la que se pone a prueba su autodenominada nueva política de cooperación hemisférica. Por ahora, busca mantener un delicado equilibrio entre participar como socio en el esfuerzo multilateral encabezado por la OEA, y a la vez justificar su presencia militar y económica en ese país. Hasta ahora no hay presión suficiente para que suspenda sus relaciones (embajador, asistencia militar y económica, comercio, relaciones empresariales y más) desde dentro o fuera de Estados Unidos.

En el frente externo, esto podría cambiar si Honduras es suspendido por la OEA en los próximo días. Al interior, algunas ONG y organizaciones sociales han llamado por una suspensión de la asistencia, pero no hay todavía un coro suficientemente fuerte como para presionar políticamente al gobierno de Obama.

Sin embargo, hoy James McGovern, influyente representante demócrata en asuntos de política interamericana, envió una carta a la secretaria de Estado, Hillary Clinton, en la cual le insta a suspender de inmediato la asistencia al gobierno de Honduras hasta que Zelaya sea reinstalado como presidente, y para demandar que los golpistas respeten los derechos y libertades civiles del pueblo hondureño. Al elogiar las declaraciones del gobierno de Obama contra el golpe, McGovern escribe: creo que ha llegado el tiempo de acompañar estas palabras con hechos más concretos, para que nuestro país pueda alinearse con nuestros aliados en la región, y la comunidad internacional. Expresó su profunda preocupación por los informes de represión y violaciones de derechos humanos y civiles desde el domingo.

A la vez, el senador Jim DeMint, republicano conservador de Carolina del Sur e integrante del Comité de Relaciones Exteriores, expresó su apoyo al golpe y criticó a Obama y la OEA. El llamado del presidente Obama por la reinstalación de Zelaya es una cachetada al pueblo de Honduras. Y la resolución redactada por la OEA pisotea las esperanzas y sueños de un pueblo libre y democrático, declaró. Añadió que el pueblo de Honduras ha luchado mucho tiempo para que su democracia que ganó tan costosamente le sea robada por un dictador estilo Chávez, y llamó a que Estados Unidos apoye al gobierno golpista que, afirmó, es legítimo en nombre de la libertad.

Aparentemente aún hay políticos en Estados Unidos que se atreven a justificar un golpe de Estado como un acto democrático.

Si esta crisis en Honduras se alarga, el debate político dentro de Estados Unidos podría intensificarse en torno al papel de este país en la región.