Monterrey, NL, 2 de julio. Si la elección de hace seis años por la gubernatura de Nuevo León se caracterizó por el abuso de los medios electrónicos por parte de partidos políticos y candidatos (cuando aún podían contratar anuncios) la de 2009 será conocida como la contienda de la denuncia: la Comisión Estatal Electoral (CEE) recibió casi una querella diaria a lo largo de los 90 días de campaña.

Señalar ante las autoridades cualquier acto o declaración presuntamente ilegal se convirtió en un elemento de la campaña del mismo peso que los mítines y las giras proselitistas: es, lo definen observadores, el uso propagandístico de un recurso legal.

Los equipos jurídicos han tenido –y seguirán teniendo– mucho trabajo: documentar presuntos delitos electorales, presentar denuncias, esperar los resultados para, eventualmente, impugnarlos ante el Tribunal Estatal Electoral y, dado el caso, ante el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) mientras, en muchos casos, promueven al mismo tiempo demandas ante la Fiscalía Especializada en la Atención de Delitos Electorales (Fepade).

La CEE ha recibido 74 denuncias desde que se inició la campaña, y el Tribunal Estatal Electoral tiene pendientes 57 juicios de inconformidad. No son sólo denuncias contra candidatos, sino también contra funcionarios, como el gobernador Natividad González Parás, e incluso contra la propia autoridad electoral.

El 4 de junio, el pleno de la CEE impuso al Partido Revolucionario Institucional (PRI) una multa de 399 mil 450 pesos por acusar en un desplegado al Partido Acción Nacional (PAN) de impulsar un plan de guerra sucia denominado Joya de la corona azul. En esa publicación el tricolor sugirió que los panistas estarían detrás de los atentados contra el consulado de Estados Unidos y las oficinas de Televisa Monterrey, a fin de afectar a la administración estatal y a los candidatos priístas.

En esa misma sesión se multó al PAN con 266 mil pesos por el desplegado Sopa de letras, que denigró al PRI al asociarlo con las palabras robo, impunidad, corrupción, transa y narco.

Sin embargo, el Tribunal Estatal Electoral dejó sin efecto la multa contra el PRI. Argumentó que la CEE no observó los principios de exhaustividad y valoración de los argumentos, y tampoco fundamentó suficientemente la sanción.

Mientras, el presidente de la CEE, Eduardo Guerra Sepúlveda declaró hoy que se espera una participación en las urnas superior a 60 por ciento de un padrón de 3 millones 211 mil 187 electores y restó importancia al impacto que pudiera tener la campaña del voto nulo.

Por su parte, el pleno de la CEE acreditó a 256 observadores electorales y se pidió a los ciudadanos no llevar teléfonos celulares a las urnas porque puede usarse para fotografiar la boleta, como parte de una estrategia de compra o coacción del voto.

Para cuidar que esto no ocurra, añadió, estarán vigilantes los 44 mil funcionarios electorales y los 91 mil representantes de partido acreditados.

Cinco detenidos

En dos hechos distintos, hoy fueron detenidas cinco personas por presuntos delitos electorales, lo que vuelve preocupante el ambiente previo a los comicios, señalaron los dirigentes estatales del PRI y del PAN, que se acusaron mutuamente.

Policías estatales detuvieron al mecánico Javier Rodríguez Mireles, de 41 años, en posesión de siete credenciales de elector y dos fotocopias del mismo documento, cuando destruía propaganda del candidato priísta a la gubernatura, Rodrigo Medina de la Cruz, en la Colonia El Porvenir, en el norte de Monterrey.

El presidente estatal del PRI, Miguel Angel Lozano, pidió que se investigue la filiación política del detenido, quien fue turnado a la Fepade, y que se cite a los titulares de los documentos expedidos por el IFE.

Consideró que estos hechos podrían ser resultado de la desesperación de los panistas. Asimismo, acusó a los candidatos panista a la gubernatura, Fernando Elinondo, y a la alcaldía de Monterrey, Fernando Larrazábal, de seguir anunciándose hoy en la página electrónica del diario El Porvenir.

En otro incidente, fueron detenidos un adulto y tres menores que repartían fotocopias de un reportaje de la revista Impacto, con información sobre supuestas corruptelas de Larrazábal.

Juan Carlos Ruiz García, dirigente estatal del blanquiazul, culpó al aspirante del tricolor por el mismo cargo, Abel Guerra Garza, y anunció que presentarían una denuncia.