La información en torno a la ecología que posea el Estado, tanto de la Secretaría del Medio Ambiente Recursos Naturales y Pesca (Semarnat) o la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) es pública, por lo que la ciudadanía tiene derecho a que conocerla, determinó la primera sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).

En una decisión salomónica, el tribunal concedió el amparo a la empresa DuPont de México y a quien requirió, vía el Intituto Federal de Acceso a la Información (IFAI), datos de la trasnacional.

Los ministros determinaron –en votación de cuatro a uno– que el IFAI debe elaborar una versión pública de los datos oficiales que entregó DuPont en materia ambiental; pero le dio la razón a la empresa para impedir que se difunda la información que entregó a la autoridad sobre los procesos industriales y administrativos que requirió para ser certificada como industria limpia.

Al resolver un amparo en revisión presentado por DuPont, en contra de la resolución adoptada en febrero de 2007 por el IFAI, expediente 2338/2006 sobre la solicitud de información número 161300038906 que la obligaba a entregar datos de los Informes de diagnóstico ambiental y los Resultados de auditorías ambientales, la Corte estableció que si bien la documentación la generó voluntariamente la empresa y la entregó a la Profepa, ésta adquiere calidad de pública en función de que obra en archivos del gobierno.

El medio ambiente y el entorno ecológico, señala el proyecto elaborado por José de Jesús Gudiño Pelayo –apoyado por Olga Sánchez Cordero, Juan N. Silva Meza y Sergio Valls, y rechazado por José Ramón Cossío–, son fenómenos colectivos, que afectan y conciernen a todos, pues son condiciones naturales que se requieren para el adecuado desarrollo de las personas y su salud, en general.

El derecho al medio ambiente, añade el texto, está tutelado por el artículo cuarto constitucional, además de que México ha suscrito diversos convenios internacionales en la materia.

El medio ambiente es un tema de interés público y colectivo, y es un derecho transindividual del que son titulares todos los integrantes de la sociedad, de ahí que la información que posea el Estado es pública, independientemente de quién la generó.

Así, la Corte desechó el argumento de la Profepa referente a que la información era reservada, y de DuPont, la cual sostenía que era confidencial.