La Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) juzgará al Estado mexicano por delitos de lesa humanidad, pues a 35 años de la desaparición forzada de Rosendo Radilla por parte del Ejército, los familiares no han obtenido justicia.

El próximo 7 de julio el tribunal interamericano realizará una audiencia pública para conocer los alegatos en torno a la desaparición forzada de Radilla –ocurrida en agosto de 1974 en Atoyac, Guerrero, por componer corridos a favor del guerrillero Lucio Cabañas– debida a militares.

En conferencia de prensa, abogados de la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos (CMDPDH) y familiares de la víctima confiaron en que la CIDH emita una sentencia favorable que obligue al gobierno de Felipe Calderón a cumplir con la reparación del daño, reconocer la existencia de estos crímenes y evitar que se repitan.

Este es el primer caso contra México en el que se señala al Ejército como responsable de crímenes de lesa humanidad que atrae la Corte.

Mario Solórzano, director del área jurídica de la CMDPDH, subrayó que si la decisión es favorable para las víctimas, en esta ocasión el gobierno de México no podrá eludir su responsabilidad para cumplir con sus obligaciones internacionales, ya que se trata de una sentencia de carácter jurídico vinculante que no está sujeta a la buena voluntad del Estado sino que es de cumplimiento obligatorio.

María Sirvent, abogada del caso ante las instancias internacionales, señaló que de concretarse un fallo favorable México estaría obligado a reparar, económica y moralmente, el daño; reconocer públicamente su responsabilidad en este delito de lesa humanidad; continuar las investigaciones sobre las desapariciones forzadas en el país por mediante una área especializada con personal capacitado y recursos para tal efecto; la búsqueda y entrega del cuerpo de Radilla a sus deudos; modificar la legislación y las estructuras para que hechos similares no se repitan en el futuro, y reconstruir la memoria histórica de la ciudadanía, esto es, que el tema sea de conocimiento general.

Los demandantes consideraron que existen todos los elementos para que la CIDH dicte un fallo que comprometa al Estado mexicano a aceptar que durante la guerra sucia hubo violaciones sistemáticas a los derechos humanos contra las personas sospechosas de pertenecer a grupos guerrilleros.

Existen todas las posibilidades; el caso está sustentado a partir de hechos que denotan la desaparición forzada de Radilla a manos del Ejército. Hay pruebas y evidencias de fuente primaria, documentos oficiales. Este crimen está dentro de un patrón sistemático de abusos. El aparato gubernamental, en todos sus niveles y poderes, se articuló (en el pasado y hasta hoy) de modo tal que permitiera, tolerara y ordenara el uso de la fuerza para cometer violaciones y que se presentaran prácticas institucionales para que éstas permanecieran en la impunidad.

Además, se aseveró que una decisión favorable a los deudos tendría implicaciones colectivas y en beneficio de las miles de víctimas de desaparición forzada en el país. Es tal la relevancia del caso –adujeron– que la delegación del gobierno mexicano estará conformada por funcionarios de primer nivel, como la embajadora del país en Costa Rica –sede de la CIDH–, María del Carmen Oñate; Daniel Cabeza de Vaca, secretario de Asuntos Jurídicos y Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación, y Juan Manuel Gómez, subsecretario para Asuntos Multilaterales y Derechos Humanos de la cancillería, entre otros.