Tegucigalpa, 1º de julio. No hubo golpe, repite y repite Roberto Micheletti, presidente nombrado por el Congreso luego que efectivos del ejército hondureño pusieran en un avión, y en ropa de cama, al presidente constitucional. Lo repiten sus seguidores en las plazas del país. No hubo golpe de Estado. Nuestros derechos constitucionales siguen vigentes, dice también Ramón Custodio, comisionado Nacional de los Derechos Humanos de Honduras (organismo similar a la CNDH mexicana).

Pero este día, poco después de la declaración del ombudsman y al tiempo que la Organización de Estados Americanos pone un plazo de 72 horas para restituir en su cargo a Zelaya, el Congreso nacional, que primero aceptó la renuncia del presidente y después lo destituyó, aprobó por aclamación un decreto que restringe algunas garantías elementales.

El gobierno de Roberto Micheletti intenta convencer al mundo de que no llegó al poder mediante un golpe de Estado, sino gracias a una sucesión constitucional. De la misma manera, no llama estado de excepción ni estado de sitio a la desaparición de los derechos de manifestación, inviolabilidad del domicilio, asociación, garantías en la detención y libertad de movimientos por el país.

Rolando Dubón, diputado del Partido Liberal, que llevó al poder a Zelaya y ahora lo desprecia, explica que la medida se toma frente a la sospecha de que hay personas de otros países que han llegado a Honduras para atentar contra la ciudadanía y el nuevo gobierno.

Desde el lunes pasado, diarios y medios electrónicos favorables al régimen de Micheletti han deslizado que en territorio hondureño hay venezolanos, bolivianos y ecuatorianos que vienen a desestabilizar al país.

Andrés Pavón, presidente del no gubernamental Comité para la Defensa de los Derechos Humanos en Honduras (Codeh), tiene otra explicación del decreto: “Un militar de alto rango me contó que el general Romeo Vásquez (jefe del Estado Mayor Conjunto de las fuerzas armadas) le dijo a Micheletti que no tenía ‘mecanismos legales’ para parar las manifestaciones en su contra, y para eso le hicieron el decreto”.

Pavón sostiene que varias de las medidas del decreto ya las han estado ejecutando durante el toque de queda, con esto sólo tienen un respaldo supuestamente legal.

Para el defensor de los derechos humanos, la medida se inscribe en la estrategia de los golpistas de crear miedo colectivo, a la vez que pretende evitar la llegada de grupos del interior del país, prevista para el fin de semana, cuando Manuel Zelaya ha anunciado su retorno a Honduras.

En esa misma estrategia del miedo, Pavón inscribe el reclutamiento forzado de jóvenes en las zonas rurales de los departamentos de Olancho, Colón y Yoro. Andan reclutando para el ejército incluso a menores de 15 años.

Aunque el toque de queda comienza a las diez de la noche, las calles de esta ciudad comienzan a vaciarse desde la seis de la tarde. Ayer estaban desoladas cuando el enviado de este diario recibió una llamada: Acaba de explotar una bomba en la Corte Suprema, dijo la voz.

Este miércoles se sabe que fueron dos artefactos explosivos caseros los que estallaron en la Suprema Corte y en una estación de radio. Eso puede ser del mismo gobierno, para crear un clima favorable a la represión, dicen líderes del Frente de Resistencia.

Sin la suspensión de garantías, los opositores a Micheletti ya contaban con un arsenal de denuncias. Por ejemplo, el intento de fuerzas policiales de ingresar sin orden judicial a la casa de Enrique Flores Lanza, ministro de la Presidencia con Zelaya. Y las detenciones de manifestantes en varias partes del país.

Son medidas propias de un estado de sitio, y las están tomando quienes se dicen respetuosos de la Constitución. Aunque sólo quieren vestir de legalidad la brutal represión que preparan contra el pueblo de Honduras, finaliza Pavón.