Los 27 funcionarios michoacanos, entre ellos siete alcaldes, que enfrentan desde el pasado jueves proceso penal por presuntos ilícitos contra la salud y delincuencia organizada, impugnaron la determinación del juzgado segundo de distrito con sede en Tepic, Nayarit, y pidieron a un tribunal de alzada que revise el expediente judicial y revoque el auto de formal prisión, informaron abogados de los servidores públicos.

Fuentes judiciales consideraron que los procesos contra los funcionarios no se resolverán antes de un año, ya sea en primera instancia o en apelación.

Algunos de los defensores harán promociones en el juzgado que abrió la causa penal por este caso de presunta cooptación de funcionarios vinculados a La Familia, a fin de que el juez de Nayarit decline competencia a favor de un juez federal de Michoacán.

Ello, según algunos abogados que requirieron el anonimato, es que los expedientes sean turnados a un juzgado en Michoacán, lo que abriría la puerta para que los funcionarios sean trasladados a un penal de mediana seguridad en la entidad de la que son originarios.