Mazatlán, Sin., 27 de junio. Elementos del Ejército catearon viviendas en cinco de seis pueblos sinaloenses que serán inundados por la construcción de la presa Picachos, y en respuesta familias de tres pueblos más que también resultarán afectados apoyaron la creciente protesta contra la obra.

En lo que se denunció como acto de intimidación oficial en apoyo a la firma constructora Andrade Gutiérrez, personal militar irrumpió en las viviendas ubicadas en Los Copales, El Placer, Puerta de San Marcos, Las Iguanas y Casas Viejas, de los municipios de Mazatlán y Concordia. Al conocerse la situación, gente de Juantillos, Tecomate de la Noria y Palmillas reforzó las acciones de inconformidad.

Octavio Atilano Román Tirado, María del Rosario Alapizco Páez y Cándido Lizárraga Patrón, líderes del movimiento y comisario ejidal de Las Iguanas, Concordia, respectivamente, advirtieron que la gente está dispuesta a defenderse y si es preciso perder la vida para defender su patrimonio.

Los dirigentes acusaron al gobierno federal de intimidar con los cateos, y condenaron la advertencia de que los inconformes también serán desalojados del plantón que mantienen desde el 6 de enero para evitar el cierre del túnel de la presa y evitar así la inundación de sus comunidades.

Graciela Domínguez Nava, diputada local del PRD, dijo que la intervención militar es algo serio y delicado que enrarece el ambiente, al acosar a la gente, presionarla sicológicamente, buscar confrontarla y aprestar su expulsión, para dar paso a la obra hidráulica sin que las casas de los pueblos reubicados tengan servicios ni su construcción haya concluido.

Por lo anterior, dijo, el Congreso del estado vigilará que no se cometan arbitrariedades, y frenar los cateos militares y de la Marina, realizados a petición del gobierno y en apoyo a la empresa para sellar el túnel y producir la inundación.

Los también diputados locales priístas, Irma Tirado, Eligio Medina y Adela López, así como el panista Alejando Higuera, integraron una comisión plural y darán seguimiento al caso, pues no existe información oficial ni se vigila la construcción de viviendas en los nuevos pueblos, que ya debieron entregarse pero continúan inhabitables, agregó Domínguez Nava.

La legisladora perredista expuso que también se solicitará la intervención urgente del gobernador Jesús Aguilar Padilla para evitar una desgracia de la que pueda arrepentirse, pues el proyecto de la empresa de cerrar el túnel que desvía el agua del río Presidio es erróneo y potencia un grave conflicto social.