San Sebastián Bachajón, Chis., 27 de junio. Los privilegios otorgados por el gobierno estatal al grupo minoritario de la Organización para los Derechos Indígenas y Campesinos (Opddic) no han servido para adueñarse de la conducción de este vasto ejido, muy cotizado para desarrollos turísticos. Sí para enriquecer a sus dirigentes locales y entregar al gobierno y las constructoras el banco de grava de la comunidad.

En una cadena de arbitrariedades y corrupción, hoy es explotado intensivamente por varios trascavos, dos trituradoras, calderas e incontables camiones de volteo que se llevan el material con rumbo desconocido, de acuerdo conlos comisariados y representantes de la asamblea ejidal.

El golpe policiaco dado por el gobierno en este ejido tzeltal de Chilón fue, o intentó ser, en más de un sentido, un golpe de mano. A mitad de abril la secretaría de Gobierno de Tuxtla Gutiérrez, a cargo de Noé Castañón León, implementó los operativos de encarcelamiento de ocho indígenas, desalojo de un plantón y despojo de tierras y recursos de los ejidatarios de la otra campaña; lo hizo en coordinación con la Procuraduría General de Justicia de estado (PGJE).

Otro objetivo no simulado de la acción policiaca, cuyos efectos siguen más de dos meses después, fue promover a un grupo de ejidatarios, minoritario pero del PRI (igual que el secretario de Gobierno), y miembros de la Organización para los Derechos Indígenas y Campesinos (Opddic), que ha diluido su nombre en otras siglas pero sigue activa a pesar de señalamientos sostenidos de que sus acciones son de contrainsurgencia y hasta paramilitares.

Pascual Pérez Álvaro, del consejo de vigilancia, quien ha usurpado la representación ejidal sin legitimidad alguna, entregó al gobierno la caseta de cobro que teníamos para el ingreso de turistas a las cascadas de Agua Azul, y recibe 310 mil pesos cada mes por ese motivo; para él, no para el ejido, denuncian los representantes de la asamblea, en declaraciones a La Jornada.

En pocos meses, Pérez Álvaro ya se hizo de cuatro carros de su exclusiva propiedad. Al menos uno es chocolate (ilegal), “pero su grupo sacó constancia falsificada, está de acuerdo con la ‘sectorial’ (policías Estatal Preventiva y de Caminos) para viajar sin problema”, abundan los indígenas.

El grupo oficialista también entregó la mina de grava, la cual ya había explotado ilegalmente con anterioridad, protegido por el presidente municipal priísta de Chilón; la asamblea ejidal la recuperó hace pocos meses, pero en abril la policía tomó el predio, y permitió que Pérez Álvaro y su grupo autorizaran a las constructoras la extracción de materiales.

Durante los meses que operó la caseta de la otra campaña en San Sebastián y la mina estuvo en poder de sus verdaderos dueños, el Ejecutivo estatal indemnizó a los priístas para que se estuvieran tranquilos.

Robos y agresiones a ejidatarios, con protección policial

Ahora, los de Opddic mantienen actitudes amenazantes, cometen agresiones protegidos por la policía y roban las parcelas. El 6 de junio capturaron sin motivo a un ejidatario. “Ya lo tenían esposado, pero logramos liberarlo –dicen los representantes–. Cuando hicimos nuestra asamblea, Opddic amenazó que iba a atacar la comunidad”.

La preocupación por los planes turísticos y la inminente autopista a Palenque ya alcanzó al otro ejido de Bachajón. El aún más vasto y poblado San Jerónimo Bachajón ya decidió que no permitirá la carretera, que atravesaría San Martín, en el centro de Bachajón. Lo decidieron los ejidatarios sin importar los partidos políticos de donde vienen, ya no quieren que eso lo arreglen el PRD ni el PRI.

La obra tiene muy entusiasmada a la clase empresarial de Tuxtla Gutiérrez, San Cristóbal de las Casas y Palenque, y en especial a los priístas en torno al exgobernador Roberto Albores Guillén y su hijo Albores Gleason (ex secretario estatal de Turismo y Proyectos Estratégicos y hoy candidato a diputado por el PRI).

El efecto corruptor y de división producido por el proyecto ya se percibe en las comunidades. También la resistencia y la oposición de los ejidos y pueblos indígenas amenazados con el nuevo detonador del desarrollo, que partiría sus territorios y les enajenaría recursos y atractivos naturales.