Por primera vez, el Estado mexicano será juzgado por la Corte Interamericana de Derechos Humanos por el caso de la desaparición forzada del campesino Rosendo Radilla. Un fallo favorable a los familiares de la víctima abrirá la posibilidad de acceder a la justicia y la resolución tendría implicaciones favorables para las víctimas de la represión gubernamental de la llamada guerra sucia, aseguró la Comisión Mexicana de Defensa y Protección de Derechos Humanos (CMDPDH), que presentó el caso.

El próximo 7 de julio, el tribunal interamericano realizará una audiencia pública para conocer los alegatos en torno a la desaparición forzada de Radilla –ocurrida en agosto de 1974 en Atoyac, Guerrero, por componer corridos en favor del guerrillero Lucio Cabañas– a manos de militares, sin que a la fecha sus familiares hayan podido acceder a la justicia.

La Corte tomó el caso luego de que el gobierno de Felipe Calderón dio una deplorable respuesta a las recomendaciones que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos emitió sobre esta desaparición forzada, pues no informó sobre el cumplimiento de dichas medidas.

En marzo de 2007, la comisión interamericana emitió una recomendación sobre el caso en la que demandó al Estado mexicano una investigación completa e imparcial para sancionar a los responsables de esta desaparición forzada; la localización y entrega de los restos de Radilla a su familia y la reparación moral y material del daño a los familiares.

El organismo dio de plazo el 15 de octubre de ese año para recibir respuesta. Sin embargo, el gobierno federal no respondió, por lo que el 15 de marzo de 2008 la Comisión Interamericana demandó al Estado ante el tribunal.