iene 55 años, pero parece mayor. Se llama Berta y ha dado a luz a 15 hijos, todos ellos en Chichigalpa, a la sombra del ingenio San Antonio. Estoy sentado con ella bajo una champa del plantón de los enfermos de insuficiencia renal crónica, cerca de la rotonda de Metro Centro, en los predios de la Catedral. Es una protesta en la que sólo ondea la bandera del sindicato de la Unión General de los Trabajadores de la Alimentación. Amablemente, sin atemperarse, salvo el matiz de amargura que impone su tono bajo de voz, Berta me explica que su hijo mayor, Andrés, murió hace dos años afectado por un accidente con un veneno
que, según me explica, le cayó mientras lo manipulaba en el ingenio San Antonio. Otro de sus hijos también padece de insuficiencia renal crónica, una enfermedad que tiene índices preocupantes en la zona de occidente y particularmente entre los trabajadores del ingenio, aunque se presenten los índices más altos en zonas que no son azucareras.
La Insuficiencia Renal Crónica (IRC) es causada por múltiples factores y está por verse si algunos de los productos que durante años se han utilizado en el ingenio San Antonio para la producción de azúcar tienen o no relación directa con esta enfermedad. Como Berta, muchas de las 130 personas que desde hace 90 días están acampadas en los predios de la Catedral se proclaman nacidos y criados en el ingenio San Antonio
. Y como a Berta, a muchos otros de los que están acampados es difícil adivinarles la edad. Cansados, enfermos, desvelados por el frío, la lluvia o el calor. Les aseguro que hay gente mucho mayor que Berta, o que parece mucho mayor. Una de las representantes se sienta a mi lado y me enseña un álbum de fotos. Casi todos ellos son compañeros muertos. Algunos se miran en los días previos al desenlace, otros ya en la cama con los ojos hacia el cielo. Todos trabajadores del ingenio. Todos de insuficiencia renal crónica. Se calcula que mueren 46 personas al mes por esta enfermedad, pero muchas de esas muertes se producen en zonas que no son azucareras. Al mismo tiempo, mientras el plantón sin que, hasta la fecha, hayan sido recibidos en la casa del grupo Pellas, algunos han tenido que regresar a Chichigalpa a morir. Las fotografías, los diagnósticos donde se revelen los niveles de creatinina crecientes (claves para detectar la enfermedad) de algunos trabajadores mientras laboraban en el ingenio, son las pruebas que esta gente tiene. Pero carecen todavía de un estudio científico que avale la relación directa entre los productos que se utilizaron en la producción de azúcar y su enfermedad.
Él también tiene 55 años pero parece mucho más joven
, le digo. Estoy sentado con Ariel en la tercera planta del edificio de los Pellas. La casa matriz, o la casa madre. Es el director de comunicación del grupo económico y empresarial más poderoso de Nicaragua y de parte de Centroamérica. Amablemente, sin condiciones de tiempo ni preguntas, me enumera los esfuerzos del grupo Pellas en responsabilidad social corporativa. Ha gastado más de 2 millones de dólares para beneficio de la comunidad y sus trabajadores en la zona. Le digo que las personas que están plantadas en el predio piden un diálogo, pero él argumenta que ese diálogo no se puede dar bajo la premisa de que ellos (la empresa) son culpables y están obligados a pagar una indemnización. Si el diálogo fuera en otros términos, sí estarían dispuestos. Acaba de recordar que han firmado un acuerdo humanitario con tres organizaciones sindicales, incluida la Central Sandinista de Trabajadores, que no apoya al grupo del plantón, para colaborar con las personas afectadas por la IRC y otras enfermedades. Pero no admite que la empresa tenga algo que ver en el número preocupante de personas afectadas. Los registros de los enfermos y las muertes son muy confusos. Sin embargo, aclara, esperan que este año se realice un estudio en todo occidente que establezca las causas del alto índice de IRC y que, al mismo tiempo, corrobore que los productos que el ingenio utiliza no dañan la salud del ser humano. Esos productos, recuerda, están avalados por el registro en el Minsa, el Marena y el Magfor, además de ser los mismos que se utilizan en otros países, donde no se ha presentado este problema. No hay ninguna prueba científica con la que se demuestre que los productos agroquímicos y pesticidas que utilizamos tengan relación directa con la IRC
. Piensa, dice, que las personas que están protestando no están bien informadas. Sospecha que han sido manipuladas.
Yo le digo al director de comunicación del grupo que si se hace una foto actualmente de las protestas que hay en las calles de Managua, independientemente de las manipulaciones que planeen sobre ellas, el resultado es la historia de una desigualdad aplastante. Frente a la casa del presidente Daniel Ortega, por ejemplo, el poder político actual de Nicaragua, están plantados, más bien tumbados, los de un grupo de afectados por el Nemagón que reclaman un supuesto pago por haber colaborado en las maratones de rezo que propagó el FSLN en las rotondas a cambio de ayudas no muy claras. Los manifestantes permanentes del Nemagón ahora están divididos tras la utilización que de ellos hicieron intereses seudopolítico-religiosos. Se manosea fácil donde habita la necesidad. En otro lado de la ciudad se encuentra este grupo más numeroso de personas, que marchan todos los días a primera hora, soy testigo, frente a la empresa del grupo Pellas, el poder económico y empresarial de Nicaragua. Piden una indemnización en base a la ley que declara que la insuficiencia renal crónica es una enfermedad profesional. En principio, el reclamo parece justo, si no fuera porque antes hay que demostrar que los productos utilizados en el ingenio tienen relación directa con la terrible enfermedad crónica y mortal que padecen los que esperan que se les abra la puerta de la casa matriz del grupo Pellas para dialogar. El grupo argumenta que ya se les ha invitado al diálogo en otros espacios. Pero viendo esta fotografía es muy fácil que el corazón se te incline a un lado de la balanza, más allá de las razones, e incluso de la verdad que algún día se revele. La fotografía de la disputa no deja en muy buen lugar al grupo empresarial ni dentro ni fuera de Nicaragua. Ayer mismo comenzó una campaña internacional, promovida por algunos sindicatos que apoyan el plantón, para realizar acciones de boicot contra productos del grupo Pellas en el extranjero, entre ellos los de la marca Flor de Caña. Ariel dice que su empresa interpreta que si el grupo accede a dialogar, sería como admitir un principio de culpabilidad. Es su interpretación.
Lo que parece claro es que ambas partes, tanto la empresa como los afectados necesitan que se realice un estudio serio sobre las tierras y las aguas del ingenio que determine su grado de contaminación y las posibles consecuencias sobre la salud de sus trabajadores. No basta con que exista un buen hospital u otros beneficios justos en la zona. Un trabajador de caña, que gana poco más de 150 dólares mensuales sólo durante los seis meses del arduo trabajo de la zafra, no puede costearse, por ejemplo, un tratamiento de diálisis que cuesta casi el doble de su salario a la semana. Ante la magnitud de este problema, la responsabilidad social corporativa
es demasiado insuficiente y no alcanza a dar respuesta directa, a pesar de lo otros beneficios que aporte. Yo aprovecho la ocasión para desviarme del tema y expresarle al representante del grupo Pellas que una empresa del tamaño de la suya podría ser pionera en romper la balanza salarial de Nicaragua, y presionar para elevar los salarios, que no son mínimos, sino misérrimos, en comparación con las ganancias que sospecho aportan esos mismos trabajadores, ganancias tan difíciles de calcular, por otro lado, que no puedo acceder a esa información. Pero asumo que ése es otro tema y debo volver a centrarme.
Berta, la señora del plantón, probablemente no sepa qué producto sea el que más perjudicó la salud de su familia, ni el que mató a su hijo, ni el que tiene postrado a otro de ellos. Solamente sabe que quedó cuidando tres nietos de su hijo fallecido y que no tiene para dar de comer a todos ellos. Sólo sabe que sus hijos vivieron y trabajaron en el ingenio y que muy difícilmente alguien le podrá convencer de que no exista una relación causa-efecto que ha establecido en esta tragedia.
Pero creo, y así lo dije, que aunque Berta no sepa el producto que mató a su hijo, que aunque Berta no pueda recibir indemnización por no poderse establecer causalidad en las acciones de la Sugar Estate Company, merece por la misma historia de su dolor ligado al ingenio, por el mero hecho de haberse venido acertada o equivocada al predio de la Catedral, merece, insisto, que después de 90 días durmiendo en el suelo alguien le abra una puerta en ese enorme y único edificio, la casa matriz del grupo Pellas, y acepte al menos escucharle, aunque no puedan entenderse, aunque ella no pueda demostrar qué es lo que ha ocurrido con sus hijos. Pero el nicaragüense es una forma del español que invita al acercamiento. Ni Berta ni su grupo poseen muchas armas para un enfrentamiento con el grupo Pellas. Muchos han puesto lo que les queda de vida en ello. Si uno lo mira como en una foto, la desigualdad de esta lucha es atroz. Por eso, alguien debe tener el gesto de bajarse a dialogar, con las razones de cabeza y de corazón, desde lo que se considera la casa matriz del grupo. Mientras, esperamos que un estudio científico, absolutamente independiente, venga un día a despejarnos por fin las dudas de lo que pueda o no haber estado ocurriendo todos estos años en el ingenio San Antonio. Berta no habla con odio, ni con violencia. Lo que no puede evitar es la tristeza.
* Francisco Javier Sancho Más es periodista y escritor hispano-nicaragüense, columnista de El Nuevo Diario de Nicaragua y colaborador de medios como El País de España.
