San Sebastián Bachajón, Chis., 26 de junio. Los representantes ejidales de San Sebastián Bachajón tienen tres exigencias al gobierno del estado, según expresaron esta tarde: “Primero, queremos la libertad inmediata de nuestros siete compañeros presos, porque son inocentes. Segundo, que se retiren todos los agentes de la ‘policía sectorial’ (o Estatal Preventiva, PEP) de nuestras tierras. Tercero, que nos devuelvan el banco de grava del ejido”.

Sus compañeros se encuentran en el penal El Amate, en Cintalapa de Figueroa, luego de ser aprehendidos por las autoridades, entre el 13 y el 18 de abril, bajo cargos de asalto y asociación delictuosa, que tanto ellos como sus compañeros niegan. Dicen que se trata de fabricaciones y autoinculpaciones obtenidas bajo coerción. Ellos son: Jerónimo Gómez Saragos, Antonio Gómez Saragos, Jerónimo Moreno Deara, Miguel Demeza Jiménez, Sebastián Demeza Deara, Pedro Demeza Deara y Alfredo Gómez Moreno.

Por cierto, en el contexto de decenas de liberaciones ordenadas por el gobernador Juan Sabines Guerrero en distintos penales de la entidad, este jueves corrió el rumor, que resultó falso, de que habían sido liberados. Esta mañana se confirmó que los siete permanecen en prisión y sin cambios en su situación jurídica.

Si no liberan a nuestros compañeros tomaremos otras medidas, advierten los indígenas.

La PEP mantiene un campamento en tierras del ejido, en el lugar donde estuvo la caseta de cobro de los indígenas, en el acceso a las cascadas de Agua Azul. No sólo eso. Durante el día, decenas de agentes vigilan el crucero con la carretera a Palenque. Además, como explica una mujer tzeltal con gran vivacidad, se meten en los caminos, roban las parcelas, nos espantan cuando vamos a la milpa y nosotras ya no nos atrevemos a salir.

Apenas ayer, los policías dispararon en presencia de varias mujeres de San Sebastián Bachajón, en Maquichab, cerca de un pozo donde ellas trabajaban y sacaban agua. Estaban amenazando a la gente, dice la tzeltal.

No tienen nada que vigilar aquí, abunda un miembro de la autoridad ejidal en conversación colectiva con este reportero.

La mina de grava, propiedad de todos los ejidatarios, subrayan, es explotada desde hace más de dos semanas. Intensivamente, según comprobó La Jornada esta tarde. Al menos seis máquinas extraen grava y piedra. Lo hacen en beneficio de los priístas (que son minoría, y miembros de la Organización para la Defensa de los Derechos Indígenas y Campesinos, Oppdic).

No sabemos dónde llevan el material, agregan visiblemente inconformes y ofendidos. Despojo sobre despojo, los ejidatarios de San Sebastián Bachajón, adherentes a la otra campaña del EZLN, se saben víctimas de las ambiciones gubernamentales para construir una autopista entre San Cristóbal de las Casas y el ya anunciado aeropuerto internacional, de inminente construcción en las afueras de la ciudad de Palenque.

Ayer, en Jolomatzá fue visto un equipo de agrimensores tomando registros, sin autorización, aunque son tierras de nosotros. También se les ha observado en los alrededores del crucero, ocupado por la PEP.

Tanto la explotación de la mina como el control de acceso turístico a las cascadas de Agua Azul son realizados por trabajadores y agentes estatales, en abierta colaboración con el grupo de la Opddic, acusado con anterioridad de paramilitar, y ahora involucrado en actos de corrupción evidente.

La PEP sólo permite que los de Opddic nos chinguen, aseveran los ejidatarios.