l duelo por los niños de la guardería de Sonora tiene que ser redimido con un profundo reclamo al Estado para que se responsabilice de sus tareas fundamentales. No puede dejar sin protección a los niños y a las niñas mexicanas, ni dejar de cumplir con la sociedad para garantizarle los derechos básicos que se establecen en la Constitución y en las diversas leyes.

En México trabajan más de 16 millones de mujeres y 5 millones 717 mil 659 hogares son sostenidos por ellas. Además, en todos los casos cooperan con su trabajo doméstico y muchas veces con el gasto. También mantienen y cuidan a los padres ancianos y a los enfermos de las familias, supliendo las omisiones del gobierno en los aspectos de protección social y salud.

De las mujeres que laboran, menos de la mitad tienen seguridad social, porque se encuentran entre los más de 13 millones de trabajadores informales. Esta cifra ha ido aumentando porque el modelo de país actual, tiende –desde hace varios años– a abaratar el costo del trabajo, sacrificando garantías y derechos laborales.

El IMSS sólo puede atender a uno de cada cuatro niños que requieren guarderías, es decir, sólo cubre 24% de la posible demanda. Aún con las guarderías subrogadas sólo dio servicio a 228 mil infantes, frente a una demanda potencial de 935 mil.

En los primeros años después de que esta prestación fue inscrita en la Ley del Seguro Social se construyeron y operaron 145 guarderías basadas en un modelo de atención de alta calidad. Fueron durante un tiempo orgullo de la seguridad social mexicana.

Desde hace varios años el IMSS inició un proceso de privatización y de pauperización de las guarderías. Se decidió que el costo por niño era muy alto y que debía ahorrarse en este rubro, por lo que se op-tó por disminuir el presu- puesto por infante e iniciar el proceso de subrogación.

Según la Auditoría Superior de la Federación, el promedio mensual de costo de atención por niño en las guarderías operadas por el IMSS es de $3,781 pesos y en las subrogadas es de $1,627 pesos. Estas guarderías son operadas como negocio y tienen que dejar utilidades, a pesar de que la Ley del Seguro Social sólo permite, según lo especifica su artículo 213, que la subrogación o reversión de cuotas se realice con los patrones que tengan instaladas guarderías en sus empresas o establecimientos, cuando éstas reúnan los requisitos señalados en las disposiciones relativas.

Según los resultados de las auditorías realizadas por la ASF en 2002, 2003 y 2005, y publicados en La Jornada, es evidente la falta de calidad de los servicios y de seguridad básica en las edificaciones.

Actualmente hay mil 417 guarderías subrogadas. La lista de sus propietarios no se ha dado a conocer hasta hoy, lo cual habla de una falta inaceptable de control y de transparencia. Lo más grave es que, según hemos visto después de la tragedia, no existía un modelo de atención ni de supervisión que garantizara la seguridad de los niños, ni la calidad de los servicios que describe con precisión la Ley del Seguro Social en los artículos del 201 al 204.

Es muy claro que todos estos cambios responden a los paradigmas del Estado neoliberal de desmantelar el Estado benefactor, de socializar los ahorros y cargarles las pérdidas a los más desprotegidos para privatizar las ganancias y privilegios entre muy pocos.

A los activistas del Estado neoliberal se han sumando ahora los moralistas que han promovido reformas constitucionales para incluir el derecho a la vida desde la concepción. Lo han logrado ya en 11 estados de la República. Con esta noble tarea lograrán que nazcan más niños en un país cuyo Estado enflaquecido y cuya sociedad “benefactora“ no podrán garantizarles sus derechos básicos, ni siquiera el de la salud ni el de la sobrevivencia. Entre estas dos realidades absurdas y contradictorias se encuentran acorraladas las mujeres de México y en especial las madres trabajadoras.

Es momento para reflexionar a fondo. La tragedia de la guardería de Hermosillo es el reflejo de una serie de fallas y omisiones en la planeación y realización de políticas públicas. El problema radica en que el Estado ha ido abdicando de sus responsabilidades. La privatización y la subrogación de los servicios ha implicado prácticamente la no supervisión y la falta de modelos de operación que garanticen la calidad de los servicios y la seguridad de las personas asistidas.

Los derechos de los trabajadores, de las mujeres, de los niños y de las personas o grupos en situación de vulnerabilidad deben ser garantizados por el gobierno. Si continuamos con la visión neoliberal de un Estado empequeñecido, nunca podremos superar el déficit democrático del que nos habla Noam Chomsky. Detengamos la reducción y privatización de las instituciones, un Estado rebasado es un Estado fallido.