A ninguna universidad pública estatal o federal se le recortarán los recursos financieros asignados por la Cámara de Diputados en 2009, afirmó Rafael López Castañares, secretario ejecutivo de la Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior (ANUIES), quien agregó que es un hecho y nos dio mucho gusto porque lo aseguró el secretario de Educación Pública, Alonso Lujambio.

Luego de que las secretarías de Educación Pública (SEP) y de Hacienda acordaran solicitar ahorros voluntarios a las instituciones de educación superior para hacer frente a la crisis económica que vive el país, destacó que gracias al trabajo de acompañamiento de legisladores, de la propia SEP y ANUIES tenemos resultados que están a la vista, por lo que insistió en que no se aplicará recorte alguno.

No obstante, reconoció que para el presupuesto 2010 tendremos que esperar hasta finales de septiembre, a fin de conocer la integración definitiva de las comisión legislativas, en particular las de Educación y Servicios Educativos, así como de Ciencia y Tecnología, para ver cuál es la composición final e ir platicando sobre el asunto, aunque reiteró que las universidades públicas del país esperamos que entre los nuevos legisladores siga existiendo sensibilidad sobre las necesidades de la educación superior.

También destacó que la decisión del pasado miércoles de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), relativa a que los procesos para elegir rectores en las universidades públicas no pueden ser impugnados mediante juicios de amparo, fortalece la autonomía universitaria.

En la ANUIES, indicó, celebramos muchísimo la determinación asumida por la SCJN, al establecer que la elección y remoción de autoridades en las instituciones públicas de educación superior sólo compete a las instancias internas, y agregó que las casas de estudio siempre han sido transparentes en los mecanismos y reglas para elegir autoridades, así como en las condiciones en que se puede impugnar.

Enfatizó que la decisión de la Corte es muy oportuna, porque fortalece y da garantía institucional a las universidades públicas en un momento muy difícil, en el que una vez más se reconoce el valor de la autonomía universitaria.