El juicio en el que dos ciudadanos denunciaron por daño moral a un juez, un secretario de juzgado y, de manera solidaria, al Consejo de la Judicatura Federal (CJF) no es competencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).

Este asunto inédito, en el que dos personas demandaron a más de 50 autoridades (con diversos grados de responsabilidad) por el daño causado a partir de que les fue dictado un auto de formal prisión, continuará su trámite en el cuarto juzgado de distrito con sede en Jalisco, resolvieron ayer los ministros del máximo tribunal.

El problema jurídico que superaron los ministros fue que el juicio ordinario civil entablado por Octavio Rábago Aceves y Víctor Manuel López Arias fue presentado antes de que se reformara la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos, por lo que tenían que decidir si el juicio era procedente.

La historia del asunto indica que los acusados iban por la calle al ser detenidos por policías; los presentaron ante el Ministerio Público y ahí se les acusó de portar armas y droga, por lo que fueron consignados al juez segundo de distrito, quien les dictó auto de formal prisión.

Sin embargo, meses después un tribunal unitario revocó la decisión y ordenó que de inmediato fueran puestos en libertad.

Ambos presentaron un recurso de queja ante el CJF en contra del juez y de su secretario proyectista; sin embargo, la queja fue declarada infundada, por lo que iniciaron el juicio ordinario civil federal no sólo contra los juzgadores y el CJF, sino también contra quienes participaron de una u otra manera en su detención y sentencia.

Los demandantes exigen que se finque responsabilidad civil derivada del daño moral a todos funcionarios involucrados.