El juzgado segundo de distrito en materia penal con sede en Tepic, Nayarit, dictó auto de formal prisión en contra de 20 ex servidores públicos y siete alcaldes (cuatro del PRI, dos panistas y un perredista) de Michoacán, quienes serán juzgados por los delitos de delincuencia organizada y contra la salud.

La Procuraduría General de la República (PGR) informó que como parte de las acciones del combate a la delincuencia organizada, la Subprocuraduría de Investigación Especializada en Delincuencia Organizada (SIEDO) logró que se dictara el auto de formal prisión en contra de estas 27 personas, las cuales fueron trasladadas de la ciudad de México a la prisión federal de El Rincón, Nayarit, el pasado viernes 19 de junio.

El factor La Familia

La determinación judicial ocurrió a pesar de que todos los funcionarios michoacanos detenidos utilizaron el plazo a que tienen derecho para presentar pruebas de su inocencia de los cargos que les imputó el Ministerio Público Federal.

La PGR dijo que “las investigaciones realizadas por el fiscal de la Unidad Especializada en Investigación de Delitos contra la Salud de la SIEDO, permitieron establecer que los 27 ahora procesados presumiblemente aprovecharon su calidad de servidores públicos para llevar a cabo actividades que favorecían y fomentaban las actividades de narcotráfico de la organización criminal autodenominada La Familia”.

Se debe recordar que el pasado 26 de mayo, agentes federales y efectivos del Ejército Mexicano realizaron operativos en los municipios michoacanos de Coahuayana, Aquila, Buenavista, Tepalcatepec, Arteaga, Tumbiscatío, Zitácuaro, Uruapan, Ciudad Hidalgo, Apatzingan y Lázaro Cárdenas. Con excepción del último municipio, en todos los demás fueron aprehendidos los alcaldes, y entre los 20 servidores públicos que el gobierno federal capturó se encuentran el ex procurador general de Justicia del estado Miguel García Hurtado; Citlalli Fernández González, asesora del gobernador Leonel Godoy Rangel, y Mario Bautista Ramírez, ex secretario de Seguridad Pública de Michoacán.

En suma, el gobierno federal detuvo a 30 personas y de ellas 27 fueron consignadas; las otras tres son los alcaldes de Coahuayana, Audel Méndez Chávez; Aquila, José Cortés Ramos, y de Buenavista, Osvaldo Esquivel Lucatero.

Los abogados defensores de los funcionarios detenidos informaron haber sido notificados de la resolución del juzgado segundo al filo de las 20 horas, y explicaron que con esta resolución los 27 ahora procesados han perdido las prerrogativas políticas y no podrán gozar de libertad provisional bajo caución ni obtener un amparo contra su proceso judicial, porque los delitos que se les imputan son considerados graves.