Políticas antidemocráticas como clientelismo, corrupción, compadrazgo, impunidad y represión a la disidencia persisten en México, advirtió el Instituto Federal Electoral (IFE).

Al respecto, el consejero electoral Alfredo Figueroa precisó que tales prácticas no son exclusivas de un sector, sino que están vinculadas a acciones de todos los niveles de gobierno y de todos los partidos políticos.

No podemos cantar victoria ni mucho menos; (la coacción del voto) es desde luego una preocupación. Elección tras elección se siguen documentando estos intentos por comprar el sufragio de las personas, principalmente en esto que se llama campañas de tierra, señaló.

Sin embargo –dijo–, se reciben pocas denuncias penales, aun cuando siguen existiendo estas prácticas propiciadas por la situación de desigualdad que prevalece en el país, fuente inevitable para que estos delitos florezcan.

En tanto, Jesús Cantú, investigador universitario y ex consejero electoral, señaló que aunque este tipo de presiones o de ofertas a los ciudadanos persisten, tras la reforma electoral de 2007 han surgido otras formas para inducir el sentido del sufragio, como vía para eludir la prohibición legal de contratar espacios en radio y televisión.

Existen cuatro nuevos patrones o grandes distorsiones en ese sentido: la multiplicación de los llamados infomerciales, por ejemplo, los mensajes evidentemente proselitistas disfrazados de informes de gobierno o entrevistas a modo a legisladores y gobernantes.

Ello puede ser más negativo (que la coacción tradicional) porque el ciudadano puede ser engañado. Esto se debe a que estamos ante una reforma electoral inacabada que adolece de cambios en las leyes de radio y televisión y de telecomunicaciones, dijo Cantú.

Puntualizó que otra de las grandes distorsiones es el propio vacío que a propósito hacen estaciones de radio y canales de televisión respecto de las plataformas de campaña; además, la precaución para debatir por las propias limitaciones impuestas por la enmienda y, en especial, la perversión de partidos, como el Verde Ecologista de México, de presentar propaganda disfrazada de informes de legisladores.

Es muy lamentable lo que estamos viviendo. El ciudadano tiene poca información sobre sus candidatos y las propuestas, advirtió Cantú.

A su vez, Eduardo Huchim, ex consejero del Instituto Electoral del Distrito Federal, dijo que los partidos políticos han envilecido el voto, desde el momento que usan programas sociales para inducir el sufragio, o cuando ofrecen becas y aparecen en portadas de revistas. En tanto, aseguró, la autoridad electoral no hace nada.

En la Guía para la promoción del voto libre y razonado, el IFE pide a los promotores del sufragio tomar en cuenta las condiciones de cada localidad: historia de participación de la comunidad, el nivel de abstencionismo, las características del voto razonado, así como las de compra y coacción.

En esa guía se incluye un estudio acerca del monitoreo de programas sociales en contextos electorales, elaborado por diversas instituciones académicas y de análisis de la opinión pública.

Ahí se alerta acerca del limitado ámbito de acción del IFE ante el uso político de los planes de apoyo para los adultos mayores, principalmente, pero sobre todo advierte que ese fenómeno está estrechamente relacionado con la situación de pobreza de la población, campo fértil para recibir las ofertas clientelares de bienes y servicios.

En otro informe –anexado a la guía en referencia–, elaborado por el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), se destaca que aunque ha crecido la confianza en el voto secreto, subsisten temores respecto de su efectividad y la transparencia de las elecciones. Además, precisa, la manipulación es cada vez más sutil.

De las formas de manipulación del voto relacionadas con los programas sociales, la práctica clientelar es la más extendida en México, pero las formas más sutiles con las que se llevan a cabo tornan más difícil su prevención, detección y penalización que en el pasado, señala el PNUD en el Diagnóstico sobre la vulnerabilidad político-electoral de los programas sociales federales, puesto a disposición también de los promotores del voto a los que hizo llegar su mensaje el IFE.

Con base en la idea central que el ejercicio del voto es una condición necesaria para que un régimen pueda llamarse democrático, el IFE instruye a los promotores –quienes deben sujetarse a un reglamento– para que los ciudadanos acudan a las urnas y el sufragio sea libre y razonado.