Diputadas federales de los partidos de la Revolución Democrática, Social Demócrata y Convergencia presentaron una demanda de juicio político contra el gobernador del estado de Jalisco, Emilio González Márquez, por atentar reiteradamente contra los derechos y la dignidad de las mujeres en el estado.

La demanda se basa en la negativa sistemática del gobierno estatal a dar servicios médicos e información sobre salud sexual y reproductiva, y en la aplicación de una política de violencia y discriminación de género que vulnera los principios más elementales del Estado laico.

Maricela Contreras, Marina Arvizu, Elsa Conde, Marta Angélica Tagle y Yolanda Rodríguez se presentaron en la Secretaría General del Legislativo para entregar la demanda.

Destacaron también el apoyo del panista a una reforma constitucional que penaliza el aborto, aun cuando el embarazo ponga en peligro la vida de la madre o sea producto de una violación, lo que contraviene normas nacionales e internacionales y profundiza la discriminación contra las mujeres, refiere la queja.

Otra imputación se refiere a la impugnación promovida por González Márquez ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) contra la norma oficial mexicana sobre violencia familiar, sexual y contra las mujeres, aprobada el 16 de abril. Este ordenamiento obliga a los hospitales públicos y privados a practicar abortos a mujeres víctimas de violación que lo soliciten.

La demanda señala que en Jalisco cada día son violadas dos personas, la mayoría niñas y adolescentes: de 2005 a 2008 se registraron mil 643 casos, y sólo se procesó penalmente a 91 acusados. Además, en Jalisco el aborto ilegal causa 7.7 por ciento de las muertes de mujeres.

El mandatario, sostienen las legisladoras, ha violado la Convención para la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer; la separación Estado-Iglesia y el carácter laico del Estado, estipulados en los artículos 24 y 130 de la Constitución.

Mientras, ha usado 443 millones 500 mil pesos del erario para hacer donaciones a televisoras y a organismos ligados al clero.