La Comisión Federal de Competencia (CFC) aplicó multas por un total de 419 millones de pesos a Grupo Carso, Grupo México, Sinca Inbursa, Ferromex y Ferrosur, por considerar que, de manera directa o indirecta, cometen prácticas monopólicas absolutas como operadores de las empresas ferroviarias o tenedores de acciones, y ordenó que dejen de causar daño al mercado, ya que Ferromex y Ferrosur actúan como empresas fusionadas y controlan el precio de los servicios.

El presidente del órgano antimonopolios, Eduardo Pérez Motta, dijo que se trata un hecho grave que debe sancionarse y revertirse. Señaló que la multa aplicada a cada una de las empresas involucradas en este caso corresponde a la máxima que marca la Ley Federal de Competencia Económica, lo que refleja la gravedad de la práctica y confirma que la comisión hará cumplir la ley con todas las herramientas legales a su alcance.

Esta decisión del pleno de la CFC confirma la resolución que tomó en noviembre de 2006 de no autorizar la fusión de Ferromex y Ferrosur por diversos factores, como el hecho de que en 2005 se fusionaron un día después de notificar esa intención a la CFC, y sin esperar la autorización. Pero sobre todo porque su operación como una sola empresa provocaría una concentración excesiva en el mercado de transporte ferroviario de carga, en detrimento de la eficiencia de este mercado y, por lo tanto, en perjuicio de los consumidores de ese servicio.

Antes de imponer las multas correspondientes a las prácticas monopólicas, la comisión siguió todo el proceso de reconsideración al que tienen derecho las empresas. Sin embargo, el 9 de junio pasado el pleno concluyó de forma definitiva que Ferromex y Ferrosur no tenían derecho a fusionarse. En consecuencia, desde el punto de vista jurídico, las empresas siguen siendo competidoras entre sí y por lo tanto están sujetas a la Ley de Competencia como empresas independientes.

Entre las faltas más severas encontradas por la CFC en el desempeño de Ferromex y Ferrosur, el organismo destacó que a pesar de la prohibición de la fusión, ambas empresas coordinan sus operaciones y específicament, han intercambiado información con el objeto de concertar precios. Con ello son responsables de una violación directa de la prohibición de realizar prácticas monopólicas absolutas, prevista en la fracción primera del artículo 9 de la Ley Federal de Competencia Económica.