Guadalajara, Jal., 23 de junio. El gobernador Emilio González Márquez impugnó ayer ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) la nueva norma oficial mexicana sobre violencia familiar y sexual contra las mujeres, con el propósito de evitar la práctica de abortos a víctimas de una violación. La solicitud de amparo federal del gobernante panista fue recibida con reacciones en contra por organizaciones feministas.

El pasado 16 de abril, el Diario Oficial de la Federación publicó la NOM-0046-SSA2-2005, que obliga a los hospitales públicos del país a brindar la anticoncepción de emergencia y practicar abortos a las mujeres víctimas de violencia sexual.

En Jalisco, la recién aprobada ley antiaborto no contempla esta exclusión; incluso el gobernador panista ha señalado en diversos foros –salvo en el debate que sostuvo por televisión con Marcelo Ebrard Casaubon y Enrique Peña Nieto– que él está en favor de la vida desde la concepción.

La controversia constitucional presentada por González Márquez generó rápida reacción. Esta mañana, un grupo de al menos cien mujeres –la mayoría simpatizantes del Partido Social Demócrata (PSD)– realizaron un mitin frente al palacio de gobierno, en la ciudad de Guadalajara. Amarradas de las manos unas junto a otras, para simbolizar la criminalización que se ha hecho del tema, las ciudadanas exigieron al gobernante que respete el derecho a decidir sobre su propio cuerpo.

Globalización también es respetar los derechos humanos

El gobernador quiere un Jalisco que sea globalizado; pero en esa globalización también se necesita que haya respeto a las leyes y derechos humanos internacionales, dijo Marlene Valenzuela, candidata a diputada federal en el distrito 6, por el PSD.

Las manifestantes recordaron que la NOM-0046 surgió de una recomendación de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos luego del caso de Paulina, la niña de 13 años de edad que no pudo abortar por impedimento del estado. También pidieron la intervención de la Comisión Estatal de Derechos Humanos para que presente una acción de inconstitucionalidad para evitar que progrese la tentativa de González Márquez.

La Ssa debe intervenir: PSD

Por su parte, la dirigencia nacional del PSD hizo un llamado a la Secretaría de Salud (SSa) federal para que intervenga en este caso y calificó la acción del mandatario jalisciense de falta de respeto al Estado laico, pues pretende imponer su religión y sus prejuicios morales sobre el estado de derecho.

Luciano Pascoe Rippey, vicepresidente nacional de ese partido, dijo que es inadmisible que González Márquez promueva normas con base en sus valores personales y morales, y que anteponga sus intereses religiosos a los de la sociedad, por lo que consideró anticonstitucional dicha impugnación.

Lo que pretende el gobernador es criminalizar a las mujeres que han sido víctimas de una violación y negarles su derecho a interrumpir el embarazo producto de la violencia, y les inflige la condena a ser madres.

Por ello, no sólo exigió al mandatario panista mantener la obligación de los médicos de ofrecer la píldora de emergencia a las mujeres que han sufrido una violación, sino que además eleve el nivel de sus derechos a poder interrumpir el embarazo a aquellas mujeres que lo desean.