La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) votó contra sus intereses y resolvió que tanto ella como el Consejo de la Judicatura Federal (CJF) –incluidos juzgados y tribunales– deben pagar por el servicio de agua potable y alcantarillado en el Distrito Federal.

En votación dividida (siete contra dos), los ministros señalaron ayer que los órganos del Poder Judicial de la Federación no están exentos de dicho pago; sin embargo, el pleno postergó, por razones de técnica jurídica, la resolución de asuntos en los cuales los gobiernos de Aguascalientes, Nuevo León y Baja California exigen también a las autoridades judiciales que cubran las cuotas por el suministro del líquido.

No obstante, se prevé que la decisión será la misma. El artículo 115 constitucional exime a las dependencias federales del pago de impuestos, pero no de servicios.

Posteriormente, los ministros comenzaron a evaluar si la SCJN y el CJF deben efectuar desembolsos por impuesto sobre nómina.

En el contexto de la discusión, José Ramón Cossío, Margarita Luna Ramos, Fernando Franco y José de Jesús Gudiño Pelayo aclararon que están en contra de que el pleno resuelva ese tipo de consultas, porque no está legitimado para votar temas que lo involucran directamente. Sin embargo, la mayoría ya había decidido de manera previa que los presentes en la sesión tenían que votar los asuntos listados.

El origen de esos temas se remonta a 2006, cuando Mariano Azuela pidió al gobierno capitalino que exentara a la SCJN y al CJF de los pagos por predial, agua potable e impuesto sobre nómina. Pero éste sólo lo favoreció con la condonación del primero. Entonces, el ministro solicitó una consulta a la Corte para que determinara sobre el pago de las obligaciones mencionadas.

Con la oposición de Sergio Aguirre Anguiano y Juan N. Silva Meza, la mayoría resolvió que todas las entidades públicas están obligadas a cubrir impuestos y deben contar con una partida especial del presupuesto para ello.

Señalaron que el pago por el servicio de agua tiene que realizarse, independientemente de que la empresa que suministre el líquido sea municipal o privada.

Respecto del debate en torno al impuesto sobre nómina, de los nueve ministros presentes en la sesión (Mariano Azuela y Guillermo I. Ortiz Mayagoitia se excusaron de conocer los asuntos) tres hablaron en favor de que los órganos que integran al Poder Judicial de la Federación efectúen dicha erogación y uno se pronunció en contra.

La controversia se centró en precisar si los órganos judiciales tienen capacidad contributiva. Aguirre planteó que no, que la Corte y el Consejo no generan riqueza. Además, que sería absurdo que el Estado se pagara impuestos. Mientras tanto, Góngora sostuvo que el pleno no puede avalar ninguna situación de inmunidad tributaria, porque en este caso existe además la capacidad económica para pagar el impuesto.

El análisis de esos asuntos continuará este martes.