Definida como una reforma electoral de vanguardia, los cambios en la legislación han generado el mayor malestar entre los grandes consorcios televisivos, el cual se ve reflejado en notas y reportajes contra los organismos comiciales.

El origen de tal enojo es la pérdida de un importante negocio en periodo electoral y que además deben transmitir promocionales (gratuitos) en horarios de mucho valor comercial, señala un informe de Fundaciones Internacionales Electorales para Sistemas (IFES, por sus siglas en inglés).

El organismo subraya el carácter duopólico de la estructura de la televisión en México, la irritación por la reforma aprobada y la reación que ocasiona, al punto de que se cuestiona la aplicación de la norma por el Instituto Federal Electoral (IFE), al que confrontan de modo recurrente, poniendo en juego su legitimidad.

En el contexto de la presentación del informe en la sede del IFE, los expertos del organismo señalaron algunos defectos de la reforma, como su excesiva constitucionalización y algunos sesgos contradictorios, pues pasa a atribuir al órgano electoral una función persecutoria, censora y sancionatoria, pero reduce su autonomía e independencia.

De igual forma, el estudio cuestiona las relaciones que se han derivado de la aplicación de dicha reforma entre el IFE y el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, toda vez que, en algunos casos, este último ha puesto en duda la actuación del instituto a la hora de desestimar las sanciones a los medios de comunicación, exigiéndole una actuación más consistente.

El organismo considera que el IFE enfrenta un contexto hostil para la aplicación de las nuevas normas, a lo que se agregan las acciones aún vivas de cuestionamiento al proceso electoral de 2006. Puede concluirse que la complejidad del nuevo marco legal, la dificultad del contexto político actual y el modo en que actúa el instituto encargado de llevar adelante el proceso electoral augura serios conflictos de muy difícil composición local, todo ello en un país que no es especialmente permeable al acompañamiento internacional.

Destaca que el punto más importante de la reforma es el cambio en la comunicación política y en la prohibición de adquirir publicidad en medios electrónicos. No es exagerado afirmar que el aspecto esencial de la reforma es el acceso de los partidos a los medios, que se inserta en un contexto más amplio en México, dado el carácter de duopolio que domina la televisión mexicana.

Añade que el problema percibido es doble. Por una parte se trataba del negocio de las televisoras, gracias al generoso financiamiento público de los partidos, que gastaban porcentajes importantes de sus recursos comprando espots en televisión. El poder político de los medios creció desmesuradamente porque se convirtieron en el elemento fundamental para (los candidatos) darse a conocer.

Aunado a ello, el documento delinea otra causa de irritación entre las televisoras; cita, por ejemplo, que en el cumplimiento de la pauta de los promocionales por el gobierno federal, la multa máxima para éste alcanza 100 dólares, los espots no son monitoreados y podrían ser transmitidos dentro de una amplia franja horaria. Además, cualquier diferendo legal podría implicar un litigio con duración de hasta ocho años en los casos que se interpusieran amparos.

En contraste, las sanciones que aplica el IFE alcanzan hasta 500 mil dólares, los espots sí son monitoreados y el horario de transmisión sí importa a la autoridad electoral. Al mismo tiempo, en el caso de haber litigio entre las partes, el tiempo de desahogo es, en promedio, de tres meses.