El gobierno mexicano se quedó corto al calcular la profundidad del golpe recesivo mundial, reconoció este jueves Agustín Carstens Carstens, secretario de Hacienda y Crédito Público, un día después que una medición oficial reveló que la actividad manufacturera registró la mayor contracción desde que existen datos estadísticos.

A toro pasado es relativamente fácil dictaminar que casi nadie previó la magnitud que habría de tomar la crisis financiera en el sector hipotecario de Estados Unidos, iniciada en el verano de 2007, declaró Carstens, al participar en una reunión de la Asociación Hipotecaria Mexicana.

El secretario de Hacienda aseguró que en el caso de México el gobierno tuvo desde finales de 2007 un diagnóstico correcto de la enfermedad que se avecinaba: se estaba gestando una fuerte recesión mundial caracterizada por una caída severa de la demanda en las economías industrializadas y sobre todo en Estados Unidos, el principal mercado de las exportaciones mexicanas.

Aun con ese diagnóstico correcto, según sus palabras de ayer, en febrero de 2008 el secretario Carstens aseguró que la economía mexicana sólo experimentaría un catarrito por la crisis a la que, en ese momento, se adentraba Estados Unidos.

Pero si el diagnóstico respecto de la naturaleza del mal fue el correcto, para nadie es un secreto que, como todo el mundo, nos quedamos cortos al calcular la profundidad y la extensión del golpe recesivo mundial. ¿Por qué? Porque aun en esos momentos, hablo de finales de 2007 y principios de 2008, era sumamente improbable que se sumaran a la crisis financiera inicial todo un conjunto de factores negativos que configurarían, como ahora sabemos, un escenario de tormenta perfecta, dijo.

El miércoles pasado, un reporte oficial dio a conocer que la actividad industrial tuvo en abril una caída de 13.2 por ciento a tasa anual, la mayor en 14 años, mientras el sector de manufactura se contrajo 18 por ciento, un desplome sin antecedente en los registros estadísticos.

Ambos datos mostraron la profundidad de la crisis económica en México, que llevará a una contracción del producto interno bruto (PIB) de 5.1 este año, según la más reciente estimación de la Secretaría de Hacienda. Analistas privados calculan que el desplome puede llegar a 7.1 por ciento, de mayor magnitud al de 6.2 por ciento registrado durante la crisis de 1995.

A finales de 2008, cuando el gobierno federal, según lo expuesto ayer por Carstens, ya tenía información sobre la magnitud de la crisis que venía, la Secretaría de Hacienda aseguró que en 2009 el producto interno bruto tendría un aumento de 3 por ciento.

En el discurso de este jueves, el titular de Hacienda aseveró que la respuesta del gobierno federal a la crisis económica ha sido oportuna y se han empleado todas las herramientas y políticas públicas disponibles para mitigar los efectos destructivos de esta crisis inusitada.

Sin riesgos fiscales

El secretario Carstens anticipó que el gobierno federal no incurrirá en un mayor déficit fiscal, aun cuando la recaudación de impuestos mostró en abril caídas hasta de 30 por ciento en los relacionados con el pago de nóminas y al consumo. También planteó que sea retomada la discusión sobre reformas al sistema tributario, aunque sin aludir a propuestas recientes del sector empresarial por aplicar un impuesto al consumo de alimentos y medicinas, hoy exentas de este tributo.

Uno de los desafíos que hoy plantea la crisis, dijo, es aprovechar al máximo el margen de maniobra que ofrecen al gobierno las finanzas públicas para mantener una estrategia contracíclica (de uso de programas y recursos públicos para estimular áreas de actividad productiva) sin incurrir en riesgos que más tarde habríamos de lamentar.

En ese sentido hemos asegurado dentro y fuera del país que el gobierno de México en ningún momento se ha planteado, ni se planteará, exceder los límites prudentes de un déficit fiscal temporal que represente una baja proporción respecto del PIB, dijo Carstens, quien la semana pasada estuvo en Estados Unidos para entrevistarse con representantes de firmas financieras que han cuestionado la solidez fiscal de la economía mexicana.

El 11 de mayo pasado la firma de calificación de valores Standard and Poor’s colocó en perspectiva negativa la calificación de la deuda pública de México, como un reflejo del deterioro del país en su posición fiscal y la dificultad política de realizar reformas que incrementen los ingresos disponibles del sector público.

Para este año, el gobierno federal espera que el déficit fiscal, la diferencia entre los ingresos y los gastos, incluido el pago de la deuda pública, no supere 1.8 por ciento del PIB.

Tenemos que promover e impulsar una agenda de reformas estructurales que garanticen a mediano y largo plazos no sólo el sostenimiento de unas finanzas públicas sólidas, sino sobre todo la competitividad de la economía mexicana, apuntó Carstens ayer.

Las reformas, consideró, sólo podrán construirse mediante un amplio consenso y con un sentido de urgencia. Son particularmente importantes para que la economía mexicana no sólo recobre su dinámica de crecimiento, sino que la acelere, planteó.