En el caso Iztapalapa, el Instituto Federal Electoral y el Instituto Electoral del Distrito Federal fueron notificados del desacato que involucra no sólo a la directiva del PRD en la capital, sino a ese partido a escala nacional. Así lo instruyó el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), a fin de garantizar que ambos niveles del perredismo tomaran conocimiento de ello.

Sin embargo, ello no implicaría una doble sanción, sino que cada organismo determinara, en función de sus facultades, los alcances de las acciones que pudieran emprender, derivadas, precisamente, del doble desacato de sentencia en cuestión (una cuando ocurrió el fallo original y otra cuando Silvia Oliva impugnó la inejecución de sentencia), señalaron fuentes del máximo tribunal electoral del país.

En tanto, los siete magistrados que integran la sala superior del TEPJF iniciaron una ronda de encuentros con organizaciones civiles que han sido críticas de sus sentencias recientes, en particular sobre el caso Iztapalapa.

Tras el encuentro con los magistrados, el Comité Conciudadano para la Reforma Electoral, integrado por medio centenar de organizaciones civiles y analistas de este tema, afirmó que la atracción del recurso de Silvia Oliva (de la sala regional a la sala superior) violó la igualdad procesal en perjuicio de Clara Brugada. Además, Oliva presentó su solicitud a destiempo.

Una comisión del comité, integrada por Eduardo Huchim, Jesús Cantú, Clara Jusidman y Ana Saiz, fue llamada por los magistrados, quienes –en opinión de los analistas– no están preocupados por las consecuencias de su fallo, sino por difundir las razones con base en las cuales cancelaron el registro de Brugada y ordenaron la sustitución.