Raúl Benet
El fin de la primera década del siglo XXI será recordado
como el inicio de la Gran Crisis. También
debe ser registrado como el boom en la era de los
agrocombustibles.
La significativa contribución de los combustibles fósiles
a la crisis climática; su carácter finito y la reducción de
sus reservas; las graves implicaciones geopolíticas para las
economías más poderosas, y todo esto aunado a las grandes
oportunidades de negocio y acumulación que se vislumbran
en las fuentes alternativas, conducen a las corporaciones y a
los gobiernos al nuevo paraíso de la gran promesa: los agrocombustibles,
que son vistos como la solución mágica que
permitirá a las corporaciones seguir alimentando un modelo
basado en el crecimiento económico, la acumulación indefinida
de riqueza y la proliferación de más y más objetos
de consumo, por supuesto dentro del mismo esquema de
pobreza y desigualdad social creciente y devastación ambiental
abismal.
En muchos países, incluido el nuestro, varias organizaciones
campesinas y sociales, así como académicos y legisladores, ven
la producción de agrocombustibles como una oportunidad
para el desarrollo rural, pero bajo estrictas reglas y criterios de
sustentabilidad, así como mecanismos de monitoreo, dentro
de dimensiones y esquemas que garanticen el control en el
ámbito de los productores locales, pues existen graves preocupaciones
de que esta actividad pueda provocar escasez y carestía
de alimentos, mayor dependencia alimentaria, deterioro de
bosques y selvas, pérdida del territorio y la cultura comunitaria
y mayor acumulación de tierras y recursos en manos de corporaciones
multinacionales.
Numerosos políticos e inversionistas han defendido a los
agrocombustibles por su supuesta contribución a la reducción
de emisiones de gases de invernadero, con el argumento
de que estos cultivos tienen la capacidad de incorporar el
bióxido de carbono a la cadena alimenticia impidiendo que
se libere a la atmósfera. Una fracción de la biomasa producida
en los cultivos para agrocombustibles (del 20 al 30 por ciento)
es usada para la alimentación de animales, que incorporan el
bióxido de carbono en sus tejidos, del que otros organismos se
alimentan, de tal manera que la biomasa sería un reservorio
de carbono. Sin embargo, cada vez más estudios muestran que tal
esperanza está mal fundamentada. Una de las revistas científicas
más prestigiosas, Science, publicó el año pasado un artículo
que se ha vuelto clásico por el método empleado y por las
conclusiones obtenidas, en el que los autores utilizan datos de
las grandes regiones del mundo donde se produce caña, maíz,
trigo y soya, así como las dinámicas que se han dado en los países
que están produciendo agrocombustibles, para modelar el
efecto que tendrán los planes ya aprobados por muchos países
(incluido México) a fin de sustituir una fracción significativa
de las gasolinas fósiles por agrocombustibles.
La principal conclusión de este artículo es que para obtener
los volúmenes planeados se está generalizando un cambio en
el uso del suelo a escala global: una fracción significativa de las
tierras que antes producían maíz, soya y trigo para alimentos se
usa para producir etanol y diesel, y esto provoca el cambio de
uso de suelo en bosques, selvas y pastizales naturales que son
desmontados para compensar la pérdida de tierras agrícolas.
Este cambio de uso de suelo observado, cuando se modela para
las diferentes regiones del mundo, significa un aumento de casi
50 por ciento en la emisión neta de gases de invernadero, según
los autores del artículo. Adicionalmente se están destruyendo
bosques y selvas con la siembra de plantas invasoras como la
jatropha curcas y la palma africana para la producción del agrodiesel,
lo que libera a la atmósfera importantes cantidades del
CO2 que estaba atrapado en los árboles y en el suelo forestal.
Otras investigaciones señalan que para que la producción
de agrocombustibles alcance los rendimientos demandados
por el mercado, es necesario utilizar grandes cantidades de
fertilizantes de origen fósil, pesticidas y maquinaria agrícola,
lo cual constituye otro desbalance importante en la pretendida
disminución de gases de invernadero. Por sí solos, los fertilizantes
nitrogenados liberan a la atmósfera grandes cantidades
de óxido nítrico, gas de invernadero 30 veces más dañino que
el bióxido de carbono en términos del calentamiento global.
La pretensión de que la siembra de insumos para la producción
de “bioenergéticos” es una medida favorable para hacer
frente al cambio climático, no es sino un mito promovido por
las grandes corporaciones interesadas en el negocio de los
agrocombustibles, encabezadas por las empresas energéticas,
biotecnológicas y agroindustriales.
FOTO: Brian Yap |
Agrocombustibles en el menú. Uno de los principales
“objetivos del milenio” de la Organización de las Naciones
Unidas (ONU) era reducir el hambre en 50 por ciento para el
2015, meta que se ha visto letalmente amenazada a partir del
incremento de los precios de los granos en el mundo. Tanto
la Organización para la Alimentación y la Agricultura de las
Naciones Unidas (FAO) como la propia ONU han observado
un grave incremento en los precios de los alimentos y han
advertido del riesgo no sólo de se incumplan las metas de reducción
del hambre en el mundo, sino de que ésta aumente
drásticamente e incluso resurja en países que la habían superado
décadas atrás. Y han asociado directamente este riesgo a
la especulación e incremento de precios que ocurre por el uso
de los granos y los recursos agrícolas (agua, tierra, abonos, recursos
económicos) para la producción de agrocombustibles.
Según la FAO y el Fondo Mundial de la Alimentación de
la ONU, los precios de los granos básicos se elevaron entre 20
y 70 por ciento en el orbe en los cuatro años recientes, principalmente
por el uso de maíz, soya y tierras agrícolas para la
producción de agrocombustibles.
Riesgo de pérdida de bosques y de daño a ecosistemas.
En Brasil, millones de hectáreas de selva del Amazonas han
sido arrasadas en los cinco años recientes para sembrar soya,
ya que las tierras del sur del país, en las que antes se sembraba
esa leguminosa, están siendo utilizadas para la caña de azúcar
destinada a la producción de etanol. La prestigiosa ex ministra
de medio ambiente brasileña, Marina Silva, manifestó con su
renuncia que la política del gobierno de Lula, que fomenta de
manera generalizada la producción de etanol, está provocando
la desaparición de vastas áreas de la selva amazónica y la mata
atlántica. En el sudeste asiático, las escasísimas poblaciones
de orangutanes y otras especies en peligro de extinción, están
perdiendo los últimos reductos de sus hábitat a manos de la
palma de aceite para agrocombustibles.
La superficie de tierra agrícola y forestal mundial que está
siendo reorientada hacia la producción de agrocombustibles
es de más de 40 millones de hectáreas, y las tierras agrícolas
se transforman para la producción de combustibles a una
tasa anual creciente. Estados Unidos ha establecido la meta
de utilizar 132 mil millones de litros anuales de etanol como
combustible y la Unión Europea (UE) acordó que para el 2012
diez por ciento de las gasolinas provendrán de agrocombustibles.
La totalidad de la tierra agrícola de EU será insuficiente
para producir su propia demanda de agrocombustibles según
las metas establecidas para los próximos años, y lo mismo ocurre
para los países de la UE, por lo que requerirán grandes
cantidades de etanol, granos o aceites provenientes del Sur.
Los europeos los están llevando desde países asiáticos como
Malasia e Indonesia, en donde los monocultivos de palma de
aceite para la producción de agrodiesel han provocado una devastación
criminal de las selvas y el despojo de los territorios
comunitarios. Cerca de 98 por ciento de la cobertura forestal
de Indonesia se habrá perdido en los próximos cinco años y
Malasia, el principal productor de palma de aceite del mundo,
ha perdido ya 87 por ciento de su cobertura forestal. Lo mismo
está ocurriendo en Brasil y Colombia para enviar etanol
y biodiesel a EU, y México, como siempre, se encuentra en
una posición privilegiada para proveer a Estados Unidos de tan
importante producto.
Campaña Vamos al Grano [email protected]
FOTO: Daniel Bobadilla |
Reconversión a la mexicana
En todas las regiones agrícolas y forestales
de México, tanto la Secretaría
de Agricultura (Sagarpa) y la Comisión
Nacional Forestal (Conafor), como varios
gobernadores, promueven activamente
la sustitución de tierras agrícolas y forestales
por tierras para la producción de agrocombustibles,
no obstante que el 18 de mayo de
2008 el presidente Calderón declarara con
enjundia y determinación que no se utilizaría
ni un grano de maíz para la producción de
agrocombustibles.
En México se había anunciado que se utilizarían
agrocombustibles como oxigenantes
en diez por ciento del volumen de gasolina
en la ciudad de Guadalajara para el 2010,
como programa piloto para generalizar el
uso de biocombustibles en Monterrey, la
Ciudad de México y posteriormente en todo
el país. Por supuesto, también se ha fijado el
objetivo de exportar cantidades significativas
de agrocombustibles a Estados Unidos. Los
gobiernos de Sinaloa, Tamaulipas, Jalisco,
Veracruz, Morelos, Oaxaca y Chiapas han
anunciado, financiado y puesto en operación
vastos proyectos de “reconversión”, en los
que cientos de miles de toneladas de maíz
y de hectáreas de tierra agrícola y forestal se
aprestan a ser incorporadas a la producción
de agrocombustibles. La Leyde Promoción
y Desarrollo de los Bioenergéticos (LFPDB)
obliga a contar con un certificado emitido
por la Sagarpa que establezca que en el país
hay inventarios excedentes de maíz para su
uso como combustible.
La Sagarpa no ha emitido ningún certificado
o permiso en esta dirección, ni México
tiene excedentes de maíz; al contrario, hay un
déficit cercano al 30 por ciento. Sin embargo
en Navolato la empresa sinaloense Destilmex
ha instalado y puesto en operación, con fuertes
aportaciones del gobierno estatal y federal
y de inversionistas de Estados Unidos y sinaloenses,
un inmenso reactor para el procesamiento
de 500 mil toneladas anuales de maíz
para la producción de etanol que será exportado
a Arizona y California. Aparentemente
hasta ahora se han quedado sólo en la producción
de almidones, en espera del reglamento
y de la mejoría de los precios del mercado.
El inversionista más visible de esta empresa,
Eduardo de la Vega Chavarría, ha declarado
que en Sinaloa “no se aplica esa ley”, la
LPDB, y en tanto Destilmex está procesando
cientos de miles de toneladas de maíz para
fines distintos a la alimentación. Cerca de
300 mil toneladas, casi tres por ciento de la
producción nacional de maíz, son utilizadas
por esa empresa para producir precursores de
agrocombustibles.
En Tamaulipas, Biomex por su parte anunció
en mayo del año pasado la próxima puesta
en operación de su planta para etanol, con
una capacidad de procesamiento de 450 mil
toneladas de sorgo al año.
Aberraciones similares se repiten en el ámbito
forestal, como muestran los gobernadores
de Chiapas y Veracruz recorriendo los municipios
de la mano de la Sagarpa, la Conafor
y de industriales colombianos, estadounidenses
y españoles, y repartiendo plántulas y
dinero para promover la “reconversión” (sic)
a jatropha curcas en tierras agrícolas, y fomentando
las plantaciones forestales con ese
tipo de plantas invasoras. Y cabe hacer notar
que Monsanto, British Petroleum, Petrobrás,
Repsol, Syngenta y Cargill destacan entre las
grandes corporaciones interesadas en la producción
de agrocombustibles en México.
La Conafor incluyó la promoción de jatropha
curcas en sus reglas de operación 2009
de manera totalmente arbitraria e ilegal, pues
con esto viola flagrantemente lo dispuesto en
la ley de agrocombustibles. Esta comisión defiende
el establecimiento de plantaciones de
jatropha curcas como una manera de recuperar
tierras “marginales” o deforestadas. Sin embargo,
en ninguna de las leyes relativas a la materia
(la ley forestal, la agraria, la de desarrollo
rural sustentable, la de promoción de bioenergéticos
o la ley de equilibrio ecológico) está
definido o considerado el término de “tierras
marginales”, y esto es así porque en realidad
es completamente arbitraria tal definición.
Para algunos puede parecer que una selva baja
caducifolia no muy conservada es una tierra
marginal, y para otros esa misma tierra puede
significar el reservorio mundial más importante
de alguna especie. Es el caso por ejemplo de
las selvas bajas de Morelos, que son consideradas por la Sagarpa y la Secretaría de
Desarrollo Rural estatal como “tierras
marginales”, y que por lo tanto son susceptibles
de ser plantadas con jatropha.
Sin embargo, estas selvas constituyen
las regiones del mundo con mayor
diversidad de especies de la familia de
las Burseras. Otras tierras que pueden
parecer “marginales” son tierras de
“barbecho”, a las que los campesinos
regresan después de unos años en una
práctica milenaria de rotación de cultivos
y descanso de tierras. En general,
las (mal llamadas) tierras “marginales”
son menos productivas que las tierras
consideradas “agrícolas”, y por lo mismo,
para hacerlas “competitivas” en
el mercado de los agrocombustibles,
sería necesario utilizar grandes cantidades
de agua, fertilizantes químicos
y trabajos mecanizados de preparación
del suelo, lo cual, aunado al necesario
“desmonte”, contribuirá de manera
muy significativa al incremento de los
gases de invernadero, que era lo que
supuestamente se pretendía resolver
en primer lugar. Y como lo ejemplifica
el caso mencionado, el riesgo de grave
impacto sobre la diversidad de especies
animales y vegetales queda ignorado.
Para la promoción de las energías
renovables es fundamental partir de
la gente, de la situación local. En
México hemos sido testigos de la gran
torpeza (por decir lo menos) con la
que se han desarrollado programas
de producción de energía limpia. En
La Ventosa, en Oaxaca, por ejemplo,
la Comisión Federal de Electricidad
(CFE) impuso a las comunidades
los generadores de viento mediante
engaños, incumplimientos e incluso
despojos, con una lógica que sólo
atendía las exigencias de los inversionistas
(grandes corporaciones españolas
en su mayoría) provocando
un rechazo total por parte de muchas
comunidades a la tecnología eólica,
que sin duda tiene inmensas virtudes.
(Raúl Benet) |
La Conafor y la jatropha
La Comisión Nacional Forestal (Conafor), dependiente
de la Secretaría de Medio Ambiente, conformó en su presupuesto
federal 2009 una bolsa específica de su esquema
ProÁrbol para apoyar el cultivo de la jatropha.
Ante la pregunta de por qué la Conafor tomó esa medida,
Víctor Sosa Cedillo, coordinador de Producción y
Productividad de la Comisión, dijo que la decisión ocurrió
porque “existe interés de diversas empresas nacionales y
extranjeras en asociación con los dueños de los terrenos
en desarrollar este tipo de proyectos”.
Precisó que la empresa Grupo KUO-REXCEL prevé
plantaciones de jatropha y establecimiento de una refinería
de biocombustibles en Yucatán, la empresa Vecenergy
Vida de México prevé plantaciones en Michoacán,
Guerrero y Oaxaca y el Instituto para la Reconversión Productiva
y la Agricultura de Tropical de Chiapas pretende
plantar tal especie en esta entidad sureña. Pero además
“hay numerosos productores del sector social, ejidos, comunidades
y pequeños propietarios interesados”.
Según el funcionario, ya en 2007 y 2008 la Conafor dio
subsidios a plantaciones de jatropha –que es un árbol nativo
de México– considerando su potencial de transformación
en biodiesel y por su función como árbol protector y
restaurador de suelos degradados. El establecimiento de
la jatropha, dijo, “no afecta terrenos de sistemas de cultivo
agrícola, ni implica desmontes de bosques”.
Para 2009 la Conafor tiene previsto apoyar cerca de 20
mil hectáreas de jatropha en Campeche, Chiapas, Guerrero,
Michoacán, Morelos, Oaxaca, Puebla, Quintana Roo,
Sinaloa, Tabasco, Tamaulipas, Veracruz y Yucatán, “dependiendo
de la demanda y los recursos disponibles”. Sosa
Cedillo subrayó que los apoyos se entregan sólo a quienes
cuentan con constancia de registro o autorización de la
plantación por parte de la Secretaría de Medio Ambiente.
También dijo que, según un estudio del INIFAP, en
México hay seis millones de hectáreas con potencial para
establecer jatropha.
Se le comentó a Sosa Cedillo que aún el Ejecutivo no
ha emitido el reglamento de la Ley de Promoción y Desarrollo
de Bioenergéticos, por lo cual otorgar subsidios a la
jatropha podría representar una ilegalidad, pues su fin es
la producción de biodiesel. (Raúl Benet)
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