La Auditoría Superior fiscalizará el programa en la materia
Jueves 18 de junio de 2009, p. 5
La Auditoría Superior de la Federación (ASF) fiscalizará la operación del Programa de Guarderías y Estancias Infantiles para Apoyar a Madres Trabajadoras o Padres Solos, a cargo de la Secretaría de Desarrollo Social (Sedeso), que arrancó en el sexenio de Felipe Calderón Hinojosa.
La revisión obedece a que la Cámara de Diputados sospecha que hay manejo irregular y riesgoso para los niños atendidos en casas particulares habilitadas como guarderías.
Desde la primera revisión a este sistema –promocionado por el Partido Acción Nacional (PAN) en su campaña electoral como uno de los logros del gobierno federal– la Auditoría Superior de la Federación detectó un recorte de 268 millones de pesos en el primer año que se echó a andar, así como irregularidades en los archivos de los niños y retraso en la aplicación de un sistema de registro electrónico de asistencia.
El Consejo Nacional de Evaluación también encontró –como publicó este diario– falta de coordinación de este sistema con el DIF para garantizar la seguridad y una calidad adecuada de los servicios de cuidado de 221 mil 277 menores que son atendidos bajo este esquema.
El Programa Anual de Auditorías para la Fiscalización de la Cuenta Pública 2008, que envió ayer la Auditoría Superior a la Comisión de Vigilancia de la Cámara de Diputados, establece que al segundo año de gobierno de Calderón se le aplicarán 927 auditorías, de las cuales 124 son de desempeño, 754 de regularidad y 49 de seguimiento.
La revisión que se iniciará en los próximos días contempla definir la posibilidad del daño patrimonial que afecte a la hacienda pública federal, o en su caso, al patrimonio de los entes públicos federales o de las entidades paraestatales federales, por un monto que resulte superior a 100 mil veces el salario mínimo general vigente en el Distrito Federal.
Posible corrupción
También, el objeto del órgano fiscalizador será hallar posibles actos de corrupción; desvío flagrante de recursos hacia fines distintos a los autorizados; afectación de áreas estratégicas y prioritarias de la economía; el riesgo de que se paralice la prestación de servicios públicos esenciales para la comunidad, y el desabasto de productos de primera necesidad.
Las entidades fiscalizadas, expresa el documento, deberán rendir a la ASF, en un plazo que no excederá los 30 días hábiles contados a partir de la recepción del requerimiento, el informe de situación excepcional donde se describa la procedencia o improcedencia de la denuncia, así como sus actuaciones y, en su caso, de las sanciones que se impusieran a servidores públicos involucrados o de los procedimientos sancionatorios iniciados.
En el sector hacienda y crédito público, se aplicarán auditorías a Nacional Financiera (Nafin), para revisar su sistema de liquidaciones y pensiones; al Banco Nacional de Comercio Exterior (Bancomext), también se le auditará el fideicomiso de su fondo de pensiones.
Como publicó este diario ayer, la ASF prevé aplicar una auditoría al fideicomiso para el cumplimiento a la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE), cuyo monto a aplicarse en tres años es de 8 mil millones de pesos.
En un hecho inusual, se determinó hacer una revisión a la embajada de México en Estados Unidos, a cargo de Arturo Sarukhán, por medio de una auditoría de desempeño.
Por lo que hace a la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), se auditará a la Dirección General de Fábricas de Vestuario y Equipo, así como los egresos presupuestales conocidos como servicios personales, en su capítulo 1000.
En el sector economía, se evaluará el tipo de concesiones mineras que existen actualmente en el país. En la Procuraduría General de la República (PGR), la auditoría se aplicará a la desaparecida Agencia Federal de Investigación (AFI).
Finalmente, en el ámbito de la energía, y en el caso específico de Petróleos Mexicanos (Pemex), se le fiscalizará la administración y aplicación de ingresos excedentes en la empresa paraestatal. También se revisará al Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (Conacyt), en torno a las becas que otorga para realizar estudios de posgrado, así como al Sistema Nacional de Investigadores (SNI).