¿Comestibles o combustibles en la agricultura mexicana?

Víctor Suárez Carrera

Desde hace unos años nuestro país vive una especie de “fiebre por los biocombustibles” promovida por inversionistas privados, el gobierno federal y algunos gobiernos locales. Se trata de presentar la producción de etanol y diesel a partir de maíz, sorgo, caña de azúcar, pastos y jatropha, entre otros cultivos, como la solución a los problemas de la caída en la rentabilidad agrícola, la dependencia de los combustibles fósiles, la contaminación ambiental y el calentamiento global.

De acuerdo con la Red Mexicana de Bioenergía, actualmente se encuentran en proceso de construcción diez plantas de bioetanol y biodiesel en los estados de Sinaloa, Tamaulipas, Veracruz y Chiapas.

Entre los más fervientes promotores de los biocombustibles está la Fundación (E)-misión, conformada por ex funcionarios de los gobiernos panistas de Jalisco, el Consejo Nacional Agropecuario, los empresarios importadores de maíz (Idaquim), la Cámara Nacional de las Industrias Azucarera y Alcoholera y la Confederación Nacional de Productores de Maíz de la Confederación Nacional Campesina (CNC), esta última ya conocida por su papel al servicio de Monsanto para legalizar la siembra de maíz transgénico en México.

La pretensión del gobierno federal y de un poderoso grupo de inversionistas mexicanos y extranjeros de utilizar millones de toneladas de alimentos y cientos de miles de hectáreas agroforestales para la elaboración de biocombustibles representa una reacción tardía, seguidista y acrítica del boom experimentado en Brasil, Estados Unidos (EU) y la Unión Europea (UE) en la producción de bioetanol y biodiesel. Más aún, es una amenaza más contra la soberanía y seguridad alimentarias de México, contra los derechos de los campesinos y campesinas y contra el derecho a la alimentación de los mexicanos. De hecho, coloca a nuestra agricultura frente a un grave dilema económico, social, ambiental, de seguridad nacional e incluso ético: ¿la agricultura mexicana debe producir comestibles o combustibles?

La producción actual de biocombustibles: crimen contra la humanidad. El progresivo agotamiento de las reservas mundiales de petróleo, la dificultad y los altos costos para el control de las fuentes de suministro por parte de EU y la Unión Europea y el incremento de los precios del hidrocarburo en el decenio pasado, impulsaron a dichas potencias a establecer sendas políticas de Estado para la producción de bioenergéticos con metas a mediano plazo (2015-2020) para la sustitución de combustibles fósiles por bioetanol y biodiesel en los automotores en proporciones que van del 10 al 15 por ciento. A manera de ejemplo terrorífico: para 2016 en EU se destinarán 125 millones de toneladas de maíz para su transformación en etanol para los automotores, lo cual representa 35 por ciento de la producción total del grano en ese país. Con ese volumen de maíz podrían alimentarse 500 millones de personas anualmente en América Latina y África.

De hecho, estas decisiones geopolíticas que no económicas (no es rentable la producción sin subsidios ni protección arancelaria) ni ambientales (se afecta la cubierta forestal, se contaminan suelo y agua con la agricultura industrial, no hay reducción de gases de efecto invernadero), son en gran parte responsables de la caída de las reservas mundiales de alimentos y de la escalada sin precedentes en los precios agrícolas que precipitaron la crisis alimentaria global de 2006-2008.

Asimismo, el mundo, con una población en crecimiento y con 950 millones de personas con hambre, está presenciando la irracionalidad de que hacia el 2020 un cuarto de la superficie arable de EU y de la Unión Europea estará dedicada a la producción agrícola para combustibles, no para comestibles. De continuar esta tendencia, para 2050 se afectará directamente la seguridad alimentaria de 9 mil 300 millones de personas (la población mundial en 2009 suma 6 mil 783 millones).

Frente a estos hechos, Jean Ziegler, ex relator especial de la Organización de las Naciones Unidas para el derecho a la alimentación, ha concluido que la producción de biocombustibles constituye un crimen contra la humanidad. Por su parte, Olivier de Schutter, su sucesor a partir de 2008, ha demandado una moratoria de cinco años para evitar mayores impactos sobre los derechos ambientales, sociales y humanos así como para evaluar sus consecuencias sobre el derecho a una alimentación adecuada.

La irracionalidad de los biocombustibles en México. Si está política es irracional en Estados Unidos y la UE que poseen excedentes alimentarios y son importadores netos de petróleo, en el caso de México lo es aún más en virtud de que nuestro país tiene una dependencia alimentaria de 40 por ciento y es expulsor de 500 mil mexicanos cada año a EU al tiempo que es exportador de petróleo crudo e importador neto de petrolíferos.

Si nuestro país tuviera una política de Estado para un desarrollo sostenible con base en la soberanía alimentaria y energética, debería hacer exactamente lo contrario: producir domésticamente sus alimentos y refinar en México su petróleo crudo.

¿Cómo es que se pretende utilizar millones de toneladas de alimentos y cientos de miles de hectáreas para producir combustibles en México para los automotores de Estados Unidos cuando 20 por ciento de la población padece desnutrición y anemia, cuando importamos 40 por ciento de nuestro alimentos con un valor de 20 mil millones de dólares (2008), cuando importamos ocho millones de toneladas de maíz (una tercera parte del consumo interno) con un valor de dos mil 350 millones de dólares (2008), cuando importamos un promedio anual de tres millones de toneladas de sorgo con un valor de 300 millones de dólares, cuando las reservas mundiales de alimentos se han abatido y los precios de los alimentos se han elevado en más de cuatro veces de 2000 a la fecha como efecto del boom mundial de los bioenergéticos, cuando la producción mundial de alimentos se verá severamente afectada en los próximos lustros por el cambio climático global, cuando la disponibilidad de agua para la producción de alimentos y para las ciudades está en entredicho? Como dice Bertolt Brecht en Preguntas de un obrero que lee: “A tantas historias, tantas preguntas”.

Y para acabar de profundizar la irracionalidad de los biocombustibles en México se pretende utilizar el viaje de la producción de etanol para colar la “pertinencia ahora sí” de las semillas transgénicas en México como “solución a la necesidad de incrementar la productividad con beneficios ambientales” en los cultivos de maíz: un combinación explosiva.

Director ejecutivo de la Asociación Nacional de Empresas Comercializadoras de Productores del Campo (ANEC)

Etanol de caña, ¿una posibilidad?

FOTO: Rufi no Urmo

Ana de Ita

Las corporaciones y la mayoría de los gobiernos promueven los agrocombustibles como una opción para sustituir el petróleo por energías limpias, renovables, que garanticen a las comunidades rurales buenos precios agrícolas y mercados de exportación para los países del Sur, además de reducir las emisiones de gases invernadero a la atmósfera. Pero esta quimera se estrella con la realidad: la tierra arable en el planeta es finita.

El sector agrícola se convierte en el cuello de botella de la producción de agrocombustibles. La reciente crisis agrícola provocada según un informe secreto del Banco Mundial (The Guardian, 2008) por el aumento al triple de la producción de etanol, entre 2000 y 2006, alertó al mundo sobre el peligro de reducir la producción de alimentos y priorizar los tanques llenos a costa de los estómagos vacíos.

En México, la Ley de Promoción y Desarrollo de los Bioenergéticos señala la prohibición expresa de producir agrocombustibles de maíz, a menos que existan “excedentes”, en un país que anualmente importa alrededor de 10 millones de toneladas.

El año pasado inició la operación de una planta productora de etanol a partir de maíz blanco, Biocyclos, de la empresa Destilmex, en Sinaloa. Producir etanol con maíz viola la ley, pero el gobierno mexicano no sólo lo permite, sino que, por medio del programa de compras anticipadas del grano, otorgó un subsidio para las coberturas de precios de 120 mil toneladas compradas por esta empresa.

El maíz mexicano tiene costos de producción más altos que en Estados Unidos, de ahí que es compensado con subsidios. La producción de etanol de maíz destinada a la exportación trasladará a Estados Unidos estos subsidios.

Los costos de la materia prima agrícola representan entre 59 y 91 por ciento del total en la producción de agrocombustibles (Secretaría de Energía, 2006). En un negocio en el que los márgenes de rentabilidad dependen de los volátiles precios del petróleo, resulta lógico que en ningún país la producción de agrocombustibles se haya desarrollado sin subsidios, y en la gran mayoría ha ocurrido a partir del despojo de las tierras campesinas, de la reducción de los precios al agricultor, de la explotación del trabajo de los jornaleros, de la degradación ambiental y la destrucción de la naturaleza.

En México la producción de etanol de caña podría ser viable ya que el aumento de las importaciones de fructosa de maíz alentadas por el Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN) desplazaron del mercado doméstico 750 mil toneladas de azúcar. La meta de producción de 412 millones de litros de etanol para el 2012, aunque apenas sustituiría 5.7 por ciento del uso de gasolinas en las metrópolis, requiere de la producción de 800 mil hectáreas de caña, el doble de la superficie sembrada actualmente, que buscarían, según el estudio de la Secretaría de Energía (2006), establecerse en pastizales o tierras marginales.

La producción de etanol de caña se enfrenta en México con la estructura agraria y la Ley Cañera que impiden la reducción de los costos de producción por medio de la sobreexplotación del trabajo o del despojo de los territorios campesinos, a los niveles que el mercado neoliberal de los agrocombustibles requiere. En México 164 mil campesinos, la mayoría de ellos ejidatarios y comuneros –76 por ciento, con parcelas menores a cinco hectáreas–, ubicados en 15 estados del país, producen caña en sus propias tierras, a diferencia de Brasil en donde los ingenios son propiedad de latifundistas que contratan a jornaleros, en un sistema de trabajo a destajo similar a la esclavitud. La Ley Cañera fija el precio de la caña como un porcentaje del precio del azúcar de tal manera que la industria no pueda compensar sus pérdidas exprimiendo los precios a los campesinos. Funcionarios de la Reforma Agraria interesados en intermediar la producción de caña para etanol compactando superficies ejidales, aclararon que la caña para etanol no está incluida en la mencionada Ley.

El piñón o jatropha para la producción de agrodiesel son la esperanza de gobiernos como el de Chiapas, pues parecen más sustentables que la palma africana. Sin embargo también son cultivos de plantación, que aunque no requieren insecticidas, sí utilizan herbicidas y fertilizantes que no son inocentes en sus emisiones de gases de efecto invernadero a la atmósfera o en el impacto al ambiente.

Aunque desde el escritorio de los políticos y funcionarios el campo se mira como un terreno baldío a merced de los inversionistas, la mitad de la superficie del país es propiedad de ejidatarios y comuneros, que han defendido sus territorios como la condición de su existencia; además las 25 millones de hectáreas agrícolas están cultivadas y no pueden ampliarse sobre las 55 millones de hectáreas de bosques y selvas. Así, las 800 mil hectáreas que proponen destinar para etanol de caña y las 120 mil para oleaginosas productoras de agrodiesel (cuatro por ciento de la superficie agrícola total) tendrán un impacto real en las condiciones de vida de los campesinos, en la estructura y precios de los cultivos, en el paisaje rural, la biodiversidad y el ambiente.

La experiencia de otros países muestra que el avance de los agrocombustibles dirigido por los mercados se ha dado dejando tras de sí una estela de destrucción de vidas, recursos y ambiente.

Centro de Estudios para el Cambio en el Campo Mexicano (CECCAM)

Omar Masera

La actual discusión sobre el rol de los biocombustibles líquidos en el panorama de México ha dejado fuera aspectos claves: se ha “borrado” de un plumazo a todas las otras aplicaciones de la bioenergía, muchas de las cuales podrían mejorar sustancialmente la seguridad y diversificación energética de nuestro país, así como las condiciones sociales y ambientales, y ha sido muy pobre el análisis de modelos alternativos con criterios de sustentabilidad bajo los cuales deberían impulsarse estos biocombustibles.

Además, la discusión sobre los biocombustibles y sus impactos en la seguridad alimentaria no debería oscurecer el hecho de que estos cultivos representan sólo la punta del iceberg. La crisis alimentaria (México importa 25 por ciento del maíz y el 90 por ciento de las oleaginosas que consume), la contaminación de suelos y mantos acuíferos por pesticidas y fertilizantes, la desforestación y degradación forestales desbocadas y la desigualdad aberrante y falta de oportunidades en el campo son atributos del sistema “minero” de desarrollo agropecuario dominante y continuará con o sin biocombustibles si no se transforma radicalmente este sistema.

Bioenergía: mucho más que biocombustibles líquidos. Aunque la discusión sobre bioenergéticos se ha centrado en los biocombustibles líquidos, como etanol o biodiesel, éstos no constituyen el uso dominante de la biomasa como fuente de energía, sino la leña y el bagazo de caña, que aportan siete por ciento de la demanda final de energía en México. Tampoco los biocombustibles líquidos tienen el mayor potencial energético entre las opciones bioenergéticas.

De hecho, la bioenergía incluye toda una gama de combustibles y tecnologías asociadas, como la leña y el carbón vegetal, los residuos agrícolas y forestales, residuos de actividades agroindustriales –como aceites usados, y grasas animales– y el biogás que puede generarse a partir del estiércol de animales, residuos humanos y de rellenos sanitarios. Estos combustibles pueden utilizarse para generar calor para cocinar, para calefacción o para usos industriales; también para generar electricidad y obtener combustibles líquidos y gaseosos. En un estudio realizado por la UNAM y la Red Mexicana de Bioenergía, por ejemplo, se determinó que en conjunto las distintas opciones bioenergéticas podrían ayudarnos a satisfacer más de la mitad de nuestras necesidades actuales de energía. Del potencial total identificado, 16 por ciento corresponde a biocombustibles líquidos y el 84 restante a las demás aplicaciones.

Abordar la bioenergía de manera integral debería ser entonces el punto de partida de una política de desarrollo en este sector, integralidad que está ausente en las leyes de promoción a la bioenergía, en la política pública y en los apoyos a la investigación y desarrollo tecnológico.

Como ejemplo veamos la mínima importancia que se da en el sector gubernamental a la investigación y desarrollo de las estufas eficientes de leña, aunque existe en México un programa ya en curso para instalar 400 mil unidades en los próximos cuatro años en los hogares rurales más pobres. Las estufas eficientes de leña, de las que existen modelos con reconocimientos internacionales en México, constituyen tecnologías costo-efectivas, que a la vez mejoran la salud y la economía de las familias rurales, reducen la degradación ambiental y mitigan emisiones de gases de invernadero (cada estufa mitiga el equivalente a las emisiones anuales de dos coches). Por cada mil 500 pesos que se gasta en una estufa eficiente, la sociedad recupera 17 mil pesos en daños evitados a la salud y al ambiente y en ahorros económicos directos a los pobladores. A pesar de estas bondades, ninguna secretaría de Estado, ni siquiera la de Medio Ambiente, se han encargado de montar un programa de seguimiento y/o apoyar un modelo sustentable de desarrollo de esta tecnología. ¿En dónde están las prioridades?

Tampoco se ha hecho énfasis en el aprovechamiento del biogás, que permite resolver un problema de disposición de residuos (por ejemplo en rellenos sanitarios o en las granjas pecuarias). Los biodigestores constituyen tecnologías probadas, e instalados en las granjas, permitirían ayudar a reducir emergencias sanitarias como la que se presentó en la gripe porcina, ya que fomentan un manejo mucho más limpio de las instalaciones, además de generar un energético limpio y, como subproducto, fertilizante de alto valor. Vale la pena destacar que el biogás tiene alto contenido de metano, que es un poderoso gas de efecto invernadero, por lo que, al capturarlo, estos proyectos también contribuyen a la mitigación del cambio climático. Otra vez, ¿en dónde están las prioridades?

Mucho menos se habla de la generación de energía eléctrica a partir de los residuos leñosos de aprovechamientos forestales que no tienen valor comercial como madera. Países como Finlandia o Suecia, por ejemplo, incluyen de manera regular el aprovechamiento de estos bioenergéticos en sus programas de manejo forestal, generando cantidades sustantivas de electricidad y calefacción residencial a las poblaciones. Bajo un manejo adecuado, la remoción del exceso de material leñoso muerto contribuiría además a reducir los incendios forestales y las plagas. En un estudio económico reciente del Banco Mundial se determinó que el uso de leña derivada del manejo forestal sustentable para generar electricidad es altamente costo-efectiva, con fuerte potencial de mitigación de emisiones y gran creación de empleos rurales, al igual que el uso de carbón vegetal para la siderurgia. Sin embargo, estas opciones están fuera de la administración actual, más dispuesta a la retórica y a sacar leyes sin dientes sobre apoyo a los renovables que a dar pasos firmes a la transición energética. Mientras discutimos sobre biocombustibles para el transporte, México ya decidió aumentar la oferta de electricidad a partir de carboeléctricas ¡al mismo tiempo que promete reducir 50 por ciento de las emisiones a largo plazo! Insisto: ¿en dónde están las prioridades?

Hay opciones bioenergéticas que no representan un riesgo para la seguridad alimentaria, sino que, por el contrario, pueden apoyarla . Este es el caso de la red Tsiri en Michoacán, donde aproximadamente 120 tortilleras producen sus tortillas artesanales con maíz criollo, utilizando estufas eficientes de leña de tipo Patsari. Las estufas han permitido mejorar más de 40 por ciento la rentabilidad de estas señoras –muchas de ellas viudas o madres solteras– y generar un espacio de trabajo limpio y sano. Como se utiliza exclusivamente maíz criollo, la red Tsiri apoya también a pequeños productores de maíz en su transición a sistemas orgánicos. Así se apoya la conservación de las variedades locales, productores y tortilleras tienen mejores condiciones productivas, se ahorra la mitad de la leña en la manufactura de tortillas y los consumidores finales tienen un producto sano que fomenta la economía local.

Criterios de sustentabilidad para biocombustibles: el desarrollo de opciones agroecológicas. Un aspecto clave que se está trabajando a nivel internacional para normar la producción de biocombustibles líquidos es el desarrollo de criterios e indicadores de sustentabilidad. Este es un trabajo intenso que ha sido liderado por Europa, pero que ya se está adoptando también en Estados Unidos. Básicamente, se trata de que el etanol y el biodiesel –ya sea para la producción interna de los países o incluso para su exportación– cumplan con requisitos estrictos en cuanto a criterios sociales, económicos y ambientales.

Dos puntos críticos dentro de estos criterios son los balances energéticos y de emisiones de gases de efecto invernadero, que resultan particularmente importantes dado que la razón de ser de los biocombustibles es reemplazar combustibles fósiles y contrarrestar con ello el cambio climático. Brevemente, el balance energético nos indica cuántos litros de gasolina o diesel son reemplazados por un litro de biocombustible y el balance de emisiones de gases de efecto invernadero (GEI), cuántos kilogramos de CO₂ equivalente (es decir CO₂ más otros gases como el óxido nitroso o metano) evitan emitir los biocombustibles, también comparados con la gasolina o el diesel de petróleo. Para hacer estos cálculos se emplean los llamados análisis de ciclo de vida (ACV), pues debe incluirse todo el consumo de energía y emisiones que se dan a lo largo de la cadena productiva, desde la producción del cultivo (por ejemplo, en la preparación del suelo con tractores o el uso de fertilizantes) hasta la producción industrial del etanol o biodiesel. En el caso de los GEI, si la superficie cultivada con biocombustibles proviene de un cambio de uso del suelo, deben incluirse también las emisiones derivadas de haber removido la vegetación original.

Las principales conclusiones de estos estudios son: a) si hay cambio de uso de suelo, ninguno de los biocombustibles es viable; b) de los biocombustibles de primera generación, la caña de azúcar que sólo utiliza bagazo como fuente de energía en los ingenios tiene relaciones aceptables; c) el uso del maíz u otros granos similares (como el sorgo) para etanol tiene coeficientes muy pobres y tampoco es aceptable; d) del biodiesel, sólo la palma de aceite que no provenga de cambio de uso del suelo es viable. En otros casos como la jatropha, simplemente no se sabe pues no hay experiencia suficiente en campo.

Así, más que seguir atados a los modelos productivos tipo revolución verde, centrados en aumentar los rendimientos por hectárea por medio del uso intensivo de insumos en monocultivos, la producción sustentable de biocombustibles debería basarse en el diseño de paquetes y sistemas de tipo agroecológico, con sistemas diversificados y bajo uso de insumos externos. Así, con metas tal vez menos ambiciosas, los biocombustibles podrían entonces ser parte integral de la producción agropecuaria y forestal orientada al uso múltiple del espacio y se podría obtener tanto comida como fibras, materiales y energía. Existe de hecho toda una línea de desarrollo de la producción de biodiesel y etanol a pequeña escala (las llamadas microdestilerías, por ejemplo) que han permitido empujar económicamente a productores, cooperativas y comunidades. Sin embargo, este tipo de investigación y desarrollo en México está, desafortunadamente, marginado.

Poner la cosas en su justa medida: biocombustibles y un nuevo modelo agropecuario y forestal ¡ya! La discusión sobre biocombustibles no debe distraer los esfuerzos para cambiar lo que ya está sucediendo en el campo mexicano. Vivimos una situación de emergencia ambiental y de agudo deterioro social, que no ha sido causado por los biocombustibles y que seguirá acentuándose independientemente de lo que suceda con ellos si no se toman medidas urgentes. En el estado de Michoacán, por ejemplo, los bosques se han convertido “de facto” en tierra de nadie, acosados por la avidez de una expansión aguacatera, que no respeta ni pendientes, ni linderos. Las plantaciones desafían ya la ley de gravedad, colgadas literalmente de pendientes de más de 40 por ciento y sin ninguna medida para control de erosión. Los bosques en los que no entra en el aguacate son dominio de talamontes que dejan cerros y laderas pelones con absoluta impunidad. Como lo evidenció el caso de la granja porcícola de La Gloria , en Perote, Veracruz, durante el reciente brote de influenza, la producción intensiva de animales se realiza sin controles sanitarios reales y con descargas de contaminantes peligrosísimas para los pobladores locales. En este sentido, es urgente que los criterios de sustentabilidad sociales y ambientales se apliquen también (y sobre todo se hagan cumplir) en las actividades agropecuarias.

Centro de Investigaciones en Ecosistemas, UNAM Campus Morelia [email protected]