POSICIONAMIENTO ANTE EL REGLAMENTO DE LA LEY DE PROMOCIÓN Y DESARROLLO DE LOS BIOENERGÉTICOS

FOTO: Adam Cohn

La Ley Federal de Promoción y Desarrollo de los Bioenergéticos, que entró en vigor en 2008, señala la obligación del Ejecutivo de publicar el respectivo reglamento en un periodo no mayor a nueve meses a partir de la publicación de la ley. El anteproyecto de reglamento publicado en la página de la Secretaría de Energía se encuentra en una etapa muy cercana a su publicación.

Las organizaciones que signamos queremos señalar nuevamente las graves inconsistencias y contradicciones entre la versión actual del reglamento y la ley que aprobó el Congreso.

1. Un tema fundamental en el debate es el uso de alimentos para la producción de combustibles, ante al grave riesgo sobre la seguridad alimentaria que esto supone. La ley debería proteger a todos los productos que la Ley de Desarrollo Rural Sustentable considera como básicos y estratégicos para la seguridad y la soberanía alimentaria. La Ley de Bioenergéticos sólo restringe el uso del maíz para este fin en tanto no haya excedentes en la producción nacional. El anteproyecto de reglamento borra incluso este candado, al permitir la producción de combustible con maíz importado.

Sostenemos que el reglamento debe impedir el uso en la producción de combustibles de cualquier alimento básico y estratégico, y de las tierras y agua destinadas a su producción, conforme la Ley de Desarrollo Rural Sustentable.

2. No existe en el reglamento ninguna restricción que impida sustituir superficies destinadas a maíz por otros productos alimenticios para la producción de agrocombustibles.

3. Los impactos energéticos y ambientales de la producción de etanol a partir de granos básicos son negativos porque: a) aumenta la dependencia de combustibles fósiles para producir etanol y b) la reducción de emisiones de gases de efecto invernadero es muy pobre e incluso negativa. c) el cambio de uso de suelo asociado al incremento en las zonas de cultivo impacta negativamente al medio ambiente.

4. Los temas de transparencia y participación ciudadana son inexistentes en el reglamento. No sólo no hay instancias de participación ciudadana, sino que se oculta la información relativa a los permisos de uso de granos, al establecer que (la información relativa a los permisos) será clasificada.

5. El medio ambiente, la cobertura forestal y la biodiversidad quedan en fuerte riesgo. El anteproyecto establece que los cultivos relacionados con la producción de bioenergéticos deben desarrollarse en zonas con uso agrícola o pecuario , en tierras de baja rentabilidad o en tierras marginales o de abandono. No obstante, en ninguna ley vigente existe el concepto de tierras marginales o de abandono , por lo que su definición queda a la interpretación o al arbitrio de la autoridad en turno.

6. En lo relativo a la vigilancia y sanción, no se le otorga ninguna atribución a las instancias pertinentes, como la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa). El reglamento carece de mecanismos e instrumentos que permitan garantizar que la producción de insumos para agrocombustibles se lleve a cabo sin impactar el suelo, el agua, la biodiversidad y sin provocar el cambio de uso de suelo. Se omite el requisito de manifestación de impacto ambiental en la etapa de producción de insumos, que debiera exigirse al menos para la inserción de especies exóticas o invasoras en ecosistemas forestales (palma africana y jatropha, entre otras).

7. En las actividades que requieren permiso existe inconsistencia entre el ante-proyecto de reglamento y la ley de referencia. El artículo 24 de la ley establece que las actividades y servicios relacionados con la producción, el almacenamiento, el transporte y la distribución por ductos , así como la comercialización de bioenergéticos, se sujetarán a permiso previo de la Secretaría de Energía. El reglamento, por su parte, ya no establece el requisito del permiso para la producción, sólo para su transformación en productos procesados. Sin embargo es en la etapa de producción donde se presentan los principales riesgos para la seguridad alimentaria y el medio ambiente.

8. Si bien el reglamento habla de dar seguimiento al balance energético, debería contener previsiones precisas para garantizar que la producción de bionergéticos cumpla con dos objetivos fundamentales, que son sustituir energía fósil y contribuir a la mitigación de gases de efecto invernadero. Muchos estudios muestran que esto no es así, la producción de combustible con granos básicos no reduce la generación de gases de invernadero y consume energía fósil.

9. La promoción y producción de los bioenergéticos debe insertarse en una verdadera estrategia nacional de seguridad energética y búsqueda legítima de fuentes alternativas y sustentables de energía.

10. Tomando en cuenta los inmensos intereses, planes e inversiones a escala mundial y nacional en la producción de agrocombustibles, así como los graves riesgos que esta producción puede conllevar si no se construye un marco normativo adecuado, consideramos que es necesario que se abra un nuevo periodo de consulta del reglamento, con una amplia convocatoria entre los sectores sociales, académicos y de productores y que se contemplen en la discusión y en la decisión los temas de seguridad y soberanía alimentaria, energética y ambiental, sustentabilidad, participación ciudadana y transparencia.

OXFAM, ROSTROS Y VOCES, ANEC, SEMILLAS DE VIDA, GREENPEACE

La política de cambio climático y agrocombustibles en México Gustavo Alanís Ortega FOTO FONDO: Archivo ANEC / FOTO AUTO: Jason Yoder La más reciente versión a consulta del Programa Especial de Cambio Climático (PECC), publicada en abril pasado, incluye en su objetivo 2.1.3 “fomentar la producción y uso sustentable de biocombustibles en México como una alternativa tecnológica baja en carbono”. Dentro de este objetivo tenemos la Meta 6: “elaborar la estrategia intersecretarial nacional de bioenergéticos en el 2009” ; la Meta 7: “definir los criterios de sustentabilidad para evaluar el desempeño de las diferentes tecnologías de producción de biocombustibles en el 2010” ; y la Meta 8: “reconvertir 300 mil hectáreas a cultivos que sirvan de insumos en la producción de biocombustibles, durante el periodo 2008-2012, sin comprometer la seguridad alimentaria o la integridad de los ecosistemas”. Asimismo, la Ley Federal de Promoción y Desarrollo de los Bioenergéticos menciona como uno de sus objetivos “procurar la reducción de emisiones contaminantes a la atmósfera y gases de efecto invernadero”. Su reglamento, todavía por publicarse, comenta en su versión de consulta que “con el fin de procurar la protección al medio ambiente en la producción de insumos para la producción de bioenergéticos se considerará evitar acciones que puedan producir emisiones que impacten la calidad del aire, minimizando los correspondientes gases de efecto invernadero”. También establece que las Normas Oficiales Mexicanas, lineamientos y criterios “deberán considerar y minimizar la generación de gases de efecto invernadero contabilizando el beneficio neto generado con la reducción de los mismos”. Si bien sigue habiendo posiciones encontradas sobre el aporte de los agrocombustibles a la mitigación del cambio climático, hay varios hechos. Uno, es que en México están previstas plantas de producción de etanol a base de maíz. Otro es que varios estudios demuestran que el balance energético de plantas para producir etanol puede llegar a ser muy pobre, así como su reducción de gases de efecto invernadero. Regulaciones necesarias. La mitigación del cambio climático por medio de la reducción de bióxido de carbono con la producción de etanol a base de maíz no es garantizada con la simple construcción de plantas, la publicación de una ley o de su reglamento; varios expertos en el tema aseveran que la mitigación real está determinada por la tecnología de cultivo del maíz y el uso de fertilizantes, principalmente. Estos aspectos de las plantas y de la producción de insumos tienen que ser regulados apropiadamente para garantizar beneficios al clima. En conclusión, tras la publicación de la segunda consulta del PECC, la política de agrocombustibles actual del gobierno mexicano es cuestionable. Los objetivos comentados en el PECC al respecto corresponden a lo planteado en la Ley y en el anteproyecto de reglamento; igual que en muchos otros instrumentos legales, nos encontramos con muy buenos deseos e intenciones y pocos hechos contundentes y concretos no sólo para que éstos se cumplan sino también para poder enfrentar en tiempo y forma el inmenso reto climático que tenemos en el concierto local y global. ¿Cómo lograr que dichos instrumentos regulatorios logren garantizar reducciones reales? ¿Por qué ahora sí creer que tanto la ley como el reglamento en comento se van a aplicar y a cumplir de manera efectiva en un país en donde precisamente lo que no se cumple ni observa es la legalidad y el estado de derecho? El gran riesgo que corremos al no hacerlo, particularmente en el caso relativo al cambio climático, es que las condiciones climatológicas nacionales cada vez serán más severas trayendo esto afectaciones considerables tanto a la salud de las personas como al entorno en que nos desarrollamos. ¿Estamos dispuestos a que esto suceda? Una manera posible para darle la vuelta a la situación actual sería impulsar un replanteamiento de la política relativa a los agrocombustibles en el país que no esté enfocada única y exclusivamente a favorecer los grandes intereses agroindustriales que ya pugnan por hacer de la Ley una herramienta para recibir recursos para sus plantas, quizá a costa del cambio climático, la alimentación de los mexicanos y el crecimiento y desarrollo del país, muy afectados estos últimos desde años atrás. Otra forma de entrarle a resolver un asunto de esta naturaleza sería con una política nacional de biocombustibles que garantice una efectiva reducción de gases de efecto invernadero, así como sustentabilidad ambiental, seguridad alimentaria y alternativas energéticas; creemos que esto es lo menos que podemos espeerar del reglamento que está por publicarse. Presidente del Centro Mexicano de Derecho Ambiental (Cemda)

La ley de bioenergéticos y la presión empresarial

Víctor Suárez Carrera

Diversos grupos empresariales mexicanos y extranjeros impulsaron por medio de la Fundación (E)-misión la Ley de Promoción y Desarrollo de los Bioenergéticos (LPDB), aprobada por la LX Legislatura del Congreso de la Unión y publicada por el Ejecutivo federal el uno de febrero de 2008. A pesar de los intereses empresariales, se logró establecer la prohibición para la producción de combustibles a partir del grano de maíz en sus diversas modalidades a menos que existan excedentes de producción interna del cereral para satisfacer el consumo nacional (artículo 11, fracción VIII). Restricción que es clave para la seguridad y soberanía alimentarias.

Esta fracción ha constituido un severo obstáculo a las pretensiones empresariales de arrancar la producción de etanol en México con base en maíz máxime haberse construido con apoyo federal la primera planta en Sinaloa, misma que se encuentra parada al carecer del permiso correspondiente en los términos de la citada fracción.

Por esta razón, se pretende atacar la fracción VIII del artículo 11 de la LPDB por dos vías:

Violar la LPDB e incorporar en su reglamento la facultad de otorgar permisos aun cuando no existan excedentes de maíz respecto a su consumo nacional. Este expediente ha sido utilizado frecuentemente por el gobierno de Calderón como fue el caso de la ilegal modificación al reglamento de la Ley de Bioseguridad de Organismos Genéticamente Modificados que, en contra de la propia ley, permite otorgar permisos de siembra experimental de maíz transgénico a Monsanto, y

Modificar tal fracción para que se consideren “excedentes regionales” de maíz en lugar de excedentes a nivel nacional y no se contemple “el grano de maíz en sus diversas modalidades” sino únicamente el “maíz blanco orientado exclusivamente al consumo humano”. Estas presiones empresariales han sido ya traducidas en sendas iniciativas de modificación de la fracción por tres senadores: Mario López Valdez (PRI-Sinaloa), Federico Döring (PAN-DF) y Arturo Herviz (PRD-Veracruz). No sorprende la posición de los senadores del PRI y del PAN, ¿pero la del PRD? Al respecto hay muchas casualidades: el texto de cada una de las iniciativas es prácticamente el mismo, se presentan casi en la misma fecha (26 y 27 de marzo de 2008) y pretenden lo mismo: que se consideren “los excedentes de maíz por cada región y en función de cada variedad de maíz”. En otras palabras, si en Sinaloa existen excedentes de maíz blanco respecto a su requerimiento para consumo humano, en esa entidad se podrían otorgar permisos para plantas de etanol, aunque a escala nacional el déficit de maíz aumente de ocho millones de toneladas a, por ejemplo, diez millones.

Alternativas:

Es urgente frenar la pretensión empresarial de modificar la fracción VIII del artículo 11 de la LPDB así como las intenciones del gobierno de Calderón de incluir ilegalmente en su reglamento la facultad de la Secretaría de Agricultura para otorgar permisos para la elaboración de etanol con maíz aun cuando en nuestro país exista insuficiente producción para satisfacer el consumo nacional.

Luchar por el establecimiento a escala nacional y mundial de una moratoria a la producción de bioenergéticos con base en alimentos y a la siembra de maíz transgénico por constituir una amenaza contra la seguridad alimentaria mundial, la agricultura campesina y la soberanía alimentaria de los pueblos.

Reorientación de la política energética y agroalimentaria con base en la soberanía alimentaria y energética, incluyendo un programa multianual para el impulso a la producción campesina de maíz a fin de alcanzar el equilibrio con el consumo nacional.

Establecimiento de una política de Estado en materia de bioenergéticos, en el marco del fortalecimiento de nuestra soberanía alimentaria y energética, que incluya la asignación de presupuestos apropiados para la investigación pública en desarrollo de biocombustibles de segunda y tercera generación (a partir de desperdicios de cultivos agrícolas, basura, celulósicos de madera, algas y microalgas, etcétera).

Renegociar el Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN) para asegurar el derecho de nuestro país a administrar el comercio exterior del maíz y demás productos agrícolas esenciales para la seguridad alimentaria de la población.

Criterios ambientales serán tamiz para planes de biocombustibles: INE

• Propone Adrián Fernández avanzar a la certificación ecológica

Lourdes Edith Rudiño

FOTO: IFAD

Además de la Ley de Promoción y Desarrollo de los Bioenergéticos (LPDB) y de su reglamento, el marco legal para estos productos en México incorporará criterios y lineamientos ambientales, guías ambientales, y probablemente normas oficiales obligatorias y/o no obligatorias en este ámbito. Asimismo, el Instituto Nacional de Ecología (INE) está impulsando que en unos pocos años se establezca un proceso de certificación ambiental tal como lo prevé Europa.

Todo esto –aunado a la posición que expresa la Secretaría de Hacienda, de evitar señales de que habrá carretonadas de subsidios para los biocombustibles– servirá como un tamiz para garantizar que se establecerán en México sólo aquellos proyectos que sean rentables económicamente y que no tengan efectos perversos sobre el medio ambiente. Y en todo caso habrá algunas subvenciones para los proyectos que demuestren beneficios sociales importantes (de combate a la pobreza, generación de empleo o incluso beneficios ecológicos), afirmó el presidente del INE, Adrián Fernández Bremauntz.

El INE es la instancia que recibió la encomienda, de parte de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), de representar el interés ambiental dentro de la Comisión Intersecretarial para el Desarrollo de los Bioenergéticos, donde se están discutiendo las políticas y regulación de estos productos.

Adrián Fernández afirmó que a diferencia de otras decisiones de fomento productivo tomadas en el pasado con soslayo del aspecto ambiental, ahora resulta muy positivo que la mencionada comisión intersecretarial brinda el mismo peso al INE y a la Semarnat que a la Secretaría de Agricultura y la de Energía.

Recordó que hace poco más de cinco años en el mundo había un “frenesí” por los biocombustibles que motivó a varias naciones a establecer metas y estímulos fiscales y de subsidio para la sustitución de combustibles fósiles por etanol o biodiesel con la intención de mitigar el cambio climático (reducir las emisiones de gases de efecto invernadero). Con ello se promovió una expansión de cultivos de caña de azúcar, colza y palma de aceite, entre otros.

Pero de dos años para acá se ha venido documentando efectos ambientales contraproducentes: por ejemplo en Brasil mayor caña en el sur del país, en especial en Sao Paulo, ha desplazado siembras de soya y entonces los productores de esta oleaginosa han propiciado desmonte de bosques en el Amazonas para llevar allí su cultivo. O el caso de Indonesia, el segundo país después de Brasil en superficie forestal y también en deforestación, que amplió agresivamente su superficie de palma de aceite para atender demanda europea de una forma tal “que está saliendo más caro el caldo que las albóndigas”.

Así, en el mundo se está repensando las políticas de biocombustibles y se ha comenzado a desarrollar esquemas de certificación que garanticen “ciclos de vida” adecuados, esto es que los biocombustibles no generen deterioro ambiental, que sean producidos sustentablemente.

“Y no es que estén siendo fundamentalistas; están viendo las cosas con más cautela. Por ejemplo, el informe Gallagher de la Agencia de Combustibles Renovables del Reino Unido no dice que esté mal la directiva de la Unión Europea de promover biodiesel y etanol; lo que dice es que no están preparados con un sistema que garantice que los biocombustibles que compra este bloque hayan sido producidos sustentablemente. Entonces Europa ya decidió desarrollar un sistema de certificación de la forma y los insumos con que se producen los biocombustibles”.

En México, señaló el presidente del INE, desde fines del gobierno anterior y más en este gobierno, la Secretaría de Agricultura ha querido impulsar los biocombustibles. Pero el hecho de que las decisiones se estén tomando en la comisión intersecreatrial “nos garantizará que no se cometan los grandes errores que se ven en otros países”.

Lo que aspira el INE para los proyectos que se desarrollen en México es que el balance de carbono sea negativo (esto es que se capture más CO2 de lo que se emita) y que los impactos negativos al medio ambiente de las actividades agroindustriales no sean mayores a las que ocurre con la agroindustria ya establecida.

Ejemplificó con la agroindustria caña-azúcar, que es una gran contaminadora por la quema de caña y el vertido de vinazas a lagos y ríos. “No me parecería justo que nos pongamos más exigentes con la caña que se vaya a sembrar para etanol, respecto de cómo lo hemos hecho con anterioridad (con la caña para producción de azúcar); sería injusto que a esta nueva industria le apliquemos estándares del siglo XXII”.

No obstante, agregó, sí se está previendo, y esto es una gran oportunidad, que los nuevos ingenios que se construyan para procesar caña en etanol cumplan con el requerimiento de cogenerar energía, “pues no es algo sofisticado o caro”. Con ello van a ahorrar dinero y se favorecerá el análisis de ciclo de vida, esto es favorecerá que el balance de carbono sea negativo. Y algo más que podría requerírsele a estos nuevos ingenios es que no descarguen vinazas en cuerpos de agua, sino que apliquen una técnica común en Brasil, que es la irrigo-fertilización, esto es que las vinazas se rieguen en los campos, pues fertilizan los suelos.

Precisó que el INE incorporó lineamientos en el reglamento de la LPDB , el cual ya tiene está en manos de la Presidencia de la República para su publicación, pero el medio ambiente no quedó totalmente “blindado” y por ello poco después de que salga el reglamento se publicarán los criterios y lineamientos ambientales para biocombustibles, que serán de cumplimiento obligatorio, y habrá también guías ambientales para uso de quienes califiquen la viabilidad de los proyectos. Además al INE le interesa avanzar en años próximos a la certificación ambiental en este rubro.

Señaló que en la comisión intersecretarial han detectado que en el aparato público existen no menos de 20 ventanillas (programas o esquemas de financiamiento) en las cuales podrían calificar proyectos de biocombustibles. Por ello se está preparando un folleto que advierta a quienes acudan a esas ventanillas sobre la existencia y detalles de los criterios ambientales.

Adrián Fernández afirmó que la comisión intersecretarial está deliberando el tema con mucho escrutinio, analizando por ejemplo asuntos tales como la convicción que se tiene ahora de que la oxigenación de las gasolinas (con etanol) no tiene ningún beneficio en la calidad del aire (como en algún momento se pensó); o el hecho de que la agroindustria azucarera de México presenta muchas deficiencias, a tal grado de que hoy por hoy traer etanol de Brasil y colocarlo en las refinerías de PEMEX resultaría más barato que producir etanol en los ingenios nacionales; o que la producción de etanol con maíz, como la realiza Estados Unidos, no logra un balance de carbono negativo (adecuado para el medio ambiente).

Destacó que el tamiz que implicarán los criterios ambientales para los proyectos de biocombustibles, así como la posición cautelosa que Hacienda expresa en la comisión, permitirán que sólo emerjan los proyectos que sean sustentables, rentables y/o socialmente positivos.

–¿Y qué va a pasar con los proyectos que ya están en marcha (por ejemplo el de Destilmex en Sinaloa)?

–Habrá que preguntar a los abogados. Pero pienso que haber impulsado proyectos a partir de maíz en México es un error.

Es un error, explicó, porque el balance de la oferta/demanda del grano en México debe verse en términos nacionales y no regionales como lo ha hecho Sinaloa. Reiteró que un criterio fundamental que está viendo la comisión intersecretarial es que ningún proyecto de biocombustibles compita con el abasto alimentario.