n los momentos en que muchos mexicanos aún celebramos que la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) fue reconocida por el Estado español con el Premio Príncipe de Asturias, el gobierno de la República sorprende y confunde con su decisión de recortar el presupuesto a las universidades públicas del país.
Es decir, las autoridades hacendarias mexicanas vuelven a mostrar esa sensibilidad política paquidérmica que tanto daño ha hecho a México e insisten en tijeretear los recursos ya asignados por la Cámara de Diputados a todas las universidades e instituciones públicas de enseñanza superior, entre ellas a la Universidad Nacional.
En otras palabras, al mismo tiempo que la UNAM es reconocida internacionalmente como una institución que hace aportaciones relevantes a la cultura universal
, un grupo de tecnócratas que parece no entender más que de números, decide que las tareas de las universidades públicas no son tan importantes y que, por tanto, hay que retirarles parte del subsidio.
Y entonces, en medio de la contradicción, surge la pregunta de qué es lo importante. ¿A qué le apuesta este gobierno? ¿Cuáles son sus prioridades? ¿Acaso la educación no es (o debe ser) un aspecto prioritario en cualquier régimen que se ostenta como democrático? Porque incluso si observáramos el pragmatismo del costo-beneficio que tanto orienta las decisiones de la tecnocracia mexicana, la universidad pública de este país ha dado muestras de sobra, a través de los años, de una altísima rentabilidad.
Pero no sólo eso. Existe un elemento fundamental que la universidad pública ha aportado a la nación a lo largo de su existencia y en el que los tecnócratas de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) ni siquiera reparan, porque no se les ocurre. Ese factor se llama estabilidad social y de ello ha dependido, en mucho, la gobernabilidad democrática de México.
Es indispensable que, antes de aplicar los recortes que seguramente vendrán en varios sectores, el gobierno calderonista pondere las enormes ventajas de mantener la estabilidad del sistema de universidades públicas, que no sólo arroja buenos dividendos en materia académica cuando cuenta con los recursos suficientes para trabajar, sino que también juega un papel preponderante, como ya se mencionó, en la estabilidad del país.
Hace un par de semanas, en este mismo espacio nos referíamos al llamado que los rectores y directores de las principales universidades e instituciones públicas de enseñanza superior hicieron al secretario de Educación Pública, para que interceda, con el Presidente de la República de ser necesario, a fin de evitar que se reduzcan los recursos a sus ya de por sí magros presupuestos.
Los rectores y los directores de esas instituciones fueron muy claros en advertir a Alonso Lujambio que el recorte a sus presupuestos puede afectar la estabilidad de sus instituciones y, con ello, provocar consecuencias sociales de alcances impredecibles.
Y no es retórica. El sistema de universidades públicas tiene prendidos los focos rojos y las alarmas encendidas ante el amago del gobierno federal. A sus rectores y directores les preocupa la situación actual del país. Dicen que las condiciones para una desestabilización están dadas y advierten que la falta de recursos económicos bien puede ser el detonante.
Es tarea del secretario Lujambio advertir al Presidente de la República sobre los riesgos, porque una decisión que afecte a rubros como la salud, la educación y la seguridad, no puede ser exclusivamente un asunto de números, de restas y divisiones. Tiene que ser ante todo, y máxime en las condiciones actuales del país, una determinación bien valorada.
Al gobierno de Felipe Calderón le urge gente con mayor sensibilidad política y social, sobre todo entre aquellos que tienen que decidir respecto a los pesos y centavos.
Se sabe que al equipo del secretario de Hacienda, Agustín Carstens, el Premio Príncipe de Asturias no le hizo gracia en absoluto. Cayeron en la cuenta que acotaría sus márgenes de acción en el proceso de los ajustes presupuestales, no sólo de la UNAM sino del sistema de universidades en su conjunto.
Ojalá el gobierno calderonista lo piense dos veces. Que recorte en otros rubros y sectores donde los costos puedan llegar a no ser tan altos. Urge, pues, una señal que indique cuáles son las verdaderas prioridades de la actual administración.
