rácticamente ha pasado ya la mitad del año. El deterioro de la economía no se detiene y es cada vez más difícil mantener la visión conciliadora que se propone desde el gobierno acerca de la crisis. El caso es que en 2010 la situación puede ser incluso más frágil.
A diferencia de otras fuertes crisis, como las de 1982 y 1995, el ajuste de la economía no se ha dado por la vía de la devaluación del peso, que alteraba la relación entre los precios de las exportaciones (a la baja) y de las importaciones (al alza) y, junto con la entrada de capitales externos (del gobierno de Estados Unidos, organismos internacionales y bancos comerciales), funcionaba como contrapeso de la caída de la producción y del empleo, pero provocaban una carga financiera.
Estadísticamente la tasa de crecimiento del producto rebotaba
y se establecía una nueva posición de equilibrio
(tal como la definen los economistas), aunque en términos estructurales no se remontaba la debilidad crónica. De tal manera, no se elevaba la tasa promedio anual de crecimiento de largo plazo. La pregunta que sigue sin responderse en materia de política económica por ya más de 30 años es: ¿por qué no crece de modo suficiente la economía mexicana?
La capacidad de generar riqueza es un proceso arduo, lleva tiempo, requiere consistencia en las políticas públicas: fiscal, monetaria, de competencia, innovaciones, definición de proyectos y asignación de recursos; necesita de un entorno institucional propicio que incluye las prácticas de gobierno, la legislación y los modos de gestión en los campos público y privado.
Otra cosa es la distribución de esa riqueza y su relación con la posibilidad de crear flujos de ingresos y de transferirla mediante transacciones en los mercados relevantes. Se trata, pues, de las disponibilidades de capital físico y de potencialidades humanas. La enorme concentración de la riqueza en el país está asociada con la gran desigualdad en materia de ingresos de los hogares.
En fin, la ausencia de un orden propicio para la creación de riqueza primero y de las oportunidades de participar en dicho orden está asociado con la recurrencia de las crisis. La actual, que se inició fuera, con la quiebra de la economía estadunidense, ha expuesto otra vez y de distinta manera la debilidad intrínseca de la economía y la sociedad mexicanas.
Los diversos objetivos declarados de la política económica en el entorno actual no se corresponden con el tipo y el número de los instrumentos que se utilizan para confrontar la crisis. Las medidas más visibles son de corte monetario, en cuanto a la fijación de las tasas de interés y del tipo de cambio.
La inflación sigue siendo alta: en mayo fue 5.98 por ciento anual (respecto del mismo mes del año anterior), pero tiende a contenerse, cuando menos en el corto plazo por la misma caída de la producción, la inversión y el consumo. No es resultado de ninguna transformación en el terreno de la eficiencia. La recesión es la política monetaria más eficaz.
La gestión fiscal está cada vez más comprometida, primero por la caída de los ingresos del gobierno (y del conjunto del sector público), ya sea por menor recaudación de impuestos y de otros ingresos o por los menores precios del petróleo. Las coberturas que han permitido compensar la caída de los ingresos petroleros se acaban en octubre próximo. Pemex sigue siendo una empresa con gran desorden, la producción cae, los yacimientos se agotan, y está muy por detrás de la operación de otras empresas petroleras.
Las fuentes de divisas del país, que primordialmente provienen de exportaciones petroleras y de manufacturas (que han caído más de 35 por ciento), de las remesas y del turismo van a la baja y a tasas muy grandes, las líneas de crédito para alimentar las reservas internacionales cuestan y el equilibrio que trata de mantener el banco central va a ser cada vez más precario.
La recuperación de la economía, cualquiera que sea su forma, fuerza y tiempo, depende esencialmente de lo que ocurra en Estados Unidos. La versión más optimista es que allá la recuperación será, cuando menos, muy lenta.
Allá la tasa de desempleo llegará a 10 por ciento, la restructuración del sector financiero ha sido muy onerosa y el endeudamiento público puede llevar a un déficit de más de 13 por ciento del PIB. Las quiebras de General Motors y Chrysler van a significar una reorganización profunda del sector automotriz en el que México está involucrado y en el cual existe una fuerte incertidumbre.
En México el tiempo no está a favor, los costos sociales, económicos y financieros se acumulan de modo permanente. La reacción gubernamental ha sido acomodarse de la manera más pasiva posible a la situación, el gasto en inversión de infraestructura no procede al ritmo requerido, la absorción de los desempleados sucede en la informalidad, que es cada vez más precaria. Los efectos adversos en los sectores productivos se van a profundizar y también sucederá en términos regionales.
Mitad de año y mitad de sexenio. Éste es parte el escenario de las próximas elecciones de julio y del entono del debate sobre el voto, de la relevancia de las acciones ciudadanas y de los intereses en juego.
