El senador Pablo Gómez advirtió que el Consejo General del Instituto Federal Electoral (IFE) ha incurrido en actitudes pusilánimes al no sancionar al gobernador de Oaxaca, Ulises Ruiz, quien usó un programa público para promocionarse y sólo se determinó mandar el caso al órgano fiscalizador de aquella entidad.

Todos los consejos federales que hemos tenido desde el nuevo IFE han sido pusilánimes. No se han hecho cargo de sus funciones a plenitud y tienen miedo a ciertos poderes establecidos porque representan puntos de vista de ellos o simplemente por temor, aseveró.

Las críticas y argumentos del senador perredista, representante del Poder Legislativo ante el Consejo General del organismo electoral, provocaron una tensa discusión de dos horas durante la sesión extraordinaria de ayer.

Pese a que se acreditó que el gobernador de Oaxaca violó la legislación electoral, los consejeros sólo aceptaron agregar una orden al proyecto original discutido, para que en un plazo de 24 horas la imagen del mandatario sea retirada de las Unidades Móviles para el Desarrollo, a cargo de la Secretaría de Salud local.

La discusión se convirtió en un ir y venir de argumentos jurídicos. Los consejeros alegaron al perredista que las decisiones del IFE son tomadas con base en las leyes que aprueban diputados y senadores, lo que significa –señalaron– que fueron los legisladores quienes incurrieron en omisiones durante la construcción y aprobación de la más reciente reforma electoral.

El consejero Marco Gómez manifestó preocupación de que con retórica y descalificaciones se pretenda ganar las discusiones en el IFE porque, aunque quisieran emitir el resolutivo en otro sentido, existen jurisprudencias del tribunal electoral que impiden castigar a funcionarios en calidad de ciudadanos.

En ese catálogo de sanciones (artículo 355 del Cofipe) no viene cuáles son las que aplican a los servidores públicos. No hay que pretender suplir con retórica las omisiones cometidas al momento de legislar este tema y hagámonos cargo de ello, expresó.

El senador, quien pugnaba porque se impusiera al gobernador Ruiz una amonestación pública (como forma de sanción), en su calidad de ciudadano, aceptó que en el proceso de construcción de la enmienda hubo errores de técnica legislativa, pero no de contenido, respecto al artículo 355 del Cofipe.

Sin embargo, les advirtió que el Estado no se multa a sí mismo. No lo pongan en condiciones de estupidez y ridiculez. El Estado no puede poner una multa a la Secretaría de Hacienda o al gobernador de Oaxaca, como gobernador. Se la tiene que poner como persona, les dijo.

Luego hizo una analogía con una infracción de tránsito: el señor (Ulises Ruiz) se pasó un alto. ¿Cuál es ese alto? El que dice que los servidores públicos no pueden hacer propaganda personalizada con recursos públicos. Y se pasó otro alto: que en periodos electorales no puede hacer ninguna propaganda.

Entonces –agregó–, se pasó el alto (el gobernador), lo agarró el motociclista. Y yo me pregunto si el Consejo General va a hacerla de mordelón mandando el asunto a un órgano de fiscalización (en Oaxaca) que no sirve absolutamente de nada.

El senador se refería a que la Auditoría Superior de Oaxaca tampoco podrá imponer una sanción al ciudadano porque para que aquel fuera removido de su encargo tendría que iniciarse un procedimiento de responsabilidad política, fuera del alcance de ese órgano de fiscalización.

Así, dejó en claro que el asunto discutido no tiene relevancia en cuanto al hecho en sí –en realidad es una cosa menor, bastante tonta, de la vanidad de un gobernador, que no afecta mucho el proceso electoral, pero lo verdaderamente importante es defender los principios constitucionales y legales, así como las obligaciones de los servidores públicos de acatar el régimen jurídico.

Finalmente, el punto fue aprobado por unanimidad y se dejaron fuera algunas observaciones en lo particular, que iban desde declarar la amonestación (propuesta por el senador Gómez) hasta dar vista del asunto al Congreso de Oaxaca, entre otras.

En otra parte de la sesión extraordinaria, el Consejo General aprobó por unanimidad una segunda multa al PAN por 109 mil 600 pesos por incumplir las medidas cautelares que le fueron dictadas para dejar de publicar el desplegado sopa de letras”.

El IFE precisó que las medidas en referencia estarían vigentes desde el pasado 2 de abril, pero el día 7 lo difundió nuevamente en una revista. A pesar de los argumentos expuestos por la representación del PAN, no hubo modificación en el proyecto de resolución. Sin embargo, Gómez señaló que no basta con el castigo, porque la orden fue expresa en torno a la publicación o difusión.