lgunos tribunales y secretarías de Estado han renunciado a sus tareas trocándose en facilitadores de lucrativos proyectos empresariales en perjuicio de la ley y del patrimonio nacional. Tal es el caso de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) y del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa (TFJFA), instancias que se han entregado a la corrupción que fomenta la minería canadiense frente a la nueva fiebre del oro que azota a México. El ecocidio y el crimen contra el patrimonio histórico que padecen Cerro de San Pedro y el valle de San Luis Potosí son la prueba contundente de ello.

Calificado por Greenpeace como el asunto más escandaloso de violación a los derechos ambientales de los mexicanos, el proyecto de tajo a cielo abierto y lixiviación por cianuro en Cerro de San Pedro por New Gold-Minera San Xavier coloca al país en el escenario de un Estado fallido. Dicha empresa se ha constituido en un metapoder, arrasando un extenso territorio declarado en 1993 zona de restauración de la vida silvestre y tejiendo complicidades que la mantienen operando. De poco ha servido el proceso legal que en defensa del medio ambiente comenzó un grupo de ciudadanos que documentaron los impactos irreversibles que provoca la autodenominada minería moderna a cielo abierto, percatándose además de la existencia de leyes que hacían legalmente imposibles las ambiciones de Minera San Xavier. Mas el poder y la impunidad hacen milagros en México, sobre todo cuando la minería canadiense aprovecha la triste experiencia que ha acumulado en su paso por naciones subdesarrolladas.

Desde su llegada en 1995 hasta el inicio de la resistencia jurídica en 1999 la Minera San Xavier arrendó 290 hectáreas del ejido Cerro de San Pedro a falsos ejidatarios, adquirió ilegalmente fincas abandonadas del casco histórico, dividió a los pobladores incentivando conflictos, ocultó información al valle de San Luis sobre los irreversibles efectos de su proyecto y fustigó a opositores, incluido Baltasar Loredo, presidente municipal asesinado en 1998 tras pronunciarse en contra de la mina. Desde 1999 Pro San Luis Ecológico, a través de Héctor Barri, encabezó la estrategia jurídica para anular el permiso condicionado de cambio de uso de suelo que Semarnat le dio a Minera San Xavier. La victoria ciudadana llegó en junio de 2004, cuando el noveno tribunal colegiado estableció que ni de forma condicionada debió otorgarse la autorización a la empresa, por ser un proyecto violatorio de múltiples leyes. Dicha sentencia quedó firme en octubre de 2005 cuando el TFJFA cumplimentó una ejecutoria, ordenándole a Semarnat una respuesta en ese sentido a Minera San Xavier.

¿Por qué, entonces, ha desaparecido el Cerro de San Pedro y se ha dañado irreversiblemente su entorno? Desde el año 2000 y en medio de la frustrada transición democrática, Minera San Xavier obtuvo la complicidad de Vicente Fox. Lo mismo sucedió a nivel estatal en 2003 con el panista Marcelo de los Santos. Al grito de un gobierno de empresarios para los empresarios y ante el inminente colapso jurídico de Minera San Xavier, Fox declaró en 2004 su apoyo total a las mineras canadienses por ser altamente ecológicas y cuidadosas del medio ambiente (sic). La empresa contaba con los servicios jurídicos de Ángel Candia Pardo (abogado del PAN estatal y entonces socio de Alejandro Zapata, actual candidato panista a gobernador), y colocó al frente de su proyecto a Jorge Mendizábal (tío del presidente del PAN estatal). Entre 2005 y 2006 estos personajes y sus cómplices traficaron influencias, removieron funcionarios, sobornaron, violaron amparos y obtuvieron permisos ilegales del INAH y la Secretaría de la Defensa Nacional. Así, en abril del 2006 y en desacato a la sentencia definitiva que canceló el proyecto, la Semarnat dio una nueva autorización a Minera San Xavier.

Pro San Luis Ecológico presentó entonces un recurso de queja al TFJFA, mismo que fue rechazado por el magistrado Alejandro Sánchez, quien pretendió enviar a la sociedad civil a otro juicio para anular el nuevo permiso ambiental. Ante la irregularidad de este fallo que avalaba el desacato de la Semarnat, los ambientalistas demandaron penalmente al magistrado y buscaron el amparo de la justicia federal, mismo que llegó hasta abril de este 2009 con la ratificación de la sentencia definitiva de 2005. Sin embargo, Minera San Xavier no se detiene. Para mantener su depredador proyecto la trasnacional confía en la obstrucción de la justicia y en la efectividad de la delincuencia organizada que encabeza.

La pobreza e ignorancia de las comunidades afectadas, el incumplimiento de la ley y la corrupción son características que las mineras canadienses buscan alrededor del mundo para configurar lo que denominan friendly jurisdictions (jurisdicciones amigables a sus proyectos ecocidas). Un indicador de nuestras actuales miserias como país lo constituye el hecho de estar clasificados por la minería canadiense como una friendly jurisdiction, situación que no preocupa a Felipe Calderón y su partido. Todavía el pasado lunes y a pregunta expresa sobre Cerro de San Pedro, el candidato panista a gobernador, Alejandro Zapata, afirmó que ante la violación de la ley, lo que procede es cambiar la ley. Si las leyes no se ajustan a los intereses empresariales, lástima por las leyes. Lo anterior no es privativo del PAN. Amalia García ha entregado a intereses canadienses el municipio de Mazapil, donde está en marcha el tajo a cielo abierto más grande de América Latina. En Oaxaca 29 megaproyectos mineros cuentan con el aval de Ulises Ruiz, con todo lo que ello implica en destrucción del territorio, desplazamiento de comunidades, contaminación irreversible y persecución de opositores.

El Estado fallido se fortalece en México con la proliferación de bandas político-empresariales que han eliminado la soberanía del país y su viabilidad ambiental. Un Estado verdadero garantiza la salud, el empleo, la educación y la certeza jurídica a sus ciudadanos. Todo ello ha sido desmantelado por Fox y perfeccionado por Calderón. Mientras Minera San Xavier continúe en México y no exista castigo a los responsables de violar la ley y generar daños irreversibles a la nación, no nos quedará más que la certeza de lo fallido del Estado mexicano, conclusión preocupante para un país que se siente eterno y se apresta a celebrar sus escasos 200 años. Ni Independencia, ni país, ni nada: en lugar de Vicentes Guerreros con frases bicentenarias sobre la primacía de la patria, ahora contamos con bandas organizadas que desde el poder le dicen a su tierra: ¡El oro es primero!

* Investigador de El Colegio de San Luis AC