Integrantes del Comité de Familias y Amigos de los Inocentes Presos por el Caso Acteal demandaron libertad para los inculpados que se encuentran detenidos en el penal de El Amate, en Chiapas, acusados de ser los autores de la masacre ocurrida el 22 de diciembre de 1997, que dejó un saldo de 45 muertos, en su mayoría niños, adolescentes y mujeres.

En conferencia de prensa realizada en la librería cristiana evangélica Maranatha, la tzotzil Estela Pérez, presidenta de dicho comité, precisó que los detenidos, algunos de los cuales purgan condenas de más de 30 años, entre ellos su padre, Bartolo Luna Pérez, no han tenido un proceso apegado a derecho, pues estuvo viciado de origen, por lo que junto con Manuel Anzaldo Meneses, otro miembro del organismo, expuso que los verdaderos culpables están libres; nuestros presos sólo son chivos expiatorios.

Indicaron que de los 81 indígenas inculpados, sólo cinco están confesos, pero el resto no tuvo ninguna relación con lo acaecido. Acotaron que 79 de los presos son cristianos evangélicos.

Marcha al DF para exigir justicia

Señalaron que debido a que en Chiapas no hemos conseguido nada, 65 cristianos evangélicos integrantes del comité determinaron realizar una marcha hacia el Distrito Federal, la cual partió el día primero de este mes.

Desde el pasado martes, los inconformes se encuentran en plantón en el costado izquierdo de la Catedral Metropolitana, donde dijeron que se mantendrán hasta tener alguna respuesta a sus demandas, entre las cuales está también que se les deje de excluir de los programas sociales.

Precisaron que el único programa que reciben es Oportunidades, de la Secretaría de Desarrollo Social (Sedeso), pero que han sido marginados de esquemas de las secretarías de Agricultura y de Educación Pública, así como de los apoyos para la tercera edad, entre otros, situación que demandan sea corregida, porque la situación económica que viven es muy pre- caria, y en su comunidad se agudizó después de la matanza, porque muchos debieron vender todo lo que tenían para sufragar gastos de defensoría de sus familiares.

Muchos deben trabajar como jornaleros, albañiles y choferes, e incluso dijeron que no habrían logrado llegar al Distrito Federal sin la ayuda de diversos grupos evangélicos.

Apuntaron que confían en el apoyo de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, instancia a la que llegaron los amparos interpuestos por una parte de los detenidos; la expectativa es que el máximo tribunal dé su veredicto en agosto próximo.

Añadieron que por lo menos existen 10 irregularidades en el proceso, como el hecho de que el juicio no se llevó a cabo en la lengua de los acusados, los hicieron firmar documentos que no entendían, no hubo testigos que los identificaran y no se hizo la prueba que corroborara que habían disparado armas de fuego. Por todo lo anterior, consideraron que las acusaciones son de índole político y carecen de sustento legal.