Al firmar un convenio de colaboración entre la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales (Fepade) –órgano de la Procuraduría General de la República (PGR)– y la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, las autoridades mexicanas consideran que es imprescindible la emisión de diversas acciones y estrategias para el combate al financiamiento ilícito en las campañas electorales y durante el proceso electoral federal 2009, como medidas de prevención y atención.

En el convenio de colaboración –del cual posee copia La Jornada y que fue signado por Luis Urrutia Corral, titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de Hacienda, el procurador Eduardo Medina Mora y la titular de la Fepade, Arely Gómez González– se menciona que el objetivo es instaurar estrategias de coordinación para intercambiar información.

La UIF aportará datos para detectar la comisión de delitos electorales, como aquellos relacionados con el empleo de recursos de procedencia ilícita en procesos electorales o la falsificación de documentos de identidad para votar, así como de los datos que contienen, que se utilicen en la realización de operaciones financieras.

En tanto, la Fepade podrá solicitar datos de operaciones financieras que puedan estar vinculadas con recursos de procedencia ilícita, en cuyo caso el órgano de la PGR presentará a Hacienda un requerimiento en el que deberá señalar la información que permita identificar sujetos u operaciones bajo su investigación.

Hacienda contará con 10 días hábiles a partir de la recepción del requerimiento para buscar en las bases de datos que administra aquella información respectiva y dar respuesta a la Fepade, señala el convenio.

En caso de que la Fepade cuente con elementos que presuman operaciones con recursos de procedencia ilícita, la UIF será informada para que presente la denuncia correspondiente y acompañe con pruebas la investigación.

Asimismo, la UIF reportará directamente a la Fepade las operaciones financieras que llegue a conocer como relacionadas con candidatos a puestos de elección popular que puedan involucrarse en esquemas de operaciones con recursos de procedencia ilícita, apunta el convenio firmado.