Empresas nacionales y extranjeras asentadas en el puerto industrial de Altamira, Tamaulipas, iniciaron juicios de amparo con el propósito de que no sean afectadas sus inversiones y se reconozca su derecho de propiedad sobre los terrenos que pueden ser afectados con el fallo judicial definitivo obtenido el 5 noviembre pasado por el ex senador del PAN Diego Fernández de Cevallos y el ex procurador general de la República Antonio Lozano Gracia, también panista, socios en un bufete jurídico.

La resolución, que obliga a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT) a devolver a ejidatarios varios terrenos de la zona expropiados hace casi tres décadas o a indemnizar a los quejosos con una suma millonaria de pesos, fue calificada de ilegal por las compañías afectadas, razón por la cual demandaron protección de la justicia federal.

Entre las exigencias de las empresas afectadas –en el puerto de Altamira existen casi 60, entre ellas la alemana Basf de México, la española Gas Natural y la colombiana Biofilm– destaca que ninguna de las compañías asentadas sobre terrenos de la terminal marítima fue llamada como tercera perjudicada en el litigio de amparo que ganaron los abogados panistas, por lo cual exigen, en caso de ser retiradas, una indemnización por el total de las inversiones que han hecho desde que decidieron ubicarse ahí.

Sólo en el caso del fideicomiso Nuevo Santander, en el que tiene participación el gobierno de Tamaulipas, los afectados señalaron en su demanda de amparo que los actos de las autoridades portuarias, con los que ordenaron valuar la infraestructura instalada sobre los terrenos que deberán ser devueltos a los ejidatarios representados por Fernández de Cevallos, son ilegales y ponen en riesgo el correcto funcionamiento del puerto de Altamira, además de que afecta las millonarias inversiones que desde hace casi tres décadas han realizado empresas de diversos ramos en la región.

De acuerdo con documentos del juzgado noveno de distrito con sede Tampico, a los que tuvo acceso La Jornada, la Dirección Portuaria Integral de Altamira, por instrucciones de la SCT, ordenó, en el oficio APIALT-DG 198/ 2009, el levantamiento topográfico, con cuadros de construcción de la superficie que ocupa el fideicomiso Nuevo Santander, además de solicitar al mismo que dé acceso a sus archivos para revisar y consultar los planos de la infraestructura instalada, con la finalidad de dar cumplimiento a la ejecutoria del amparo en favor de los ejidatarios.

Las demandas de garantías con las que buscan defenderse las empresas se tramitaron en juzgados de distrito con sede en Tamaulipas, revelaron fuentes del Poder Judicial Federal.

Como en el caso de Nuevo Santander, otras empresas alemanas, españolas y mexicanas, con inversiones millonarias en el puerto de Altamira, han comenzado a ser notificadas de la resolución del primer tribunal colegiado administrativo y civil con sede en Tamaulipas (que amparó a dos ejidos representados por Fernández de Cevallos), con el propósito de que permitan realizar la valuación de sus inversiones y de la superficie que ocupan.

Lo anterior, en virtud de que la SCT ordenó hace seis meses –3 de diciembre de 2008, de acuerdo con autoridades de la dependencia que solicitaron el anonimato– a los responsables de la administración portuaria de Altamira, realizar esas valuaciones en cumplimiento de la ejecutoria de amparo ganado por los abogados panistas en favor de los ejidatarios.

Las empresas confían en que, por la relevancia del caso y las millonarias inversiones realizadas en ese puerto, la Suprema Corte de Justicia de la Nación atraiga las demandas de amparo y resuelva el caso en definitiva.

De ocurrir esto, la Corte deberá determinar si es factible que se acate al amparo obtenido por Diego Fernández –quien en 1994 fue socio del actual secretario de Gobernación, Fernando Gómez Mont, con quien fundó un bufete jurídico que llevó el nombre de ambos–, o si procede el cumplimiento sustituto de la sentencia.

Son personas honorables, sostiene Martínez Cázares

El presidente del PAN, Germán Martínez Cázares, afirmó ayer que Diego Fernández y Antonio Lozano son personas honorables y que la decisión que favorece a uno de sus clientes nada tiene que ver con el blanquiazul.

Aseguró que desconoce el expediente del caso y puntualizó que se trata de una decisión que atañe al Poder Judicial. No es una determinación que tenga que ver con el PAN, puntualizó.

Martínez Cázares no negó la cercanía que tiene con los abogados panistas y sostuvo que para él, Fernández de Cevallos y Lozano Gracia son personas honorables.

–¿Aunque le peguen al gobierno? –se le preguntó.

–Son abogados de causas que todo mundo sabe. Yo le estoy agradecido a Diego de los consejos, de la cercanía y de la comunicación que tiene con el presidente del partido.

Acerca de los asuntos de su despacho, dijo que no los conoce.

(Con información de Georgina Saldierna)