n la historia moderna, generalmente se respeta, aun sin estar de acuerdo, el orden social y normativo existente. En nombre de ese orden social, amenazado por el llamado al voto nulo, el episcopado mexicano se alista y se inscribe para promover la participación ciudadana durante el actual proceso, fomentar el sufragio de la población y, por tanto, abatir el abstencionismo. Sin embargo, dicha intervención, hasta hace muy poco cuestionada tanto por el Instituto Federal Electoral (IFE) como por Gobernación, transita por márgenes muy estrechos que el Estado laico le ha impuesto y corre el riego, como en 2003, de transgredir normas jurídicas y políticas.

La jerarquía percibe que encarar el voto en blanco puede congraciarse y legitimar campos de actuación en la esfera pública durante los procesos electorales. Sin embargo, hay que advertir que recorre terrenos complejos y no estoy tan seguro de que perciba bien el trasfondo de los actuales debates.

En una sociedad democrática y de respeto a las libertades, la cuestión y discusión sobre el voto en blanco o voto nulo no debería levantar sobresaltos. Es una opción que ninguna ley prohíbe a los ciudadanos tanto abstenerse como votar en blanco; en las sociedades modernas el voto nulo es incluso un recurso válido que puede llegar a impactar en la prerrogativas hacia los partidos.

Algunos miembros de la alta jerarquía católica se han enganchado en el debate sin discernir a fondo los entretelones de la controversia y de manera ramplona cuestionan la abstención. Históricamente, en las elecciones recientes el voto en blanco no ha rebasado 4 por ciento de los votantes, un periódico de circulación nacional calcula mediante sondeos que podría llegar el voto nulo hasta 10 por ciento.

Por tanto, independientemente de los resultados, el voto nulo no impactará el desenlace electoral final; sin embargo, el debate que en estos días ha llegado al clímax ya alcanzó un amplio y significativo nivel de formulación en la opinión pública como para dejar patente el alto grado de inconformidad social, que sin duda ha sacudido y preocupado a las altas dirigencias partidarias.

Hace meses, desde las redes de Internet, fue creciendo este reclamo que tomó forma en la discusión en los grandes canales de la prensa escrita y de los medios electrónicos. Distintos actores están confluyendo: artistas, intelectuales académicos, comunicadores, ex militantes de todos los partidos, ex consejeros del IFE, organizaciones civiles y sociales.

Ciertamente, hay diversos y muchas veces encontrados intereses; no obstante, concurren reclamos de insatisfacción, decepción, hartazgo, pérdida de confianza, indignación por abusos e impunidades: desencanto, pues, sobre el rumbo, nivel y estilo con que la clase política ha conducido al país.

Independientemente de la postura personal que se pueda asumir frente al voto, hay que reconocer el derecho y libertad de dichos ciudadanos y agrupaciones a utilizar un recurso válido en una democracia moderna.

El voto nulo se distancia de la abstención pasiva porque acepta el proceso electoral, participa de las reglas de la democracia y hace del voto blanco un recurso, una forma de expresión y presión política. Supone una discrepancia frontal sobre el catálogo de formas y de ofertas políticas, así como de los sujetos portadores. La abstención pasiva, en cambio, es la total ausencia de intervención en el derecho a sufragar; desapego, escepticismo y desinterés por participar de alguna forma porque no percibe ningún beneficio o por apatía.

Se han multiplicado por el país declaraciones y posicionamientos de obispos y algunas Iglesias que llaman a participar plenamente en lo electoral durante la jornada electoral que se avecina. En su mayoría cuestionan la iniciativa del voto nulo porque consideran que afecta la democracia y alienta la abstención. Por ejemplo, el coordinador de Enlace y Gestión del Consejo Representativo de Iglesias Evangélicas de Veracruz, Guillermo Trujillo Álvarez, señaló que esto no beneficia el crecimiento democrático del país. Los obispos, siguiendo las directrices del documento No hay democracia verdadera y estable sin participación ciudadana y justicia social, cuestionan el llamado al voto en blanco y reafirman su intención de continuar sus campañas, talleres e iniciativas para promover la participación ciudadana con miras a la elección del 5 de julio.

Algunos obispos católicos, excediéndose, han entrado con el pie izquierdo al tema con descalificaciones, adjetivos e improperios. Onésimo Cepeda, una de las joyas del episcopado mexicano acusado en medios de incidir en las actuales elecciones, sentenció: no le hagan caso a esos estúpidos que dicen voten en blanco, eso es una estupidez (Milenio, 8/6/09). Por su parte, el cardenal Rivera, después de meses de silencio reaparece para exigir suspender esa campaña porque la considera una verdadera irresponsabilidad. En ese mismo sentido, Desde, órgano de difusión de la arquidiócesis, manifestó su desconfianza hacia las asociaciones que sospechosamente surgen de todos lados; hace un llamado a “esos comunicadores –que tienen nombre y apellido y que difunden con ligereza sus convicciones abstencionistas– que después del 5 de julio no hagan críticas ante un gobierno que no eligieron”. La beligerancia clerical es calculada porque bajo pretexto de la defensa del voto justifica su intervención pública.

Ante las reticencias institucionales, el episcopado se ofrece como un sublime aliado ante lo que ellos mismos señalan como la opinión del miedo. Aquellos obispos belicosos han olvidado las enseñanzas del papa Aquiles Ratti, Pío XI, quien sostenía que la política es la forma más encumbrada de la caridad. Ni la clase política ni la jerarquía pueden permanecer insensibles ante los reclamos que existen detrás de la abstención estratégica.

Los obispos debe remirar su propio diagnóstico en el documento referido para sostener, como el viejo Maritain, que la política apegada sólo a los intereses inmediatos, mundanos y mezquinos no vale más que una alma desencarnada sin trascendencia y, por tanto, sin influencia en los tejidos sociales.