El Ejército Popular Revolucionario (EPR) solicitó a la comisión de mediación retomar su cometido de interceder ante el gobierno federal por la presentación con vida de sus compañeros Edmundo Reyes Amaya y Gabriel Alberto Cruz Sánchez.

Horas después de darse a conocer el comunicado del grupo guerrillero se informó que los integrantes de la comisión –la senadora Rosario Ibarra de Piedra, Gilberto López y Rivas, Carlos Montemayor, Miguel Ángel Granados Chapa, el obispo emérito Samuel Ruiz García, Enrique González Ruiz y Juan de Dios Hernández Monge– se reunirán este martes por la tarde para considerarlo.

El EPR explicó que el resultado de su solicitud para cada uno de los integrantes de la comisión es resultado de una consulta a su militancia, combatientes y base social, porque por sobre todas las cosas tenemos el interés de que nuestros compañeros sean presentados vivos y en libertad.

Además, que su actuación siente un precedente que permita que el Estado no siga cometiendo más crímenes de lesa humanidad, como lo es la desaparición forzada y la impunidad que ha imperado desde los años 60.

Informó que en el transcurso de la consulta realizada se perfilaron dos posiciones no antagónicas. La primera, con el resultado ya citado, obtenido por mayoría, y segundo la propuesta de reiniciar el hostigamiento político-militar, por lo que el resolutivo fue dar todo el respaldo a la comisión de mediación porque tenemos la plena confianza que no dejarán de recurrir a todas las instancias legales nacionales e internacionales a su alcance en la búsqueda de la verdad y la justicia.

El EPR apuntó que también recibieron por varios medios la solicitud escrita y expresa de personalidades, intelectuales, académicos, ciudadanos, organizaciones políticas y sociales solicitándonos que continuara la comisión de mediación con el trabajo que diligentemente están realizando.

Indicó que de la celeridad que dé el gobierno federal a las peticiones de la comisión –que son las nuestras, aclaró el EPR– y a la actitud con que responda a la determinación de que el organismo retome su función –dándolo por hecho– podrá garantizar al pueblo mexicano la paz.

El grupo se comprometió a mantener la tregua unilateral hasta que la comisión termine su función de mediación, aunque liberó del compromiso público a las organizaciones revolucionarias que se solidarizaron con ellos.

Recordó que el 24 de abril de 2008 tomaron la decisión de hacer un llamado a un grupo de ilustres personalidades para que tomaran en sus manos el caso de la detención de Edmundo Reyes Amaya y Gabriel Alberto Cruz Sánchez, así como de Francisco Paredes Ruiz, Virginia y Daniela Ortiz Ramírez, con el fin de que el gobierno federal y sus instituciones los presentaran vivos y en libertad.

Como respuesta, resaltó, el gobierno de Felipe Calderón hizo declaraciones demagógicas y falsas, como parte de una estrategia de guerra en contra nuestra, con el fin de exterminarnos y ningún afán de dar a conocer la verdad y presentar a los autores de este crimen de lesa humanidad. Indicó que el Estado combina falta de oficio político con indolencia e ineptitud.

Llamó insensato al gobierno federal, y en particular al secretario de Gobernación, Fernando Gómez Mont, a quien dimos tiempo para que se empapara de la información que poseen, porque han priorizado las funciones de inteligencia y contrainteligencia civil y militar, considerando que si podían infiltrarnos y destruirnos ya no tendrían quienes les exigieran la presentación con vida y en libertad de nuestros compañeros Edmundo Reyes Amaya y Gabriel Alberto Cruz Sánchez.

El EPR lamentó que la página en Internet de Servicios para la Paz haya sufrido una perversa incursión de los organismos de inteligencia del Estado mexicano para extraer importantes documentos. Advirtió que si buscaban una vinculación orgánica de ese organismo con su partido, no la encontrarán.

Los integrantes de la comisión de mediación para el caso de los desaparecidos del grupo guerrillero dieron por terminada su misión el 21 de abril pasado, argumentando falta de interés, voluntad política y actitud poco atenta del gobierno federal en la investigación que permita dar con el paradero de Reyes Amaya y Cruz Sánchez.

La comisión quedó conformada en mayo de 2008, cuando sus integrantes leyeron un pronunciamiento con el cual asumieron que entablarían el diálogo con Gobernación y establecieron que parte de los acercamientos serían los comunicados del EPR.