Por instrucción de la presidencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), César de Jesús Molina Suárez fue destituido del cargo de director general de las Casas de la Cultura Jurídica, acusado de uso indebido de recursos públicos; además se le investiga por presuntos desfalcos en su administración.

La decisión fue fulminante: el miércoles 27 por la noche las oficinas de Molina Sánchez fueron tomadas por personal de seguridad de la Corte, el cual selló cajones y archivos para evitar la sustracción de documentos relacionados con la investigación que inició el máximo tribunal.

Cuando se presentó a laborar el jueves 28, trascendió, el funcionario fue prácticamente sacado del inmueble, ubicado en la calle de Bolívar, y escoltado a la salida por policías auxiliares.

Aunque esto ocurrió desde la semana pasada, oficialmente, el ex funcionario hizo llegar una carta a cada uno de los ministros de la Corte, en la que afirma que dejó su cargo a partir del primero de junio pasado.

Sin embargo, ministros consultados revelaron que tenían conocimiento de ciertas irregularidades en la labor del ex funcionario y avalaron la decisión del ministro presidente Guillermo I. Ortiz Mayagoitia de iniciar la investigación correspondiente para deslindar responsabilidades y, de proceder, ejercer acción penal en su contra.

Por otra parte, al resolver la SCJN un juicio ordinario civil en el que el Consejo de la Judicatura Federal (CJF) y dos empresas constructoras se acusaron entre sí en relación con el incumplimiento de contratos firmados para la construcción del Palacio de Justicia Federal de Mexicali, Baja California, quedó en evidencia la corrupción, negligencia y dolo tanto de las firmas, que exigían ilícitamente una indemnización millonaria, como de los funcionarios judiciales que avalaron la celebración de contratos que encarecieron el precio de la obra.

Lo anterior, cuando el pleno dio ayer la razón al CJF en sendos juicios ordinarios civiles en los que éste solicitó la anulación del contrato suscrito con Constructora Erpo, SA de CV, y Tecnyko del Norte, Sociedad Civil, para obtener así el rembolso total de 71 millones de pesos más un porcentaje correspondiente a daños y perjuicios; 55 millones de pesos tendrá que aportar la primera y 16 millones de pesos a la segunda.