Eduardo Medina Mora, titular de la Procuraduría General de la República (PGR), exhortó al gobernador de Michoacán, Leonel Godoy Rangel, a remontar percepciones alusivas a acciones ajenas a derecho y dejar atrás la controversia de que fue ilegal el operativo en el que resultaron detenidos 10 alcaldes de esa entidad (seis priístas, dos perredistas y dos panistas), así como 20 servidores públicos estatales.

La PGR difundió una carta en la que Medina Mora dice al gobernador: las órdenes de presentación y localización libradas por el Ministerio Público Federal, así como la manera en que fueron ejecutadas, tienen pleno sustento jurídico y validez constitucional, y asegura que no se violó la soberanía de Michoacán ni el principio de distribución de competencias.

La misiva fue dada a conocer un día después de que Leonel Godoy afirmó en entrevista con La Jornada que la administración de Felipe Calderón y su partido, Acción Nacional, utilizan la lucha contra el crimen organizado con fines político-electorales, y reiteró su exigencia de que el combate a la delincuencia sea una política de Estado, y no una posición facciosa del gobierno con propósitos electoreros, ya que consideró que mediáticamente se ha tratado de imponer un modelo a conveniencia de los panistas, en el que los triunfos son para el gobierno federal y las complicidades de estados y municipios.

Según el procurador, la institución a su cargo “actuó estrictamente en apego a las disposiciones constitucionales y legales que autorizan y obligan al Ministerio Público Federal a investigar y perseguir los delitos del orden federal, durante el operativo realizado en Michoacán el pasado 26 de mayo.

“Ante los indicios de la probable comisión de delitos del orden federal, cuya investigación y persecución corresponden al agente del Ministerio Público de la Federación, se debe proceder a buscar y presentar las pruebas que acrediten el cuerpo del delito y la probable responsabilidad de los inculpados.

El ejercicio de estas facultades se hace en todo el territorio nacional, incluyendo las instalaciones o edificios públicos sujetos a la jurisdicción de las autoridades estatales o municipales.

Agrega que, en consecuencia, no se violenta la soberanía del estado de Michoacán ni el principio de distribución de competencias entre la Federación y las entidades federativas.

Añade que “el agente del Ministerio Público de la Federación goza de la acción más amplia para emplear los medios de investigación que estime conducentes para la comprobación del cuerpo del delito y la responsabilidad del indiciado. Además, puede requerir la presentación de personas, incluyendo empleados oficiales, sin necesidad de orden judicial ni intervención de las autoridades locales, así como auxiliarse de la fuerza pública para hacer cumplir sus determinaciones.

“La orden de localización y presentación de personas tiene por objeto asegurar su comparecencia ante el fiscal de la Federación para rendir declaración frente a los hechos materia de la averiguación previa.

En este sentido, las órdenes de presentación y localización libradas por el Ministerio Público de la Federación, así como la manera en que fueron ejecutadas, tienen pleno sustento jurídico y validez constitucional.

Según la PGR, Medina Mora le informó al gobernador michoacano que el Ministerio Público Federal iniciará una investigación para determinar la manera en la que se ejecutó la orden de localización y presentación en el caso concreto del palacio de Gobierno y, de resultar procedente, se deslindarán las responsabilidades correspondientes.