a actual crisis económica, por su profundidad y su carácter sistémico, parece llamada a modificar las características y el lugar que ocupan en el mundo los más diversos actores, desde la clase poseedora del capital y sus referentes estatales nacionales, hasta los propios trabajadores y sus organizaciones sindicales. Algunos hechos relevantes ocurridos en las últimas semanas pueden indicar rumbos que confirman tendencias de larga duración en la relación entre trabajo y capital.

Dos grandes empresas brasileñas que se desempeñan en el sector de la alimentación han decidido fusionarse para superar los problemas que atraviesan como consecuencia de la crisis mundial, creando así una nueva multinacional. La unión de Perdigao y Sadia creó Brasil Foods, con una facturación de 11 mil millones de dólares (superior al PIB de varios países latinoamericanos), que la convierte en la tercera empresa del país, detrás de la minera Vale do Rio Doce y Petrobras.

En la fusión jugó un papel relevante Luiz Fernando Furlan, ex presidente de Sadia, actual copresidente de Brasil Foods y ex ministro de Industria y Comercio del gobierno de Lula, quien no sólo apoyó la fusión sino que firmó un acuerdo en China para abrir por vez primera ese enorme mercado a las exportaciones de las empresas brasileñas de alimentación.

Brasil Foods será el mayor empleador de Brasil, con casi 120 mil trabajadores; controlará casi 25 por ciento del mercado mundial de aves, superando incluso a Estados Unidos, con fábricas en varios países europeos, y 57 por ciento del mercado brasileño de carnes procesadas. Sus ejecutivos apuestan a triplicar la facturación de la nueva empresa hasta 30 mil millones de dólares. Las compañías brasileñas de alimentos se han convertido en actores globales y forman parte del proceso de conversión de Brasil en actor global, gracias a la notable expansión de la frontera ganadera y agrícola que está destruyendo la Amazonia, apoyadas en la mano de obra barata de millones de campesinos expulsados de sus tierras.

Los mayores accionistas de Brasil Foods son los fondos que gestionan las pensiones de los trabajadores estatales, que tienen una participación de 12 por ciento en la empresa. Esto quiere decir que los trabajadores estatales, que conforman la columna vertebral del movimiento sindical brasileño, están objetivametne interesados en el éxito y la expansión de su multinacional. El capitalismo emergente brasileño se apoya en una ya vieja alianza con los fondos de pensiones de los trabajadores estatales, que son uno de los principales proveedores de capital a las grandes empresas del país, como lo analizó en su momento el sociólogo, y fundador del Partido de los Trabajadores (PT), Chico de Oliveira.

La crisis de las empresas estadunidenses General Motors y Chrysler tuvo un desenlace similar. El sindicato automotriz UAW aceptó el rescate de General Motors, que prevé miles de despidos, a cambio de convertirse en dueño de 17.5 por ciento de la empresa a través de uno de sus fondos de jubilaciones. En el caso de Chrysler, el fondo de pensiones de UAW se convertirá en dueño mayoritario de la nueva empresa con el control de 55 por ciento de las acciones. No es exagerado decir que en los tres casos –y hay muchísimos más, por cierto– los trabajadores sindicalizados se convierten no sólo en aliados del capital sino directamente en capitalistas. Se dirá que esto no es una novedad absoluta, pero lo cierto es que se está dando un paso importante en una sólida alianza de clases, con repercusiones en las luchas sociales del futuro.

En el caso de Brasil, existen datos que pueden complementar dicha alianza de clases en el terreno político. Las revelaciones sobre las donaciones de las empresas constructoras a los partidos en las últimas elecciones municipales (Folha de Sao Paulo, 21 de mayo de 2009) colocan al PT como primer beneficiario con 14.9 millones de reales, unos 7 millones de dólares, por delante del derechista Partido Social Demócrata Brasileño con 13.3 millones de reales. Son las mismas constructoras que están realizando enormes obras para el Estado brasileño, entre ellas el megaproyecto de Infraestructura para Integración de la Región Suramericana.

El segundo dato se relaciona con el plan Bolsa Familia, que entrega un promedio de 60 dólares mensuales a los pobres. En este momento el plan atiende a 53 millones de brasileños, 29 por ciento de la población, y espera alcanzar a 33 por ciento en 2010. En seis estados del noreste, la región más pobre, Bolsa Familia llega a más de la mitad de la población. En Maranhao alcanza a 59.1 por ciento, en Piauí a 58.7 y en Alagoas a 57.6 por ciento. Como señala De Oliveira, Bolsa Familia no es un derecho sino una dádiva (Valor Económico, 27 de mayo). En su opinión, el gobierno de Lula no ha realizado ningún avance en materia de derechos sociales y se ha limitado a legitimarse promoviendo consensos que pasan por la cooptación de los más pobres.

Así las cosas, el panorama que presenta la potencia emergente es, por abajo, la contención de los sectores populares, y por arriba, la alianza de las elites políticas con el capital brasileño, integrado también por los fondos de pensiones de una parte de los trabajadores sindicalizados. ¿Será esta la radiografía del modo de producción que emerja de la crisis en curso? Por el bien de la humanidad, esperamos que no.

Sin embargo, para que esa posibilidad no se consolide parece necesario, en primer lugar, enunciarla y denunciarla, ya que supone la ampliación de la clase dominante y una expansión de nuevos modos de dominación, muy en particular hacia los pobres de las periferias urbanas. En segundo lugar, parece difícil que podamos relanzar un nuevo ciclo de luchas sin neutralizar y desbordar los planes sociales, convertidos en la cara más visible –junto a la militarización de la pobreza– de esas nuevas formas de control social. En este periodo habrá que remar contra los nuevos aliados del capital, que muy a menudo visten ropajes adquiridos en recientes etapas de la resistencia al capital.