La investigación acerca del desplome del avión en el que murió Juan Camilo Mouriño permanece como asunto relegado en la Secretaría de Gobernación.

A siete meses de ocurrido el desplome del Learjet 45 en el que viajaba el entonces responsable de la política interna del país, no hay referencia pública al hecho que tuvo como saldo 17 personas muertas, y tampoco se han emitido informes parciales de las causas del suceso y del estado que guarda la indagatoria de los procesos administrativos de operación y mantenimiento del aparato.

Además, no se ha concretado el pago de finiquitos a los deudos, con el argumento de que siguen las diligencias judiciales, porque algunos de ellos murieron intestados. Al mismo tiempo, permanecen en hospitalización al menos dos personas que se hallaban en la zona del desplome. Uno es un ciudadano de nacionalidad venezolana que sigue internado en Estados Unidos.

La indagatoria del gobierno federal sigue en los mismos términos que lo expresado por el entonces titular de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes Luis Téllez, el 14 de noviembre pasado: el Learjet se desplomó debido a una turbulencia provocada por una aeronave mayor que le precedía en la ruta de aterrizaje, situación que supuestamente no fue enfrentada con pericia por los tripulantes, especialmente para desacelerar la aeronave.

De acuerdo con fuentes gubernamentales de alto nivel, la Dirección General de Aeronáutica Civil no ha encontrado elementos para establecer una relación entre el accidente y las eventuales irregularidades del proceso de adquisición de la aeronave –en 2003, a cargo del Centro de Investigación y Seguridad Nacional–, y tampoco hay vínculo con el traslado de la operación y mantenimiento a las oficinas centrales de Gobernación, a partir de diciembre de 2007. Como se ha difundido en medios de comunicación, estos trámites se realizaron en contratos celebrados con empresas privadas mediante procesos administrativos fast track, es decir, en unos cuantos días.

La Secretaría de la Función Pública tiene a su cargo la investigación sobre las características de ambas licitaciones, así como la decisión de mantener en suspensión –desde enero pasado– a los responsables de las áreas de Adquisiciones y Recursos Materiales de Gobernación.

De acuerdo con documentos oficiales, el mismo 4 de noviembre –día del siniestro– fue comisionada la titular de Responsabilidades y Quejas del Órgano Interno de Control de la dependencia, María Elena Ceballos Godínez, para que tomara las riendas de la investigación, especialmente en lo relativo a operación y coberturas de los seguros de la aeronaves, así como en la rendición de cuentas.

Sin embargo, Ceballos Godínez, encargada de llevar a cabo todas estas diligencias, presentó su renuncia en marzo pasado, sin que hasta el momento se conozcan oficialmente las causas de la separación de la entonces contralora de los servidores públicos en Gobernación.