El jefe de la administración capitalina, Marcelo Ebrard, exigió ayer al gobierno federal que las acciones en contra de la delincuencia organizada se tomen de manera conjunta con los estados, porque al marginar a éstos de los operativos, lo que se siembra es la desconfianza, la duda y eso es injusto e inconveniente.

En el marco de la sesión 21 del Consejo Nacional de Seguridad Pública, en Palacio Nacional, Ebrard intervino para puntualizar que una política de Estado contra la delincuencia debe ser incluyente, darse dentro del pacto federal y va más allá del proceso del 5 de julio. Al hablar en nombre de los gobernadores surgidos del PRD, expresó el absoluto respeto y respaldo a los operativos contra la delincuencia porque no hay temor ni doblez ni duda en nosotros respecto a este tema.

También participó el gobernador de Michoacán, Leonel Godoy Rangel, quien no sólo argumentó que falló el mecanismo de coordinación en el que se sustenta el funcionamiento del consejo nacional, con la irrupción violenta e ilegal de policías federales al palacio de gobierno en Morelia, sino que además entregó una carta al presidente Felipe Calderón en la cual reclamó que no se haya respondido a su protesta por el operativo en ese edificio el pasado 26 de mayo.

Todos los elementos probatorios, datos duros que hasta el momento tenemos, demuestran plena e irrebatiblemente la incursión violenta e ilegal que la policía federal hizo al palacio de gobierno, señaló el michoacano en el documento entregado ayer en Los Pinos, durante un desayuno previo a la sesión del consejo.

Ahí también Godoy entregó el video donde –dijo– se muestra cómo los federales ingresan al palacio de gobierno encapuchados y armados, y someten a tres guardias de seguridad desarmados.

–¿Qué le dijo el Presidente?

–Que lo iban a revisar.

Insistió en que si bien el operativo “era necesario, se presta a sospechosismo”, pues el arraigo de 40 días al que están sujetos vence el 9 de julio, cuatro días después de las elecciones, y seguramente –planteó– luego de esa fecha algunos serán liberados, pero en tanto el PAN aprovecha este caso con fines electorales.

Antes, en la sesión del consejo, Ebrard ratificó la disposición de los gobiernos del Distrito Federal, Zacatecas, Michoacán, Baja California Sur, Chiapas y Guerrero. Resaltó que han participado en ese espacio sin escatimar nada. Esas entidades, dijo, han tomado muy en serio y a fondo la estrategia nacional contra la delincuencia, que debe ser parte de una política de Estado que, por su definición son políticas de largo aliento, incluyentes de todos los órganos del Estado y que están por encima de cualquier consideración política, personal y de otra índole.

Expuso que para los gobernadores surgidos del PRD los acuerdos que se asumen en el consejo, así como las acciones contra la delincuencia merecen respeto y respaldo, especialmente cuando se trata de combatir la infiltración del crimen en las instituciones responsables de la seguridad, por desgracia en algunos casos de las representaciones políticas o en la vida empresarial y los sectores productivos.

Sin embargo, planteó, debe irse más allá y sustentar el esfuerzo en una política de Estado, y para que ello sea así es indispensable que los gobernadores seamos tratados como tales. Porque, argumentó, si bien no se puede escatimar reconocimiento a las acciones contra la delincuencia organizada, también es indispensable que los mandatarios estatales, y él como jefe de Gobierno de la ciudad de México, “estemos cuando menos al tanto de cuando se realice un operativo de esta naturaleza”.

Luego de expresar que ha asistido a todas las reuniones del consejo y suscrito los acuerdos asumidos en éste, Leonel Godoy insistió en que el operativo en el palacio de gobierno de Michoacán violó la soberanía del estado y que si bien de parte de su gobierno existe la decisión de combatir, en coordinación con el federal, al crimen organizado, “las irregularidades que se cometan deben ser subsanadas.

Que no quede ninguna duda de nuestra decisión de trabajar con ustedes en esta lucha, (pero) tampoco por dudas de ustedes se lleve al desprestigio a gobernantes, como fue el caso de Michoacán. Si ustedes tenían dudas, nosotros no. Hemos confiado en las autoridades federales, plenamente, en su lucha contra la delincuencia. Y nos gustaría mucho la reciprocidad.

Luego, Ebrard llamó a considerar como un riesgo para la seguridad el aumento en el desempleo que, dijo, podría llevar a que este año termine con 8 millones de personas sin acceso a una fuente de trabajo. Nos debe ocupar porque estamos viviendo una situación extraordinariamente difícil. Ojalá que como se hizo por la influenza y la seguridad pública, la emergencia económica merezca un esfuerzo y una política de Estado similar, de la misma altura e intensidad por la urgencia que, creo, todos vivimos en las entidades que gobernamos, afirmó.

Más tarde, en el Antiguo Palacio del Ayuntamiento, el mandatario capitalino reseñó su participación en la sesión del consejo y de nuevo puntualizó que en una verdadera política de Estado en materia de seguridad pública, las decisiones se toman por consenso, no para perjudicar a una fuerza política o favorecer a otra.

Dijo estar confiado en que el secretario de Gobernación, Fernando Gómez Mont, haya recibido el mensaje que él envió en Palacio Nacional: Quiero ser optimista, porque así lo dijo (el funcionario) es perfectible el accionar del gobierno federal en ese tipo de operaciones policiacas.

Reiteró su apoyo a las acciones que se llevan a cabo contra la delincuencia. Entrémosle a todo lo que tengamos que hacer, pero juntos, si no, ¿para qué estamos en un sistema nacional?. Aclaró que no se trata de que les pidan permiso o que tengan que hacer lo que él dice. No es así, la ley es la ley, si no hay denuncia se tiene que investigar, procesar, a quien sea.

(Con información de Gabriela Romero)