“Funcionarios federales advirtieron en Oaxaca que quien no vote por el Partido Acción Nacional (PAN) en julio permitirá dejar a México en manos de la delincuencia. Y han dicho que si pierde (el partido blanquiazul) en estos próximos comicios, pierde el gobierno federal, pierde Felipe Calderón y perdemos los mexicanos y los oaxaqueños. Y si esto sucede, podrían perder los beneficiarios del programa social Setenta y Más (de la Secretaría de Desarrollo Social, Sedeso)”, asegura una denuncia presentada ayer ante la Fiscalía Especial para la Atención de Delitos Electorales (Fepade) por Elías Cortés López, representante del consejo local del Instituto Federal Electoral (IFE) en esa entidad.

La querella, de la cual tiene copia La Jornada, es contra Ernesto Cordero Arroyo, titular de la Sedeso, y contra otros funcionarios de esa dependencia, entre ellos Humberto Aldaz, delegado en Oaxaca.

También implica a Martha Joaquín Rojas, candidata a diputada federal suplente postulada por el PAN en el distrito electoral 10, con cabecera en Miahuatlán de Porfirio Díaz.

En la denuncia, el representante del IFE refiere que se dijo a los beneficiarios del programa social, promovido por el gobierno federal para ayudar a ancianos por conducto de la Sedeso, que Cordero y Aldaz dieron instrucciones precisas para bajar los apoyos de este programa a los beneficiarios.

El denunciante refirió que el pasado 22 de mayo, en el auditorio municipal del centro de la ciudad de Miahuatlán, se llevó a cabo un evento de carácter oficial, convocado por la delegación de la Sedeso en Oaxaca, dirigido a los beneficiarios del programa Setenta y Más. Agregó que allí se pidió el voto a favor de los candidatos del PAN.

Cortés López pidió a la Fepade, dependiente de la Procuraduría General de la República (PGR), que inicie una averiguación previa contra los presuntos responsables y en su momento ejercite acción penal contra ellos.

Estos delitos electorales, que constan en los artículos 403 y 407 del Código Penal Federal, señalan penalidades de entre seis meses y nueve años de prisión, además de la inhabilitación hasta por cinco años para ocupar cargos públicos a los funcionarios que resulten culpables.